Criterio técnico rechaza solicitud de Fabricio Alvarado de archivar investigación por acoso sexual
La comisión legislativa conformada para tramitar la denuncia contra Fabricio Alvarado por acoso sexual, sí puede seguir su proceso aunque la Fiscalía General también tenga una causa abierta contra el diputado. Así lo determinó un criterio técnico del Departamento de Asesoría Legal del Congreso.
El excandidato presidencial fue denunciado en la Asamblea y en la Fiscalía por la exlegisladora Marulin Azofeifa, por el delito de acoso sexual.
El criterio técnico surgió a raíz de una consulta de Alvarado, quien trató de frenar el proceso en su contra, alegando que ya estaba judicializado.
El criterio detalla que la comisión no pierde competencia, debido a que las comisiones investigadoras de la Asamblea tienen una función distinta a la judicial, por lo que no juzgan ni imponen sanciones legales, sino que investigan hechos de interés público.
Estas comisiones generan informes con posibles consecuencias políticas o éticas, y su propósito es ejercer control político para dar a conocer situaciones relevantes para la ciudadanía.
El análisis técnico señala que el proceso administrativo de la Asamblea y los procesos penales son independientes entre sí, por lo que un mismo hecho puede ser analizado en ambas vías sin conflicto.
El criterio concluye que no hay "incompetencia sobrevenida" de la comisión por el hecho de que exista una denuncia penal tramitada de forma paralela.
Ambos procesos pueden llevarse al mismo tiempo sin vulnerar el derecho a la defensa y el debido proceso de las partes.
Explicación del criterio
Un oficio del 12 de marzo de 2026 solicitó el criterio, debido a que Fabricio Alvarado manifestó que, como Marulin eligió la vía penal sobre la administrativa, ello configuraba una incompetencia sobrevenida en relación con el procedimiento que se tramita en la Comisión Especial Investigadora.
El criterio expone que las comisiones investigadoras tienen competencia para indagar asuntos de interés público e incluso del ámbito privado de las personas, en tanto tengan relevancia pública.
En ese sentido, si el ámbito privado adquiere relevancia pública, las comisiones investigadoras sí están legitimadas para actuar.
La labor de las comisiones legislativas y de las comisiones investigadoras no tiene ningún tipo de relación con los procesos judiciales que se estén llevando.
Las vías administrativa y penal resultan autónomas entre sí y no conllevan una incompetencia sobrevenida cuando se opta por presentar una denuncia en la vía judicial, pese a que previamente la misma denuncia haya sido presentada en la vía administrativa.
La existencia paralela de una denuncia administrativa y una judicial no limita la posibilidad de tramitar, conocer e incluso resolver en cada una de estas de forma independiente, ni genera transgresión alguna al ejercicio de los derechos de defensa y al debido proceso de las partes.
"No se trata de vías incompatibles, por tener naturaleza jurídica distinta, por perseguir fines diferentes y por tener efectos disímiles entre sí", expone el criterio.
El criterio concluye los siguientes dos puntos:
Al interponerse una denuncia en la vía judicial, luego de haber sido presentada en la vía administrativa-legislativa, no se configura una incompetencia sobrevenida en el procedimiento legislativo que se sigue por acoso sexual en la Comisión Especial Investigadora bajo el expediente legislativo n.° 25.400.
Ambos procesos, legislativo y judicial, no son incompatibles, por lo que pueden tramitarse de forma simultánea sin que se genere violación alguna al ejercicio del derecho de defensa ni al debido proceso de las partes.
Planteamiento de Fabricio
Fabricio Alvarado pretendía frenar la investigación en su contra en la Asamblea Legislativa, alegando que la comisión es incompetente para examinar su caso.
Envió un oficio a la comisión creada para investigar el caso a nivel administrativo, donde negó los cargos y presentó pruebas para refutar que la denuncia era improcedente.
Asimismo, el congresista pidió que la comisión se abstuviera de continuar con el procedimiento, al considerar incompatible el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso.
Dicha comisión investigadora se creó el 19 de febrero y ya inició su trabajo. Está presidida por el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, y la diputada de Nueva República, Olga Morera, funge como secretaria.
También forman parte de la comisión la diputada independiente Johana Obando, la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez, y el diputado del oficialismo, Waldo Agüero.
La denuncia de Marulin
Azofeifa denunció que los actos de acoso sexual que atribuye a Alvarado ocurrieron en 2018 y habrían continuado durante varios años, tanto en actividades políticas como dentro de la Asamblea Legislativa.
La versión difundida por sus abogados expone que el primer incidente ocurrió en enero de 2018, durante una gira en Guápiles, cuando Fabricio supuestamente la besó sin su consentimiento en una casa de campaña.
La exdiputada afirmó que posteriormente expuso lo sucedido ante miembros del movimiento político y que, entre 2020 y 2022, cuando ambos coincidieron en el Congreso, se habrían producido nuevos episodios de contacto físico no consentido.
El caso tomó relevancia pública tras el debate presidencial de Radio Columbia del 26 de enero de 2026, cuando la entonces candidata y hoy presidenta electa de la República, Laura Fernández Delgado, denunció haber sufrido acoso por parte de Alvarado.
Un día después, Azofeifa publicó un video denunciando su caso y el 4 de febrero presentó una denuncia formal en la Asamblea Legislativa.
Este caso representa la primera vez que se aplica el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual aprobado por el Congreso el 28 de julio de 2021 para investigar a un legislador.
Incluso, Marulin solicitó acogerse a la modalidad de teletrabajo tras afirmar que no se sentía segura en su entorno laboral debido a la presencia del diputado Alvarado.
Azofeifa solicitó mantenerse en teletrabajo hasta el 30 de abril, cuando concluyen las labores de la actual Asamblea Legislativa de Costa Rica.