Corte determina que proyecto para castigar ingreso de celulares a cárceles afecta al Poder Judicial
Proyecto busca imponer hasta 4 años de cárcel por intentar meter dispositivos electrónicos
El proyecto de ley que pretende imponer penas de 2 a 4 años de prisión a los visitantes carcelarios que introduzcan o intenten ingresar teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos, afecta el funcionamiento del Poder Judicial, según determinó la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa del Gobierno plantea modificar la ley para crear un nuevo castigo y así combatir la práctica, cada vez más común, de tratar de ocultar artículos prohibidos que son utilizados dentro del sistema penitenciario por los privados de libertad, para seguir cometiendo delitos.
Los magistrados analizaron la iniciativa y determinaron que generaría una carga de trabajo muy importante al OIJ, el Ministerio Público y las diferentes sedes judiciales, para tramitar todas las acusaciones. Plantean que crear un nuevo delito provocaría un costo operativo adicional sobre estas instituciones, además de generar una importante cantidad de carga de trabajo extra, sin destinar más recursos.
Esta práctica registra un aumento notorio en los últimos años. Durante 2023, la Policía Penitenciaria consiguió interceptar el ingreso de 2.683 teléfonos celulares a las cárceles del país.
Adicionalmente, incautaron 3.592 chips o tarjetas SIM, así como unos 4.954 artículos electrónicos como cargadores, cables de cargador y artefactos similares, relacionados al uso de los dispositivos móviles.
Hasta el pasado domingo 5 de mayo, ascendía a 899 dispositivos los decomisados este 2024. Además, se confiscaron 1.287 chips de telefonía y 1.661 artículos electrónicos.
En total, 885 personas han sido remitidas a la Fiscalía entre el 2023 y 2024, sumando tanto a quienes tratan de introducir teléfonos, como droga y otros artículos prohibidos, según datos que corresponden a estadísticas del Ministerio de Justicia y Paz.
No obstante, quienes específicamente tratan de camuflar los dispositivos, en muchas ocasiones no logran ser procesados en sede judicial de forma exitosa, justamente debido a la falta de una figura legal que castigue esta práctica como un delito.
Oficiales penitenciarios han capturado en video de forma frecuente, los ingeniosos métodos que utilizan los visitantes de las prisiones del país para intentar ocultar artículos y sustancias prohibidas, para evitar los controles en las cárceles.
Dentro de tenis deportivos, incrustados en una pieza de pollo frito, en una taza de cantonés, dentro de cavidades corporales, envueltos en snacks, enrollados en papel higiénico, al fondo de un jabón lavaplatos, oculto en una sopa instantánea, como rellenos de galletas y en bolitas dentro de una bolsa de azúcar o una ensalada rusa: son algunos de los creativos intentos de los criminales, para intentar escabullir dosis de droga, chips, cargadores y dispositivos móviles.
Vacío legal
De acuerdo con el proyecto de ley, el ingreso de teléfonos celulares al Sistema Penitenciario, se ha convertido en un problema significativo para la seguridad pública del país. Estos artículos en manos de privados de libertad facilitan que sigan cometiendo actividades ilícitas desde dentro de las cárceles.
Comunicación con miembros de organizaciones criminales en zonas separadas dentro de un mismo centro carcelario para planificar posibles fugas, ajustes de cuentas o estrategias contra bandas rivales; conversaciones y coordinaciones con el exterior, así como estafas y otro tipo de delitos, son los que cometen los privados de libertad que acceden a estos dispositivos.
Todas estas prácticas son afectadas por un vacío legal o la inexistencia de un delito para castigar a quienes facilitan o proveen estas herramientas tecnológicas a las personas recluidas.
El proyecto de ley 24.162 fue presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de febrero y se tramita en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico. Se trata una adición al Código Penal, específicamente en el artículo 257.
La iniciativa consiste en una modificación muy breve, creando el artículo 257 quater. Este apartado indicaría:
Introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos en los centros penitenciarios.
Se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión a quien, sin estar autorizado legal o reglamentariamente para ello, introduzca, facilite o procure por cualquier medio, el ingreso a un centro penitenciario de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos o partes de estos, cuyo objetivo sea la comunicación con el exterior, así como tarjetas sim, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.
El castigo será mayor y la conducta se considerará más grave aún, si policías penitenciarios, cualquier tipo de empleado público o persona con permiso especial, se involucren en proveer los teléfonos y artículos prohibidos, a los privados de libertad dentro de las cárceles.
La pena se agravará en un tercio si las acciones descritas anteriormente son realizadas por un funcionario público, proveedores de servicios o productos en los centros penitenciarios, abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial a un centro penitenciario.
Gerald Campos, ministro de Justicia, insistió en la necesidad de aprobar esta reforma, para fortalecer el trabajo que realiza la Policía Penitenciaria.
"(…) Sus labores de monitoreo y vigilancia dentro de los centros penales, así como de requisa de las personas visitantes en los puestos de control nos ha permitido decomisos importantes, pero, ocupamos darles más herramientas en esta lucha frontal contra la corrupción y para eso es esta ley", manifestó a la consulta de CRHoy.com.
Los inhibidores y bloqueadores de señal instalados en los centros penitenciarios no han resultado en una medida infalible, dado que a los reclusorios logran entrar chips de telefonía nacional e internacional, para escaparse de la regulación mediante otras bandas radioeléctricas o servicios especiales como roaming, señal satelital, conexiones VPN o eSim.
Costos millonarios
Proyecto de ley 24.162 busca castigar la introducción de teléfonos celulares y similares a las cárceles.
El análisis en profundidad de este proyecto de ley incluyó el posible costo monetario aproximado, que costearía el Poder Judicial crear este nuevo delito y perseguirlo, hasta castigar a quienes ingresan teléfonos celulares, chips y artículos electrónicos a los centros penitenciarios.
Para el cálculo tomaron como base el costo promedio por cada expediente penal terminado con pronunciamiento en firme. Para 2022, este rondaba los ₡2 millones.
El costo por instancia judicial es de ₡237 mil para el Ministerio Público, ₡906 mil para el Organismo de Investigación Judicial y ₡844 mil para las diversas instancias jurisdiccionales. Todo lo anterior sin contemplar la inversión necesaria en contratar más personal para investigar, instruir y juzgar las causas penales ante el aumento de carga laboral.
Si entre los factores se considera cada vez más creciente incautación de teléfonos celulares en los recintos carcelarios, tomando en cuenta las estadísticas de decomisos, instruir procesos penales por esos hechos habría significado al Poder Judicial un costo probable de ¢2 694 millones.
Por ende, la Corte Suprema de Justicia concluyó que, si bien el proyecto legislativo no modifica estrictamente la estructura orgánica del Poder Judicial, dado que no crea ni suprime otros órganos, de convertirse en ley sí amplifica las cargas asociadas.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro detalló que la iniciativa reconoce una necesidad de actualizar la ley ante el fenómeno criminal que sufre el país, no obstante, insiste en que la creación de un nuevo delito mantendrá efectos sobre la carga de trabajo de la administración de justicia.
"Cada día son más los hechos de personas que por diferentes medios lo hacen. Ahora están introduciendo tecnología a las cárceles a través de drones, por ejemplo. Imagínese la investigación de cómo llegó un dron y quién lo manejó: el costo de esa investigación va a tener que estar cargado", concluyó.
Corte Plena conoció y aprobó el informe en su sesión del pasado lunes 22 de abril de 2024.
