Contraloría advirtió a Chaves que plan de “Ciudad Gobierno” no incluye la devolución de edificios

Para desarrollar el proyecto, la Administración Chaves Robles (2022-2026) y el BCIE plantean un contrato de arrendamiento para construir el complejo de edificios gubernamentales que se levantaría en los terrenos propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en Plaza González Víquez, en San José.

Chaves y el gobierno proponen formalizar un usufructo con el BCIE para que en los terrenos estatales se construya el complejo de 140 mil metros cuadrados (m2) que albergaría 18 ministerios y 10 mil funcionarios.

El organismo aprobó un financiamiento por hasta $450 millones para desarrollar el proyecto. El banco se encargaría de todo bajo un esquema denominado BOLD (diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento), mientras el gobierno pagaría por el arriendo de los inmuebles por 25 años (2 años de construcción y 23 años de alquiler).

¿Cuánto se pagaría por el arrendamiento? El BCIE detalló una estimación preliminar que establece un rango de cuota periódica (anual) de arrendamiento estimada entre $11.994.818 y $21.183.631 (entre ₡6.000 millones y entre ₡10.800 millones, según el tipo de cambio vigente a este 2 de febrero de 2024) con una tasa de interés implícita de 5%. La propuesta estipula 5 años de gracia y 20 años de amortización.

El BCIE se encargaría de contratar bajo sus mecanismos internos a las diferentes compañías que se encargarían de cada una de las etapas del proyecto. De esta forma, no se debería pasar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Amelia Jiménez Rueda, gerente de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa (DFOE) de la Contraloría General de la República (CGR), advirtió a Rodrigo Chaves, presidente de la República, que en la última oferta que conocieron del BCIE se establece “claramente que no hay devolución u opción de compra”.

La funcionaria recordó que en principio se dijo que los inmuebles pasarían a manos estatales una vez que finalizara el contrato de arrendamiento, pues la propiedad donde se construirán pertenece al Estado. No obstante, advirtió que la información más reciente no estipula esto.

Así se lo expresó al mandatario en la reunión entre jerarcas realizada este 1° de febrero en las instalaciones del ente contralor.

“Cuando no hay devolución, esto es, cambiar un alquiler por otro alquiler, porque al final el bien, no siendo viable jurídicamente, no estaría regresando (…) Los datos que están en el expediente muestran que no hay una devolución, por lo menos en la propuesta que hizo el BCIE hasta ese momento”, citó Jiménez.

El señalamiento de la CGR está basando en el memorando firmado el 1° de setiembre de 2023 por Álvaro Alfaro Gutiérrez, jefe-país del BCIE, remitido al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

El documento menciona que la devolución es "una condición posible" que estará sujeta al gobierno que exista al cierre de los 25 años.

"Cabe aclarar que la transferencia de propiedad al final del contrato se determina que no se efectúa porque es una decisión que no se estaría adoptando desde la suscripción de la contratación. Es decir, es una condición posible, pero depende del contexto que el Gobierno de ese momento y el BCIE determinen con respecto al complejo inmobiliario, sea porque se pueda impulsar mejoras al complejo, las prórrogas tácitas que permitan gestionar la operación y mantenimiento del complejo, o bien, la transferencia de los inmuebles del contrato. Todo lo anterior, según las decisiones gubernamentales conforme a la realidad financiera de ese momento y, previo conocimiento y aprobación del Directorio (del BCIE)”, cita el documento.

Alfaro refutó la posición de la CGR y aseguró que se trata de una interpretación errónea por parte del ente contralor sobre el texto citado en el memorando. En ese sentido, negó que los inmuebles no sean devueltos al Estado una vez que se concluya el contrato de arrendamiento.

“Al final del arrendamiento, el gobierno podrá decidir si lo que quiere es que le devuelvan los edificios y ellos gestionar la operación y el mantenimiento, o si lo que quiere es solo renovar (con el BCIE) la gestión de operación y mantenimiento. Pero, no va a volver a pagar por alquiler de las oficinas. Eso es lo que es, porque eso ya estaba dentro de la cuota”, expresó el funcionario del BCIE.

En la reunión de este jueves, Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, le aclaró al equipo de Gobierno y al presidente que en ningún momento indicaron que el proyecto no se pueda hacer. Únicamente, enfatizaron que la excepción que Casa Presidencial quiere usar para desarrollar la iniciativa no es viable según la ley.

Chaves y Laura Fernández Delgado, jerarca de Mideplan, hablan de un “procedimiento especial” bajo el Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y así dar un arrendamiento al BCIE una vez que concluya la fase de construcción.

La CGR advirtió que usar esa norma no cabe en esta propuesta, ya que la ley es clara en que ese artículo es únicamente “para compra y arrendamiento de inmuebles”.

La preocupación de la CGR es que a través de este proceso que quiere aplicar el Gobierno se genere una excepción que anule la licitación de obra pública, lo que sería un grave error.

“Para nosotros no aplica el (Artículo) 67, pero yo no le voy a decir que usted no haga el análisis”, comentó Acosta.

Chaves cuestionó que podría existir un "error" de interpretación de la CGR, a lo que Acosta le recordó que existen los mecanismos para dilucidar esa duda, como sería un recurso contencioso-administrativo.

El mandatario alegó que eso significaría muchos años y posiblemente enterrar el proyecto, a lo que Acosta le recordó que eso no es válido para justificar evadir la ley.

Chaves insiste que no es posible aplicar un procedimiento ordinario, como se lo propuso la contralora Acosta, porque insiste en que "eso significaría endeudar al país a una tasa de interés enorme".

Este plan de Ciudad Gobierno se puso sobre la mesa desde hace algunos atrás. Sin embargo, fue desempolvado durante la Administración Solís Rivera (2014-2018), que lo declaró de interés nacional, y luego retomado por el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), quien planteó ejecutarlo mediante una concesión con una empresa privada por un plazo cercano a los 30 años.

La Administración Chaves Robles (2022-2026) retomó la idea desde cero y enfiló la propuesta actual con el BCIE.