Corte analiza extender suspensión a Randall Zúñiga, director del OIJ separado
La Corte Suprema de Justicia analiza este lunes una posible extensión de la suspensión de Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien se encuentra apartado de su cargo desde el 29 de octubre pasado.
Al jefe policial se le impuso inicialmente una suspensión provisional de 15 días, que posteriormente, el 18 de noviembre de 2024, fue ampliada por tres meses más, plazo que vence el próximo miércoles 18 de febrero.
En la sesión de Corte Plena de este lunes, se dispuso analizar una solicitud de la Inspección Judicial para ampliar la medida cautelar administrativa, mientras continúa la investigación, con el fin de proteger el proceso disciplinario y penal, tras las denuncias surgidas en su contra.
A Zúñiga no se le ha removido del cargo de forma definitiva ni se le está imponiendo una sanción por haber sido declarado culpable; el propósito de la medida es apartarlo temporalmente para garantizar que no haya riesgo de injerencia en las indagaciones mientras se desarrollan.
Zúñiga enfrenta alrededor de cuatro denuncias penales por presuntos delitos sexuales contra varias mujeres, además de un procedimiento administrativo disciplinario relacionado con estos hechos.
El funcionario ha negado los señalamientos y sostiene que la situación responde a un ataque político derivado de las acusaciones iniciales por una supuesta violación sexual.
Tal como reveló CR Hoy la semana pasada, un informe médico forense practicado por el Laboratorio de Ciencias Forenses del OIJ descartó que Zúñiga y una de las mujeres que lo denunció por el delito de violación sean portadores de alguna infección de transmisión sexual, como lo aseguró la supuesta víctima en su declaración ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Género.
Los resultados de estos exámenes, practicados al exjefe policial y a una de las denunciantes, fueron notificados a las partes el pasado 26 de enero, según una resolución de la Fiscalía Adjunta de Género.
El reporte señala que, en el caso de Randall Zúñiga y una de las denunciantes, el resultado fue negativo, sin rastro de dichas infecciones en muestras de orina y sangre. Aún están pendientes los resultados de las mismas pruebas practicadas a otras dos denunciantes.
Cuando trascendieron los señalamientos, el jefe policial afirmó que ha colaborado con las autoridades y que entregó voluntariamente su teléfono celular para facilitar las diligencias, además de asegurar que no ha solicitado copia del expediente ni de las denuncias.
También negó que las fotografías íntimas que circulan en redes sociales —en las que aparece desnudo— sean reales y afirmó que se trata de montajes digitales con el fin de desprestigiarlo. Añadió que incluso circula un video manipulado con su imagen.
En cuanto a las denuncias sobre una presunta divulgación de información judicial a mujeres, admitió haber compartido algunos materiales por WhatsApp, pero aclaró que no se trataba de datos sensibles u oficiales ni de investigaciones activas.
La suspensión se ha mantenido con goce de salario, en atención al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, mientras no se determine una responsabilidad definitiva.
En medio de las investigaciones trascendió un caso particular en el que una mujer relató que habría recibido ofrecimientos de parte de funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para que presentara una acusación contra el jerarca del OIJ.
La mujer, vecina de Turrialba, aseguró que fue abordada por la presidenta ejecutiva del INAMU, Yerlin Zúñiga Céspedes, y por una abogada de la institución, identificada como Claudia Blanco, quienes presuntamente llegaron hasta su casa con una denuncia ya redactada contra el jerarca del OIJ y le solicitaron que la firmara.
Según su versión, se le ofrecieron beneficios estatales, incluidos supuestos apoyos económicos, el pago de estudios universitarios y asistencia para reubicarse, incluso con apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), si accedía a presentar la acusación.
La mujer manifestó que no firmó la denuncia ni presentó los hechos, debido a que el contenido que le mostraron no correspondía con su experiencia. Posteriormente, acudió a la Fiscalía para denunciar ese ofrecimiento, lo que dio origen a otra investigación bajo el expediente 25-000971-0359-PE.

Esto demuestra una vez más las alimañas que forman parte de este nefasto gobierno derechista para desacreditar a personas que laboran en pos del bienestar del país.