Cooperativas eléctricas lanzan ofensiva contra más impuestos
En el marco del debate sobre propuesta al FMI sector advierte sobre eventual aumento de tarifas para usuarios
Imagen ilustrativa (CRH)
(CRHoy.com).- Las cooperativas de la zona norte que se dedican a la producción de electricidad iniciaron una ofensiva contra las intenciones del gobierno del presidente Carlos Alvarado de gravarlas con un impuesto sobre sus excedentes.
El movimiento consiste en desplegar de nuevo las advertencias sobre los perjuicios que sufrirían sus clientes en caso de que se cree el tributo en el marco de la discusión sobre los ajustes internos que debe hacer el país si el Gobierno pretende presentarle una propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de obtener un préstamo por $1.750 millones en medio de la crisis fiscal actual.
Ya el movimiento cooperativo había hecho las mismas advertencias cuando, en el marco del plan fiscal del 2018, se discutió gravar sus excedentes.
Según Erick Rojas, gerente de Coneléctricas R. L. de concretarse el gravamen, el primer impacto lo sufrirían quienes pagan las tarifas de electricidad de su firma y de Coopesantos, Coopelesca, Coopealfaroruiz y Coopeguanacaste R. L.
"Un impuesto a este tipo de cooperativas lo que trae consigo en la afectación directa de las tarifas. Lo cual, en estos tiempos, sería un golpe muy importante al bolsillo de los costarricenses. El excedente que generan las cooperativas en zona rural es lo que la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) denomina como rédito para el desarrollo, para poder darle el servicio a los asociados, para poder seguir invirtiendo en redes y un impuesto reduciría el dinero destinado a ese fin", explicó el gerente.
Daño para las comunidades
Rojas dijo que, adicionalmente, el servicio que brindan las cooperativas eléctricas es al costo, lo cual cambiaría en caso de que prospere la intención de cargar el impuesto sobre los excedentes de esas empresas.
Si se gravara esa fuente, afirmó el jerarca, las cooperativas se verían en la obligación de buscar financiamiento externo para desarrollar proyectos pues ya los recursos de rédito para el desarrollo no alcanzarían, esto, afirmó, provocaría un incremento aún no estimado en las tarifas de electricidad que hoy pagan 500.000 familias de zonas rurales.
"Habría discriminación hacia las cuatro cooperativas eléctricas porque deberían pagar impuestos y las públicas no, al estar eximidas del pago por una ley existente", reclamaron las empresas en un comunicado de prensa.
Rojas dijo que la afectación de servicios esenciales, como la electricidad, les preocupa a los operadores cooperativistas del sector eléctrico, pues golpeará a comunidades rurales en pobreza.
El cooperativista dijo que al país se le ha hecho difícil diferenciar los excedentes que generan las cooperativas de las ganancias que reparte la empresa privada, elemento que considera fundamental en la discusión sobre más impuestos que puso sobre la mesa el gobierno de Carlos Alvarado.
"Solo en el 2019 el Consorcio y las cooperativas invirtieron más de ¢92.000 millones en sus zonas de influencia en acciones sociales, educación, ambientales, entre otras. Sin embargo, con el pago de impuestos estos dineros no podrían ser destinados para tales fines, sino que irían directamente a las arcas del Gobierno", advirtieron las cooperativas del sector.
Además, según Geovanny Villalobos, presiente del Consejo de Administración de Coneléctricas R. L., no es cierto que las cooperativas del sector eléctrico no paguen impuestos, sino que el único del que están exentas es del tributo sobre la renta.
Villalobos, quien además preside el Directorio del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), afirmó que las intenciones del Gobierno conllevarían a una doble imposición del impuesto sobre los excedentes.
"Cuando los asociados de las cooperativas reciben esos excedentes, ellos sí pagan impuesto sobre la renta, por lo que pretender gravar a las cooperativas sería cobrar un doble impuesto, y eso es ilegal", advirtió.
¿Doble imposición?
Geovanny Villalobos, secretario del Conacoop. (Foto: Tomada de Internet)
En su campaña en contra de más impuestos, los cooperativistas también echaron mano de un argumento técnico que brindó el abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, cuando se discutía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o plan fiscal, que gravó los excedentes que reciben los asociados de las cooperativas con una tasa que inició en un 5%, pasó a un 7% y se estacionará en un 10%.
Durante el debate de la normativa, que finalmente se aprobó en diciembre del 2018, Hernández afirmó que la doble imposición ocurre cuando se establecen en perjuicio del mismo sujeto dos tributos relacionados con la misma actividad.
"El problema es que se está tratando de identificar los excedentes con los dividendos de las sociedades que están ligadas con el lucro. En el caso de las cooperativas, están conformadas por trabajadores para producir bienestar económico y social de sus miembros", explicó en aquel momento el jurista.
Para finalizar, Erick Rojas advirtió que un eventual gravamen como el que el Gobierno quiere aplicar a los excedentes de las cooperativas daría al traste con el respaldo económico que éstas le brindan a comunidades rurales en ámbitos como la educación, el bienestar social, a las asociaciones de desarrollo, asilos de ancianos y centros educativos.
"Al cobrarnos un impuesto no tendríamos la capacidad de seguir aportando a estas pequeñas comunidades y sabemos que desde el Estado tampoco se garantiza que lo harán", zanjó el dirigente.
Según información que distribuyó Coneléctricas R. L., el año pasado invirtió en desarrollo social ¢4.880 millones en obras como arreglo de caminos y puentes, entregas de sillas de ruedas, remodelación de obras comunales, entre otras.
En tanto, Coopesantos R. L. indicó que invirtió durante el año pasado ¢13.245 millones en en el desarrollo de alumbrado público, mejoras en el sistema de distribución de electricidad, protección del agua y ayudas para bienestar social.
Coopelesca R. L. dedicó a esos mismos fines, durante el mismo periodo ¢52.400 millones; Coopeguanacaste R. L. ¢21.586 millones y Coopealfaroruiz R. L. ¢67.142 millones.
En conjunto, esas cooperativas dan el servicio eléctrico a unas 138.000 viviendas en la zona rural del país en un área que abarca 10.263 kilómetros cuadrados, y atienden la demanda de un 20% del territorio nacional.
La intención inicial del gobierno de Carlos Alvarado era cobrarles a las grandes cooperativas el impuesto de la renta sobre sus excedentes.
No obstante, el 4 de octubre, después de varios días de protestas, y debido al rechazo generalizado a los contenidos de su plan, el Gobierno decidió retirarlo y convocar al diálogo a los diversos sectores para construir una alternativa, llamado que tampoco tuvo éxito.
No es la primera vez que se plantea cobrarles un tributo a los excedentes de las cooperativas. Los diputados han insistido en el tema desde el 2019, aunque la iniciativa no ha prosperado hasta ahora.