Contraloría: Iniciativa de ley sobre concesiones en ZMT podría traer regresiones ambientales
La Contraloría General de la República (CGR) considera que una propuesta de ley relacionada con concesiones en zona marítimo terrestre amenaza los principios constitucionales de regresión ambiental.
Se trata de un proyecto que adiciona un artículo a la Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestres, del 2014.
El nuevo artículo propone que las municipalidades otorguen una concesión especial a las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido fincas bajo la publicidad registral del Registro Inmobiliario y cuyos títulos posteriormente hayan sido anulados por orden judicial por encontrarse sobre la zona restringida de la zona marítimo terrestre (ZMT).
El objetivo de la idea es ofrecer seguridad jurídica a quienes adquirieron propiedades ubicadas dentro de la zona restringida de la ZMT, pero que sufrieron la anulación de sus títulos de propiedad por tratarse de bienes demaniales.
No obstante, el ente contralor señaló varias debilidades de la propuesta. En primer lugar, la CGR considera innecesario otorgar una concesión especial porque ya se encuentra regulado en la normativa vigente.
Además, para la entidad hace falta más claridad en torno a los requisitos y condiciones que deben cumplirse para el otorgamiento de la citada concesión especial. Tampoco existe un inventario de las personas destinatarias de dicha concesión.
En una criterio con carácter orientativo dirigido jefe de Área de Comisiones Legislativas, la Contraloría sugirió consultar al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, así como a la Procuraduría de la Zona Marítimo Terrestre para contar con insumos y el criterio de asesoría sobre los alcances y contenido de la propuesta.
"Esta propuesta de excepción y exclusión de requisitos y condiciones establecidas respecto al marco legal actual relativo a las concesiones en la ZMT podría violentar principios constitucionales de no regresión ambiental", finaliza la CGR en su texto.
Concesión de 20 años
El texto del proyecto de ley propone que la concesión especial se podrá solicitar mientras no exista un plan regulador costero aprobado en el sitio.
Quedan excluidas de esta concesión especial la zona pública, las áreas del Patrimonio Natural del Estado y los terrenos en los que judicialmente se haya ordenado desalojo o demolición.
El plazo de la concesión sería de 20 años y los propietarios pagarían un canon de acuerdo con la legislación vigente. También deberían inscribirse en el Registro Nacional de Concesiones del Registro Inmobiliario.
La concesión podría prorrogarse sucesivamente al término de su vencimiento o de la prórroga anterior, a solicitud del interesado.
El proyecto indica que las edificaciones existentes en estos terrenos podrían conservarse y utilizarse, siempre que no existan demoliciones en curso u obligaciones pendientes de pago. Solo se permitirán nuevas edificaciones cuando se haya aprobado el plan regulador correspondiente. Las edificaciones anteriores a la aprobación del plan deberían ajustar su uso a lo que este establezca.
Los impulsores de esta propuesta son los diputados los oficialistas Daniel Vargas y Alexander Barrantes; el independiente Luis Diego Vargas; los socialcristianos Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles y Melina Ajoy; y el legislador de Nueva República David Segura.