Contraloría: Chaves y jerarcas deben pagar póliza con su propio dinero

La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es el Estado quien debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente de la República, Rodrigo Chaves y su Gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos.

La CGR dejó claro que el pago de esas pólizas debe salir del mismo bolsillo del mandatario y de los jerarcas. 

Así lo respondió el ente contralor tras una consulta de este medio, acerca de la póliza que el Ministerio de Hacienda pretende contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS) por poco más de ¢248,3 millones. La millonaria contratación fue revelada desde el viernes por crhoy.com

En su respuesta, la CGR dijo que el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone para todo encargado de "recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos" el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio (dinero y bienes propios de una persona), en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

La Contraloría dijo además que ya había pronunciamientos previos de su parte con relación a la obligación de los jerarcas de pagar estas pólizas de su propio peculio. Esos pronunciamientos fueron en mayo de 2022 cuando se le hizo la consulta desde la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y septiembre de 2019, cuando consultó en relación con lo mismo desde la Municipalidad de Cartago.

"La CGR ha señalado  que la rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación pecuniaria que funge legalmente como medida de resguardo para que la Administración cuente con un respaldo económico que le permita cubrir eventuales afectaciones a la Hacienda Pública, en virtud del ejercicio funcional de sus servidores y garantizar el resarcimiento de eventuales daños y perjuicios sobre el patrimonio institucional, cuando se acredite alguna responsabilidad por parte los funcionarios encargados de dichas tareas".

En su respuesta, la Contraloría dijo que también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció desde el año 2008 sobre la constitucionalidad de esta norma y que además dijo que es un requisito indispensable para acceder al cargo público.

"…la obligación de brindar una caución está dirigida a establecer un mecanismo que asegure el resarcimiento debido al Estado, ante un eventual mal manejo de los fondos públicos. Es decir, la caución que establecen las normas impugnadas, no es una forma de condición para la permanencia del funcionario en el puesto, sino que tiene por finalidad la protección de la Hacienda Pública, y se encuentra fundamentada, en el sistema de control de ella establecido por la propia Constitución Política…", dice el pronunciamiento de la Sala IV.

La CGR añadió además que desde marzo de 2007 la entidad emitió las Directrices que deben observar la Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos Sujetos a su Fiscalización para elaborar la Normativa Interna relativa a la Rendición de Garantías o Cauciones, como un marco de orientación para que cada Administración desarrolle e introduzca su propia normativa.

De igual forma, la CGR dijo que las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas desde febrero de 2009, disponen que "el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, actualizar y divulgar las regulaciones y demás actividades de control pertinentes para promover y vigilar el cumplimiento, en todos sus extremos, de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales".

Diputados condenaron millonario gasto y pedirán cuentas

Los diputados de las fracciones opositoras censuraron este pago por más de ¢248, 3 millones en pólizas de responsabilidades civiles para Chaves y su Gabinete.

Los legisladores aseguran que esta contratación es ilegal y que debe ser investigada, pues coinciden con lo señalado por la Contraloría de que su pago no debe recaer en el Estado, sino que debe ser pagada por Chaves y los jerarcas del Poder Ejecutivo de sus propios recursos.

Los diputados, además, dijeron que esta póliza podría aumentar los casos de presunta corrupción en la Administración Chaves Robles y que podría ser utilizada para poder perseguir a ciudadanos.

Por otra parte, al menos 4 abogados también señalaron la ilegalidad de este pago.

Desde este viernes este medio gestionó una consulta con la Presidencia de la República acerca de los cuestionamientos alrededor de esta millonaria póliza. La gestión sigue en proceso de trámite.

Según la documentación para la contratación de la póliza, esta será anual e incluirá gastos y costas legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas e incluirá a directores y oficiales retirados.

Incluirá los costos para fianzas, costos para atención de crisis, gastos para relaciones públicas y gastos para proteger la reputación de los asegurados, costos por procesos de extradición, costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles, costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de preinvestigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación, administradores no ejecutivos, entre otros.