Contraloría fue clara: póliza para defender a Chaves “carece de sustento legal”
La Contraloría General de la República (CGR) ya dejó zanjado que la "póliza de la vergüenza e impunidad" para proteger al presidente, Rodrigo Chaves Robles y a su Gabinete "carece de sustento legal".
Hace menos de un mes, el pasado 16 de enero para ser más exactos, el gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, Rafael Picado López, envió un oficio al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén y a la proveedora institucional de ese ministerio, Carmen Corrales Segura, en el que además de dejar clara la ilegalidad de la póliza señaló que esta contratación que se pretende pagar con recursos públicos atenta contra varios principios, entre ellos el que impide que el Estado asuma las responsabilidades personales de los funcionarios.
"Cualquier cobertura financiada con fondos públicos, cuyo beneficiario directo sea el funcionario en lo personal, carece de sustento legal, pues desvirtúa el régimen de responsabilidad administrativa, según el cual cada funcionario debe responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones", señaló la Contraloría.
A pesar de que el ente contralor fue claro, este viernes el ministro Acosta dijo que el Ejecutivo hará otra consulta (ver nota abajo).
El oficio del 16 de enero de la CGR señala las normas en materia de uso de los recursos públicos para la contratación de pólizas de seguro de responsabilidad civil para funcionarios.
El documento añade que el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone a todo jerarca encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos públicos la obligación de rendir una garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la hacienda pública o la administración para la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
Esa responsabilidad de los funcionarios, según la CGR, no puede trasladársele al Estado.
La CGR señaló que la Sala Constitucional también se ha referido a la obligación de los jerarcas de rendir la garantía como un requisito indispensable para acceder al cargo público.
"La caución no es una forma de condición para la permanencia del funcionario en el puesto, sino que tiene por finalidad la protección de la hacienda pública y se encuentra fundamentada en el sistema de control de la hacienda pública establecido por la propia Constitución Política", añade el pronunciamiento.
Nuevo intento
Este viernes trascendió que el Poder Ejecutivo presentará una consulta ante la CGR sobre esta póliza, luego de que el jueves la Procuraduría General de la República (PGR) le respondiera al Ministerio de Hacienda que este tema debe ser definido por el ente contralor.
El jerarca insiste en que los riesgos que quiere cubrir la póliza son distintos y, a su parecer, la PGR habría dicho que el Estado estaría habilitado para contratar este tipo de seguro.
La contratación de esta póliza sería de ¢248, 3 millones y sería con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Al presidente Chaves, a sus ministros y viceministros se les busca cubrir gastos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas.
