Contralora reitera abusos y diferencias en pluses y salarios del sector público

Se queda corta para solucionar el problema del empleo público y eliminar las grandes diferencias y abusos que existen con los pluses salariales que se le pagan a los empleados del sector público.

Esa es la conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República tras estudiar el proyecto de ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y al auxilio de cesantía en el sector público conocido popularmente como "Ley de Empleo Público".

La Contralora General de la República Marta Acosta dio a conocer un panorama general del empleo en el país y la posición de la Contraloría sobre el proyecto de ley presentado por la diputada de Liberación Nacional, Sandra Piszk.

Acosta señaló en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa que es necesaria una política de empleo público ya que los gastos en salarios que paga el Gobierno a sus empleados crecen más rápido que la inflación anual y los incentivos salariales salen más caros que el salario base.

Actualmente por cada ¢100 que se pagan de salario base en el Gobierno, se invierten ¢110 en el pago de los beneficios.

Sin embargo la institución concluyó que este proyecto no modifica el modelo de compensación vigente y el alcance es limitado ya que deja por fuera varias instituciones que representan gran parte de la planilla.

Para la contralora, "es un paso positivo en el tema de reformar las remuneraciones, pero no de gran impacto para solucionar el tema del empleo público, el efecto es limitado y modesto".

Según cálculos de la Contraloría, de aplicarse como está, la ley solo se ahorraría un 0.05% del PIB para la partida de remuneraciones del Gobierno Central, monto que supera los ¢12 mil millones al año y asegura que solo elimina 6 de los 121 pluses salariales del sector público.

¿Cuáles beneficios recortaría la Ley?

El proyecto de ley #19.506 para regular el empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa busca recortar pluses duplicados, innecesarios o abusivos en los trabajadores del Estado.

Modificaría seis de los beneficios que se les pagan a los trabajadores adicionales a su salario base, entre ellos dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades y zonaje.

De los 330 mil empleados del Gobierno Central y del sector público, el proyecto afectaría aproximadamente a 230 mil ya que no cubriría a los empleaos del Ministerio de Educación pública, Ministerio de Seguridad Pública y quienes trabajan en instituciones dónde se paga salario único como correos de Costa Rica o la Contraloría General de la República y los Bancos Estatales.

Los sindicados ya anunciaron fuertes protestas a la iniciativa de ley e incluso se oponen al discusión del proyecto en la Asamblea Legislativa y amenazan con una huelga general que paralice los servicios públicos.

Aunque el sector de la educación no sería afectado por las eventuales modificaciones que introduzca la nueva ley, desde la semana anterior el SEC pidió a los padres de familia no enviar a los  niños a clases cuando inicie el curso lectivo en caso de una huelga general.

El proyecto de ley se discute en la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Legislativa dónde recibirá mociones y sufrirá modificaciones a su texto original, de ahí saldría a plenario para que los diputados voten a favor o en contra de su aprobación.

Contraloría indica que proyecto de ley permitiría ahorro de 0,05% del PIB