Corte extiende suspensión de Randall Zúñiga por 3 meses más
La Corte Suprema de Justicia decidió extender por 3 meses adicionales la suspensión del cargo de Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras concluyen las indagaciones disciplinarias en su contra.
La decisión se adoptó tras una solicitud de la Inspección Judicial, órgano disciplinario del Poder Judicial a cargo de las pesquisas. Con ello, se prolonga la medida cautelar inicial de tres meses impuesta mientras se tramita el expediente administrativo.
Al jerarca policial se le aplicó inicialmente una suspensión provisionalísima de 15 días, la cual fue ampliada el 18 de noviembre de 2024 por tres meses más, plazo que vence el próximo miércoles 18 de febrero. Antes de que expirara, la Corte Plena resolvió extenderla nuevamente.
La ampliación de la medida cautelar administrativa fue incluida en la sesión de Corte Plena de este lunes, con el objetivo de resguardar tanto la investigación disciplinaria como la penal, tras las denuncias presentadas contra Zúñiga.
La votación registró 13 magistrados a favor de apartarlo por tres meses más y 8 magistrados en favor de una prórroga por un mes, prevaleciendo el criterio mayoritario. "Durante el periodo de suspensión, la Corte Plena ha garantizado la operatividad del OIJ", indicaron en un comunicado.
El funcionario enfrenta alrededor de cuatro denuncias por presuntos actos sexuales contra varias mujeres, además de un procedimiento administrativo disciplinario vinculado con estos hechos.
Zúñiga ha negado los señalamientos y sostiene que se trata de un ataque político derivado de las acusaciones iniciales por una supuesta violación. La separación del cargo no es una sanción ni es permanente.
Tal como reveló CR Hoy la semana pasada, un informe médico forense elaborado por el Laboratorio de Ciencias Forenses del OIJ descartó que Zúñiga y una de las mujeres que lo denunció por violación sean portadores de alguna infección de transmisión sexual, como lo afirmó la denunciante en declaraciones en la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Género.
Los resultados de estos exámenes, practicados al exjefe policial y a una de las denunciantes, fueron notificados a las partes el pasado 26 de enero, según una resolución de la Fiscalía Adjunta de Género.
El informe señala que, en el caso de Randall Zúñiga y una de las denunciantes, el resultado fue negativo, sin rastro de este tipo de infecciones en muestras de orina y sangre. Aún están pendientes los resultados de las mismas pruebas practicadas a otras dos denunciantes.
Cuando trascendieron los señalamientos, el jerarca policial afirmó que ha colaborado con las autoridades y que entregó voluntariamente su teléfono celular para facilitar las diligencias, además de asegurar que no ha solicitado copia del expediente ni de las denuncias.
También negó que las fotografías íntimas que circulan en redes sociales —en las que aparece desnudo— sean reales y afirmó que se trata de montajes digitales con el fin de desprestigiarlo. Añadió que incluso circula un video manipulado con su imagen.
En relación con las denuncias por una presunta divulgación de información judicial a mujeres, admitió haber compartido algunos materiales por WhatsApp, pero aclaró que no se trataba de datos sensibles u oficiales ni de investigaciones en curso.
La suspensión se ha mantenido con goce de salario, en atención al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, mientras no se determine una eventual responsabilidad.
En el marco de las investigaciones trascendió un caso particular en el que una mujer relató que habría recibido ofrecimientos de parte de funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para que presentara una acusación contra el jerarca del OIJ.
La mujer, vecina de Turrialba, aseguró que fue abordada por la presidenta ejecutiva del INAMU, Yerlin Zúñiga Céspedes, y por una abogada de la institución identificada como Claudia Blanco, quienes presuntamente llegaron hasta su vivienda con una denuncia ya redactada contra el jerarca del OIJ y le solicitaron que la firmara.
Según su versión, se le habrían ofrecido beneficios estatales, incluidos apoyos económicos, el pago de estudios universitarios y asistencia para una eventual reubicación, incluso con respaldo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), si accedía a presentar la acusación.
La mujer manifestó que no firmó la denuncia ni presentó los hechos, debido a que el contenido que le mostraron no correspondía con su experiencia. Posteriormente, acudió a la Fiscalía para denunciar ese ofrecimiento, lo que dio origen a otra investigación.