Contraloría se niega a conciliar y pide castigar a H. Solís
(CRHoy.com) La Contraloría General de la República se habría opuesto nuevamente a que se formalice un proceso de conciliación con la empresa H. Solís debido a pagos irregulares de facturas por hasta ¢1000 millones en el año 2011, la eventual impunidad es el principal motivo por el que la institución fiscalizadora deniega el acuerdo.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la República (PGR) se manifestaron a favor de la resolución, que consiste en el pago por parte de H.Solís de ¢163 millones que corresponden a la afectación hacia el Estado y además la compensación como responsable del supuesto acto irregular.
El caso ocurrió en 2011 cuando la empresa constructora, propiedad de Mélida Solís Vargas (imputada en caso "Cochinilla"), realizaba labores en la carretera que va del aeropuerto Juan Santamaría hacia el cruce de Manolos en Alajuela, siendo que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) adelantó facturas por producción de cemento que ni siquiera había sido colocado.
La situación fue denunciada ante el Ministerio Público y la Procuradoría y la Contraloría se anotaron como querellantes en virtud de representar intereses estatales.
La conciliación en cita, refiere el pago de los ¢163 millones, sin perjuicio de que la empresa sea inhabilitada, así como los funcionarios públicos del Conavi que participaron del proceso de pago de facturas.
Por esa circunstancia, la Contraloría se opone considerando que eventualmente podría haber algún tipo de impunidad sobre hechos relacionados a presunta corrupción.
"La CGR participa como querellante en esa causa, expediente 13-000045-621-PE (al cual se le acumuló la causa 15-000051-621-PE) en tutela de la Hacienda Pública. En cuanto a los motivos y razones jurídicas de la oposición a conciliar, los mismos fueron expuestos ante la autoridad correspondiente, no obstante, por tratarse de una audiencia preliminar -que resulta privada- esta Contraloría General de la República no se puede referir a los detalles del asunto", citaron.
La Procuradoría General, en su condición de abogados del Estado, refieren estar de acuerdo porque encuentran los requisitos básicos para que se reparen eventuales daños causados por los hechos.
"…la empresa y sus representantes indican que quieren acogerse a una medida alterna, de las que faculta el Código Procesal Penal, indicando que pagarían la totalidad del daño que indica la Contraloría, que se produjo y además, pagarían 75.000.000.00, de daño social, que se reclama en la acción civil resarcitoria que interpuso la PGR. Es importante aclarar que tanto los 88 millones, como los 75 de daño social se están cobrando en la acción civil Llegada la propuesta y tomando en consideración que se está cancelando la totalidad del daño, además de valorar las situaciones propias de la causa, se llega a la consideración de que la propuesta es lo más favorable para el Estado y se decide aceptarla", argumentó la PGR.
Diferencias
La PGR aseguró que se ha separado de las consideraciones de la Contraloría en cuánto a que busca castigo para las personas y empresa involucradas, a pesar de que están dispuestos a reparar la afectación ocasionada.
"Sobre las consideraciones de la Contraloría, lo que se puede indicar es que lo que está solicitando, no atiende a una medida alterna, donde se busca la solución del conflicto, si no que la Contraloría busca prácticamente que se impongan sanciones, que no van acorde con la salida al proceso que se está conociendo. Buscar sanciones a través de medidas alternas causa un desequilibrio en la causa, imponiendo responsabilidad en una etapa donde no se ha juzgado por parte de un Tribunal", afirmó la PGR.
El abogado de Mélida Solís, Francisco Campos, ya informó que estarán a la espera de que la Contraloría manifieste sus intenciones y de ese modo el Juzgado Penal de Hacienda defina que ocurrirá con el caso.
Mélida Solís, se encuentra en prisión descontando prisión preventiva por el caso judicialmente conocido como "cochinilla", consistente en un presunto esquema de corrupción relacionado a sobornos de empresas constructoras hacia funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, así como el Conavi.
La implicación de Solís Vargas en la investigación de "cochinilla", sería otro de los factores por los cuales la Contraloría no ve con buenos ojos conciliar en la manera en la que se plantea en este momento.
