Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) señala debilidades en el programa Puente al Desarrollo, la estrategia de la administración Solís para combatir la pobreza y la desigualdad.

La investigación fue realizada por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR y entregada a la Casa Presidencial el 23 de diciembre de 2016.

La auditoría determinó que al 30 de junio del año pasado la estrategia logró identificar a más de 27.300 familias beneficiarias del programa.

También concluyó que esas familias cumplen con el perfil de ingreso porque reúnen las siguientes condiciones: pobreza extrema, jefatura femenina, bajo nivel educativo, poco acceso al mercado laboral formal, no cuentan con seguro social y precarias condiciones de vivienda.

Sin embargo, indica que en la etapa posterior a la identificación y selección de las familias, hay avances limitados.

Se refiere a una etapa en la que se determinan las necesidades de las familias y se plasman en el Plan de Intervención Familiar (PIF) como logros por trabajar.

"La estrategia tiene un reto importante debido a que al 30 de junio de 2016 cerca del 47% de las familias no han alcanzado ningún logro del PIF y tienen en promedio 6 logros por cumplir. Además, solo el 22,7% de los logros básicos identificados en el PIF se encuentran cumplidos, el 33,5% en proceso y el 43,8% no presenta avance alguno, lo que le resta eficacia a la estrategia", indica la auditoría.

Atrasos

Según el ente fiscalizador, un factor clave para la implementación de la estrategia es el trabajo que llevan a cabo las llamada Personas Cogestoras Sociales (PCGS), ciudadanos que ayudan en el seguimiento para la atención de los hogares beneficiados.

De ellas depende la velocidad para avanzar en la atención efectiva a las familias.

Junto con las familias, elaboran el plan de intervención y tramitan las necesidades ante las instituciones que participan del programa.

"Al respecto, no se puede dejar pasar el hecho de que existan ARDS (Áreas Regionales de Desarrollo Social donde las PCGS (Personas Cogestoras Sociales) duren más de 100 días para elaborar el PIF (Plan de Intervención Familiar).

"Asimismo, existen diferencias en la prontitud con que las instituciones
aprueban las referencias tramitadas por las PCGS. En el 44% se tardaron menos de 30 días, en el 29% entre 31 y 60 días, en el 12% entre 61 y 90 días y en el 15% más de 91 días. En el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en los diferentes programas, entre la fecha de la resolución del otorgamiento del beneficio y la primera fecha de pago, se tarda en promedio 36 días hábiles", indica la Contraloría.

Como parte de las conclusiones, el informe destaca que el Estado ha invertido un total de ¢33 mil millones en la atención de las necesidades de las familias y el IMAS es la entidad que más recursos ha aportado, un 89%.

"Hay instituciones como por ejemplo el Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres) cuya oferta fue desbordada por la demanda de la EPD (Estrategia Puente al Desarrollo y otras como el Mivah (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos que por las características del beneficio que ofrecen posiblemente no van a poder atender las referencias en los dos años establecidos, situación que expone a que se creen falsas expectativas, a que no se atienda la necesidad detectada en la familia, no se logre cumplir con los logros establecidos en el PIF y se incumpla con las metas establecidas en la estrategia", dice la auditoría.

También señala que se determinaron debilidades en el sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia.

Críticas

La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), sostuvo que del informe de la Contraloría se nota ausencia de metas claras y criterios definidos.

"En el caso de la plata para Puente para el Desarrollo, la Contraloría señala que no se tienen claros los resultados del programa", dijo la legisladora.

La liberacionista manifestó que quieren conocer cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios.

Emilio Arias, presidente ejecutivo del IMAS, dijo que recibieron de forma muy positiva el informe de la CGR.

"Este es un proyecto que durante un año intervino familias en condición de pobreza extrema y la Contraloría no encontró ningún dato inexacto, y lo que generó fueron opciones de mejora, que en un proyecto que tiene un año de estar en ejecución es absolutamente normal", sostuvo.

Agregó que están anuentes a aclarar dudas y consultas sobre la selección de las familias.

"El cómo se seleccionan a las familias es muy claro. La selección de familias la hacemos a la par del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el órgano técnico. No existe ningún criterio de selección política en la intervención de las familias", indicó.