Contraloría deja fuera de la Red del Bicentenario a la fundación Omar Dengo
Figueres plantea reducir la brecha de acceso a la educación virtual. (Foto: Archivo CRH)
(CRHoy.com) La Contraloría General de la República (CRG) rechazó el recurso de apelación presentado por la exministra de Educación Guiselle Cruz, contra la orden del ente contralor de suspender la participación de la Fundación Omar Dengo en el proyecto de la Red Educativa del Bicentenario.
Esta era la última fase del proceso iniciado en octubre pasado, cuando la Contraloría suspendió la participación de la FOD en el proyecto, debido a que identificó que el MEP había trasladado sus competencias al ente, lo cual está fuera del marco jurídico. Pese a la apelación de la exministra Cruz, la contralora Marta Acosta sostuvo el criterio planteado en los otros informes.
La Contraloría ha sido clara en que reconoce la importancia de la REB ante las necesidades tecnológicas que existen en el sistema educativo. Sin embargo, en sus resoluciones es clara en que el MEP no puede transferirle competencias constitucionales y legales a un ente privado -en este caso la fundación- para el desarrollo de proyectos de interés público y para los que tiene tanto el personal como el recurso económico.
El ente señala, además, que el MEP pudo recurrir a los procedimientos de contratación administrativa para atender las necesidades de bienes y servicios que se requerían y no elegir a la Fundación para el proyecto sin que mediara un concurso. Ahora, establece que es el MEP el que debe garantizar la continuidad de los servicios.
La Red del Bicentenario es uno de los proyectos más importantes de la actual administración y pretende, en conjunto con Fonatel, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el convenio entre el MEP y la FOD, conectar a más de 4 mil centros educativos con Banda Ancha. De estos, estaban a cargo de la Fundación cerca de 2 mil.
En agosto de 2018, el MEP -con el beneplácito del presidente Carlos Alvarado- eligió a la Fundación a dedo para la ejecución del proyecto, indicando que la entidad gubernamental no contaba con los recursos para ejecutarlo. En ese momento, se planteó que la Fundación sí tenía la capacidad para llevarlo a cabo.
Sin embargo, lo que hizo la fundación fue tercerizar el proyecto, adjudicándolo a otra empresa denominada Ufinet Costa Rica S.A.
Para el proyecto, el Gobierno se comprometió a girarle a la fundación $7,4 millones anuales, de los que la fundación podía dejarse el 10% de ese monto anual, para gastos administrativos.
La Contraloría aclaró, además, que la FOD está habilitada por ley para participar en el Programa de Informática Educativa. Sin embargo, la REB tiene objetivos que van mucho más allá del programa, como la implementación de servicios de conectividad y la gestión administrativa institucional del MEP.