Cosevi contrata auditoría forense por más de $62 mil para detectar venta de pruebas para licencia
Contrato con empresa se firmó el pasado 28 de marzo
(CRHoy.com). El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) adjudicó a la empresa Sisap Infosec Sociedad Anónima la auditoría forense sobre el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC) encargado de gestionar las citas para pruebas teóricas y prácticas de la licencia de conducir.
Pese a que los exámenes son aplicados por la Dirección General de Educación Vial (DGEV), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la plataforma digital es administrada por el Cosevi.
El contrato entre esa entidad y la empresa seleccionada se firmó el pasado 28 de marzo por un monto superior a los $62.452 (más de ₡33 millones, según el tipo de cambio vigente al 12 de abril de 2023).
Este proceso se gestionó como una licitación reducida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
El SAC gestiona los cupos para las pruebas teóricas y prácticas cuyas aprobaciones son requisito para obtener la licencia de conducir.
Para dicha auditoría, la entidad contaba con un presupuesto superior a los ₡22 millones. El procedimiento se intentó adjudicar mediante una contratación directa concursada a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), pero se declaró infructuoso.
La primera contratación se solicitó el 6 de octubre de 2022 y la fecha de recepción de ofertas se cerró el 12 de octubre de ese mismo año. Solo se recibió una oferta, planteada por la empresa Gobernación de Tecnología de Información S.A., pero se declaró infructuosa debido a que se estableció que no cumplía con los parámetros de contratación estipulados por el Cosevi.
Ahora, el pasado 20 de diciembre de 2022, el consejo publicó un nuevo proceso a través del Sicop mediante una licitación reducida, por ese mismo monto.
¿Por qué se requiere una auditoría forense? Según la institución, identificó la necesidad de contratar los servicios de "investigación y análisis forense digital" para la evaluación del SAC, "para determinar si sistema presenta vulnerabilidades o si permite algún tipo de acceso no autorizado" y si, particularmente, se registran ingresos indebidos a los módulos relacionados con la matrícula de evaluaciones teóricas y prácticas, "ya sea por medios automatizados o usuarios internos o externos, para obtener citas a pruebas teóricas o prácticas de manejo o a datos del sistema".
En los últimos años, la gestión de las citas para las pruebas prácticas y teóricas, aplicadas por la Dirección General de Educación Vial (DGEV), ha sido un dolor de cabeza para los usuarios y para la Administración.
Tras la pandemia, obtener espacios se convirtió en un martirio debido a que en cada ocasión en que se habilitaban cupos la plataforma colapsaba o las citas se acababan con celeridad.
El actual gobierno (Chaves Robles, 2022-2026) ha apelado a alternativas provisionales, como extender los horarios de atención en las sedes de la DGEV o la habilitación extraordinaria de espacios.
Para el Cosevi, se requiere una auditoría forense en la que se extraigan eventos, bitácoras y registro de sistemas operativos, sistemas de seguridad, equipos de cómputo necesarios y de toda la infraestructura tecnológica que conforma el servicio (on premise o cloud).
Con esto, se procura determinar la causa de los eventos descritos en el objetivo de la contratación.
"Se deberá determinar y recopilar la evidencia que se considere necesaria para realizar la investigación y análisis forense de los sistemas involucrados y definidos en el alcance. Esta recopilación de evidencia se deberá hacer cuidadosamente apoyada de equipos o programas especiales siguiendo las normas y procedimientos internacionales que rigen la informática forense", puntualiza el documento de especificaciones técnicas de la licitación.
El 11 pasado de octubre, Laura Ulloa Albertazzi, entonces viceministra de Transportes y Seguridad Vial, explicó que tienen sospechas de que los mismos funcionarios del MOPT estarían tras la venta de cupos para las pruebas.
"Se han interpuesto ante el OIJ varias denuncias contra aparentes anomalías sucedidas en el SAC, principalmente en lo referente a direcciones IP. Yo solicité al principio un análisis de vulnerabilidad del sistema ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), los cuales se están analizando y corrigiendo. Esta vulneración consiste en que un robot se puede meter al sistema de citas y sacar un montón de citas por minuto", expuso la funcionaria.
Ese día, Ulloa se refirió a la auditoría forense y detalló que esperaban adjudicarla sin problemas. "Nos permitirá ver desde adentro cuáles intrusiones está recibiendo el sistema y que no nos está dejando ver las citas en forma normal", acotó.
La exviceministra fue cesada por Casa Presidencial en enero de 2023 y en su lugar fue designado Carlos Ávila Arquín.
No es la primera vez que este tipo de gestiones se intentan. En octubre de 2021, el MOPT contrató una auditoría externa para fiscalizar el SAC y el sitio web de citas.
La cartera adjudicó a la empresa DCI Dinámica Consultores Internacional S.A. el análisis mediante una contratación directa por más de ₡5.4 millones.
En un documento publicado en diciembre de 2021, la compañía denunció obstáculos internos en el ministerio y el Cosevi para efectuar adecuadamente el análisis.
En los últimos meses, Ulloa indicó que interpuso 10 denuncias "de todo tipo" ante autoridades judiciales. Sin embargo, declinó revelar motivos ni a quiénes se denunció.
"No se descarta que haya personeros tanto afuera como adentro de la institución; esto abarca eventualmente a funcionarios o funciones de diferentes departamentos que la auditoría está investigando para determinar quiénes y cuántos, si hubiese que llegar a eso", añadió la hoy exviceministra.
Años atrás, cada vez que se anuncia liberación de citas teóricas y prácticas de manejo, los interesados denuncian que en cuestión de segundos los cupos se agotan y luego se revenden en redes sociales, aunque en algunos casos se trata de estafas.
Las personas desesperadas por obtener una licencia para trabajar terminan siendo engañadas por estafadores y los que no acaban timados, obtienen el campo tras pagar altas sumas de dinero.
El análisis deberá estar listo en un plazo de 60 días hábiles, a partir de la orden de inicio.