Corrupción gana terreno en Costa Rica ante vacíos estatales
Emilia Navas recalca necesidad de unidad especializada en OIJ
Hablar sobre corrupción desata pasiones y encontronazos. Y, en un país como Costa Rica, es uno de los principales temas que están en el punto de mira de diferentes instancias estatales.
Pese a los esfuerzos en distintas áreas, el país padece vacíos que debilitan la lucha contra la corrupción. Hay aspectos tan simples como la ausencia de una política nacional anticorrupción o la inexistencia de una unidad exclusiva para investigar delitos de esta índole en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Sí existe una Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en el Ministerio Público.
A esas conclusiones es sencillo arribar tras la exposición hecha por Emilia Navas, fiscala general, ante la Corte Plena y la presentación del informe mundial Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018, elaborado por la organización Transparencia Internacional.
En este último análisis revelado el martes, el país tuvo una puntuación de 56 unidades (3 menos que en el año pasado) y perdió 10 puestos en la tabla global: pasó del 38 al 48.
Si bien es cierto los indicadores costarricenses figuran entre los mejores del continente, es innegable que hubo un retroceso posterior a que se destapara el escándalo del "cementazo", el cual tuvo severas repercusiones en los 3 poderes de la República.
Evelyn Villarreal, vicepresidenta de Costa Rica Íntegra, organización asociada a Transparencia Internacional, explicó que este empeoramiento tiene múltiples causas. El tema del cemento chino pesó, pero también hubo una influencia del ambiente económico negativo que ha persistido en los últimos 2 años.
"Necesitamos sin duda una política anticorrupción más sostenida y de largo plazo. O sea, que se vea un esfuerzo del país en el tema. No solamente en escándalos coyunturales cuando se activan algunas medidas, sino que sea una política nacional. Como ocurre en educación o infraestructura", comentó Villarreal.
Para los expertos, lo ideal es que exista una estrategia sostenida en el tiempo y que no dependa de los cambios de turno en el gobierno.
"En la medida de que esto no sea prioridad para el Poder Ejecutivo, no habrá mayor avance. Pese a que estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en la práctica no pudimos identificar una inversión que fuera relevante o significativa. No hubo un cambio. No ha hecho que mejoremos. Si no tenemos un esfuerzo sostenido y significativo, seguiremos teniendo los mismos índices", agregó la investigadora.
Para ella, una propuesta de este perfil debería recaer en manos de los poderes Ejecutivo y Judicial, pero requiere de la participación de otras instancias privadas o no gubernamentales. "Yo soy más precisa y creo que el liderazgo debería salir del presidente de la República o de Casa Presidencial. Se necesita un mensaje muy claro de que es prioritario. Hay mucha gente interesada en que esto no se ordene", acotó Villarreal.
Más acción judicial
La fiscala general Navas explicó ante los magistrados, que investigar delitos asociados a corrupción enfrenta gruesos obstáculos. Para mencionar algunos, citó la ausencia parcial o total de personal técnico especializado.
"Otro tema que vemos como un gran obstáculo para perseguir e investigar hechos de corrupción, delitos económicos, crimen organizado es la falta de recurso humano en el OIJ. Sobre todo en 2 áreas: sección de delitos económicos y financieros y la sección de delitos informáticos", advirtió Navas.
La funcionaria manifestó que -en muchas ocasiones- para investigar delitos de corrupción deben compartir personal de otras áreas destinadas a la Sección de Fraudes, por ejemplo; lo cual, no corresponde al mecanismo más expedito.
"Necesitamos en el OIJ una sección exclusiva para hechos de corrupción. Mientras no la tengamos, mientras no se le dé la posibilidad a la policía judicial de tenerla, los casos de corrupción se seguirán atrasando", expuso Navas.
Precisamente, en 2018 la Fiscalía General realizó una campaña para prevenir la corrupción advirtiendo que este flagelo atenta contra la inversión social, la salud y la infraestructura "con un resultado que incrementa la pobreza y desestabiliza el Estado de Derecho".