(CRHoy.com) -La mala gestión del Ministerio de Educación Pública (MEP) repercutió en la operación de un fideicomiso creado con un millonario crédito internacional para financiar obras de infraestructura educativa.

Así lo sostuvo este martes la contralora general de la República, Marta Acosta, en una audiencia que tuvo con los diputados de la Comisión de Infraestructura del Congreso, que investiga el uso del préstamo de $167 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento de infraestructura educativa.

El préstamo fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2013 y para cumplir con su objetivo el MEP seleccionó al Banco Nacional como fiduciario en un contrato de fideicomiso para financiar el proyecto.

Los recursos eran para financiar la construcción de 103 proyectos en un lapso de 5 años: 79 centros educativos y 24 canchas techadas. El plazo para tener listas las obras se cumplió el 3 de julio de 2020.

Sin embargo, a esa fecha, solo 55 de las 103 obras se financiaron con los recursos del fideicomiso. De ellas, 47, por un costo de $133,4 millones, fueron entregadas y 8 se encuentran en proceso constructivo con un remanente del préstamo y con recursos adicionales transferidos por el MEP, con un costo de $25,3 millones, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR). 

Otras 41 están con ejecución diferida a cargo de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) con presupuesto del MEP u otras alternativas.

Las 7 restantes, con un costo de $19,8 millones, se remitieron para un proceso de ejecución diferida previsto en un proyecto de ley que busca autorizar la continuidad de la construcción y equipamiento de infraestructura educativa.

"La DIEE debería asumir de 41 a 48 obras, ello con un presupuesto anual de ¢26 mil millones y otras obras en
cartera, lo cual pone condicionantes sobre la capacidad real de la DIEE para asumir todos estos proyectos", dijo Acosta.

Debilidades

Según expuso la jerarca de la CGR, el fideicomiso creado para el financiamiento de las obras educativas reprodujo las "debilidades" en la gestión de infraestructura.

Mencionó que para mayo de 2015, dos años después de aprobado el préstamo, la Unidad Supervisora del proyecto del MEP informó que el avance era de apenas un 4% y que en febrero de 2017 los costos de las obras resultaron
por encima de lo estimado en la ley.

"Lo que llevaba a un déficit con respecto al monto de recursos establecido por el BID, que oscilaba entre $67,26 millones y $57, 82 millones", indicó.

Explicó que un aspecto que incidió en los costos de obra fue la variación en los diseños establecidos por la DIEE, los cuales eran utilizados como base por el fiduciario en la construcción de obras.

"Las demoras en la ejecución financiera generaron la materialización de pagos y devengos de comisiones por saldos no desembolsados, así como otras erogaciones", puntualizó Acosta.

La Contralora agregó que, por ahora, han llegado a tres conclusiones:

• El MEP no ha logrado consolidar un modelo de gestión para la infraestructura educativa, sino que, por el
  contrario, continúa arrastrando un rezago de décadas.
• El fideicomiso creado no cumplió su objetivo en los términos de lo establecido en la ley que le dio origen.
  Principalmente, el costeo inadecuado, los cambios constantes en los modelos de diseño de la DIEE tomados
  como referencia, las condiciones de los terrenos y los atrasos procedimentales afectaron seriamente la gestión del fideicomiso.
• A pesar de los recursos y esfuerzos, de no mediar los cambios de fondo necesarios, la infraestructura educativa
  continuaría siendo una deuda. La infraestructura, al igual que otros servicios, permiten dar una oferta inclusiva y así garantizar el derecho de cada persona a la educación.

Tras escuchar la exposición de Acosta, la diputada Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Infraestructura, solicitó la inmediata intervención de la DIEE.

La legisladora también pidió tomar acciones inmediatas y sentar las responsabilidades del caso.