Costa Rica pasó de 176 protestas en todo 2017 a 871 en tan solo un año

(CRHoy.com).- Estos son tiempos convulsos. Costa Rica vive un nuevo episodio de efervescencia social como hace varios no ocurría. Según el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), solo entre mayo del año 2018 y julio del 2019 ocurrieron 871 manifestaciones o acciones colectivas de descontento de todo tipo.

La cifra es superior en 695 eventos a todos los que se registraron durante el 2017—un total de 176—último año que analizó el Programa Estado de la Nación (PEN) en su informe publicado a finales del año pasado.

¿Qué provocó que se disparara la conflictividad social como hace varios años no ocurría en el país? El descontento que se vive es tiene múltiples causas, pero la más importante es el desencuentro entre la agenda que impulsa el gobierno del presidente de la República, Carlos Alvarado, y aquellas que defienden los sindicatos y sectores de la población opuestos a otorgarles concesiones a minorías, principalmente a la población de preferencia sexual diversa.

A esto se le suman asuntos desatendidos por gobiernos anteriores al de Alvarado, como la mala situación económica que enfrentan los pescadores, o los problemas de vivienda que azotan a los bloques más empobrecidos de la sociedad.

Sobre la principal causa de la crispación, la agenda que impulsa el Gobierno, hay objetivos específicos que chocaron de frente. Entre estos está la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o plan fiscal, que el Ejecutivo impulsó y logró aprobar para intentar sanear las finanzas públicas, pero que los sindicatos ven como una amenaza a las finanzas de la clase trabajadora.

También tensó la situación el proyecto de Ley de Educación Dual, una iniciativa que pretende facilitarles a los alumnos de colegios técnicos, principalmente, la posibilidad de que obtengan experiencia laboral antes de graduarse de la secundaria, pero que los sindicatos del sector educación miran como una práctica que debilita las leyes laborales y la protección para los menores de edad.

El proyecto de reforma al empleo público también detonó la protesta sindical. El Gobierno ve en esta iniciativa una alternativa para ordenar en uno solo a los diversos regímenes laborales que existen en el sector público. También cifra esperanzas de ahorro en ese proyecto, que propone la instalación del salario único (sin pluses salariales) para aquellos trabajadores que sean contratados por el Estado a partir de la eventual aprobación del texto. Sin embargo, los sindicatos creen que la propuesta amenaza sus conquistas salariales.

El caldo de cultivo del conflicto también lo alimentó el proyecto de ley que impulsa el Partido Liberación Nacional (PLN) para regular las huelgas en el sector público, propuesta que contó con el respaldo del gobierno de Carlos Alvarado desde el principio como respuesta a la extensa huelga de 80 días que tuvo que enfrentar contra el plan fiscal.

Por otra parte, cambios a nivel de la convivencia escolar, como el "Protocolo de atención del bullying contra la población LGTB inserta en los centros educativos" y otros que venía implementando Edgar Mora desde el Ministerio de Educación Pública, catapultaron manifestaciones a nivel estudiantil que acabaron con la gestión de ese ministro el pasado 1.° de julio pasado, torciéndole el brazo al gobierno de Alvarado.

A pesar de ese triunfo que obtuvieron tras una semana de huelga, los grupos en protesta no calmarán su sed por hacer retroceder la agenda del Gobierno según el analista político Daniel Calvo, quien cree que el país debe prepararse para un incremento en la tensión.

"El rompimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC) con los sindicatos luego del contubernio que mantuvieron durante la administración Solís Rivera, que se reflejó en una profunda caída de la protesta social, según datos del PEN, representará seguramente un aumento en la protesta social del 2018, 2019 y años siguientes", vaticinó.

Calvo opinó que el PAC sacrificó parte de su base electoral desde la segunda ronda por la Presidencia de la República, en abril del 2018, lo cual le terminó de pasarle una cara factura a Carlos Alvarado, quien logró conformar un gobierno débil a pesar del amplio apoyo que tuvo en las urnas durante esa votación.

Ese sacrificio inició con la incorporación al Gobierno de figuras provenientes de partidos "neoliberales" de acuerdo con la visión política de los sindicatos.

"La verdadera preocupación del PAC no es que hoy otros partidos estén respaldando las demandas de los sindicatos, sino que es comprender que han perdido a quien hasta hace unos cuantos años representaron una de sus principales bases electorales", zanjó Calvo.

De un valle de calma a una cumbre tormentosa

En efecto, los niveles de crispación social descendieron a mínimos históricos durante la administración 2014-2018, cuando Luis Guillermo Solís llevó las riendas del Gobierno de un modo que satisfizo sobre todo a los gremios del sector público.

Solís renunció a impulsar una reforma fiscal durante los primeros dos años de su mandato y si bien posteriormente presentó a la corriente legislativa el plan fiscal nunca cosechó manifestaciones importantes en su contra de parte de gremios que habían respondido bien a estímulos como el levantamiento del veto presidencial que pesaba sobre la reforma al Código Procesal Laboral y el aumento en el gasto del Gobierno en el sector público, como por ejemplo en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

 

Durante la todavía joven administración actual no han servido de mucho los llamados al diálogo que ha hecho Carlos Alvarado para intentar evitar las huelgas en instituciones públicas y las manifestaciones callejeras.

El mandatario ha tenido que lidiar con retos en este último ámbito desde que tomó posesión del despacho presidencial. El 15 de mayo del 2018, apenas una semana después de haber asumido, enfrentó su primera protesta frente a Casa Presidencial. Se trató de 200 vecinos de Las Parcelas de Herradura, quienes le llegaron a pedir que frenara el desalojo de las parcelas donde vivían.

Su primera gira como gobernante, a la provincia de Guanacaste, entre el 23 y el 27 de julio del 2018, también fue conflictiva pues en varios sectores de la Provincia le reclamaron por varios problemas que la administración pasada dejó sin resolver, como los relacionados con el sector vivienda, con el acceso a agua potable, entre otros.

Sin embargo, la verdadera crisis estalló a partir del 10 de setiembre, cuando inició la huelga en el sector público en oposición a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el que el Gobierno intenta reducir la brecha entre sus ingresos y gastos.

El conflicto duró más de 80 días. En junio de este año se volvió a reavivar la llamarada de un fuego social que realmente no se extinguió después de las manifestaciones contra el plan fiscal.

En esta ocasión los sindicatos y un sector difícil de encasillar, pero espoleado por una agenda conservadora opuesta a la del Poder Ejecutivo en temas sociales y de minorías, se aliaron para desestabilizar al gobierno de Carlos Alvarado.