Contralora desacredita argumento de viceministra Zúñiga

La contralora general de la República, Marta Acosta, desacreditó el argumento de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, para recibir un sobrepago millonario por el incentivo de prohibición al ejercicio profesional, sin contar con los requisitos para ello.

En su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, Zúñiga repetió que el incentivo que ha recibido desde el inicio de la administración se fundamenta en los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Lccei) y el artículo 5 de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición.

Según el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, los ministros y viceministros tienen prohibido ejercer profesiones liberales y por ello, de acuerdo con el artículo 15 de esa misma ley, se les compensará con el 65% adicional a su salario base.

Sin embargo, la compensación se otorga a quienes, a su vez, cumplen con los requisitos para ejercer las profesiones liberales, que en el caso de los abogados requiere de grado académico (licenciatura o título superior) y también estar debidamente incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Aunque Zúñiga es egresada de licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), no es licenciada porque no ha presentado su tesis y tampoco está incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, porque esta institución pide como requisito la licenciatura.

Es decir, no calificaba para el pago del incentivo por prohibición al ejercicio profesional.

Acosta sostuvo que en primer lugar no se pueden mezclar leyes para el reconocimiento del incentivo porque solo aplica la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y no la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, que defiende Zúñiga.

"Por la especialidad del régimen previsto en la Lccei un cargo contemplado en dicha normativa, no puede generar pago de prohibición con base en otras leyes diferentes", aseguró Acosta.

Pero, además, la Contralora fue enfática en que una persona "puede tener las condiciones para ser nombrado ministro o viceministro, pero no necesariamente cumplir los requisitos para acceder al pago de la prohibición previsto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, toda vez que no es una consecuencia automática".

Según Zúñiga, ella merecía el pago del incentivo por el mero hecho de ser viceministra conforme al artículo 14 de esa ley.

Acosta dijo que la Contraloría General de la República no investigará el caso de Zúñiga porque hay un proceso abierto por la auditoría interna del Ministerio de la Presidencia.

La Viceministra de la Presidencia recibió ¢30 millones por el pago del incentivo por prohibición.