Contralora: “El primer obligado a denunciar es el presidente de la CNE”
Cuestionó que proyectos de riesgo inminente no pasen por Sicop
El primer obligado a revisar y denunciar una posible colusión a raíz de los contratos establecidos en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Así lo reconoció la contralora general de la República, Marta Acosta, en declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios para referirse a la falta de controles en los proyectos del crédito de riesgo inminente.
Según Acosta, todos los jerarcas están en la obligación de denunciar eventuales casos de irregularidades que se presenten, y más aún cuando se concreten procesos de licitación.
El presidente de la CNE, Alejandro Picado Eduarte, aseguró en la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 5 de febrero que había empresas que en apariencia se pusieron de acuerdo para elevar los costos de dichos proyectos.
Citó el caso de 5 grandes escuelas que habría aprovechado esa situación, pero que al final de cuentas no se permitió este asunto.
Al ser consultado por la prensa a su salida de la audiencia durante este día, Picado aseguró que no hizo las denuncias respectivas.
A raíz de esa situación, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) decomisó el acta que resume la participación de Picado durante el foro legislativo.
Al ser consultada sobre si se mantiene ese deber que tienen los funcionarios públicos de denunciar cuando haya sospechas de colusión, Acosta aseguró que sí, porque corresponden a eventuales irregularidades.
"Se podría dar en cualquier otra institución y estas empresas que están que andan por ahí haciendo este tipo de cosas, pues deberían de recibir una sanción o un llamado o algún tema porque me parece a mí que no es correcto.
"Si eso se está haciendo, pues no. También hay un asunto aquí que podría en algún momento ser competencia de la Coprocom, también en cuanto entonces escuché que se habla de colusión y esos temas, pues competen a la CNE", indicó Acosta.
Sin Sicop
299 proyectos de obra pública no pasarán por las regulaciones del Sistema Costarricense de Contratación Pública (Sicop), creado para buscar dar transparencia a estos procesos.
Estas se financian gracias a la aprobación de un empréstito, por parte del Congreso, de $700 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A su vez, se agruparon obras provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Consultada por crhoy.com, Acosta aseguró que su principal preocupación es que la plataforma e-Proeri no es de fácil acceso a la ciudadanía y no se puede ver los procesos licitatorios de manera completa.
"Están quedando debiendo con el principio de publicidad y de transparencia", aseguró la contralora general de la República, quien reconoció que a raíz de esta situación se están encendiendo todas las alarmas por riesgos de posibles problemas de corrupción.
El 25 de agosto de 2023, Acosta se refirió en la Comisión de Hacendarios sobre el crédito, en la cual detectó “numerosas debilidades y problemas” en el préstamo internacional.
El órgano contralor cuestionó la “indefinición en torno a los proyectos de inversión, falta de delimitación, alcance y etapa de ciclo de vida en los cuales se encuentran”.
