Cooperativa pagó ₡847 mil para alquilar bus que trasladó personas a marcha convocada por Chaves
Freddy González apoyó proyecto de ley jaguar y criticó actuar de la Fiscalía por detenciones del caso Barrenador.
La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa R.L.) pagó ₡847.500 a una empresa de autobuses de la Zona Sur para trasladar a personas a la marcha convocada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, contra el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.
Un comprobante de depósito al que tuvo acceso CR Hoy confirma que la empresa de autobuses, registrada bajo la cédula jurídica 3-10276783 SRL, recibió el dinero del movimiento cooperativo el pasado 15 de marzo a las 4:25 p.m., mediante un depósito realizado en la sucursal del Mall San Pedro del Banco Nacional.
En el detalle se anotó como justificación del movimiento de dinero: "un bus Puerto Jiménez".
La Sociedad de Responsabilidad Limitada registrada con ese número de cédula jurídica tiene como gerente al señor Iván Blanco Solís, empresario autobusero de la Zona Sur, principalmente de varias rutas de Pérez Zeledón.
Este medio contactó a Blanco para consultarle sobre el pago que le hizo la cooperativa y confirmó el recibo del dinero, con el cual se canceló el alquiler de un bus que salió desde Puerto Jiménez de Golfito la madrugada de este martes, rumbo a San José.
"Sí, señor, salió de Puerto Jiménez, salió un autobús. No es usual que esta cooperativa nos contrate, es un hecho totalmente aislado. Lo pagó esta cooperativa para llevar gente a la marcha de hoy a San José", dijo Blanco.
Sobre los detalles de quiénes viajaban y la capacidad, Blanco no tenía información, únicamente del pago y el motivo del viaje.
Liderados por presidente de Conacoop
La marcha inició frente a la plaza de Justicia, en el Poder Judicial, en San José. Una de las primeras personas en tomar la palabra fue Freddy González Rojas, expresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
"Vamos a hacer esta revolución sin una sola bala, lo vamos a hacer con nuestro voto, este es el cambio que requiere Costa Rica. Hoy vamos a cerrar esta reunión con un acto importantísimo en la Fiscalía", dijo con el micrófono, mientras daba instrucciones sobre la marcha.
González Rojas recientemente recibió la noticia de que la Sala I anuló una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual le permitía evadir una inhabilitación de ocupar cargos públicos por 5 años que le había impuesto la Contraloría General de la República (CGR) desde abril de 2018.
La sanción quedó en firme desde el 19 de diciembre de 2024, luego de que los magistrados analizaran una apelación de la CGR por el caso en el cual señalaba al presidente de Conacoop de supuestamente crear y aprobar una fórmula para calcular la Tasa de Equilibrio Institucional (TEI) en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), "con graves errores matemáticos en su diseño y que consideró valores de cero en los componentes de inflación y crecimiento”.
Esto derivó en una investigación penal por parte del Ministerio Público, el cual lo calificó de presunto cabecilla de una red criminal que generó millonarias pérdidas en Infocoop, por la cual fue detenido el 28 de marzo de 2017.
La investigación señala que tanto González como otros miembros de este ente pusieron en riesgo los ingresos producidos por intereses de la cartera crediticia.
En su momento, defendió sus argumentos ante el Contencioso, donde le dieron la razón, pero finalmente la Sala I ratificó la sanción que la CGR le había impuesto desde el inicio.
En agosto de 2023, el expresidente de Conacoop, emitió su apoyo al proyecto de ley que impulsó el gobierno, conocido como "ley jaguar", el cual no tuvo éxito.
Tan solo dos meses después, la Fiscalía General desarrolló varios allanamientos y detenciones en torno al Caso Barrenador, por el cual fue detenida la entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, así como varias personas que figuraban como directivos de la institución.
A este grupo de personas se les investiga por presuntamente aprobar la adjudicación de la administración de 138 Ebais a las cooperativas Coopesiba, Coopesalud, Coopesana y Coopesaín, en apariencia pagando un sobreprecio.
Luego de las detenciones, González, en nombre de Conacoop, defendió el trabajo de los imputados en ese caso y señaló al Ministerio Público de hacer “un grave daño a la hacienda pública” que le produciría a la CCSS pérdidas de más de 12 mil millones en caso de que se cayeran las contrataciones para administrar los Ebais.
“A esta fecha, las cooperativas no han cobrado un solo colón por concepto de este contrato. Más grave aún, es que la fiscalía afirma que ese acuerdo de la junta directiva de la caja produciría pérdidas de más de 12 mil millones de colones anuales, quedando en evidencia que la actuación de la fiscalía ha sido precipitada y sin conocer la realidad de los hechos”, suscribió en un comunicado.
