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CTP advierte saturación: “hay 50 mil choferes ofreciendo transporte de personas”

Institución apunta a preocupación por penurias económicas de taxistas formales

Por Pablo Rojas | 9 de May. 2019 | 12:00 am

(CRHoy.com) Unos 50 mil conductores entre taxistas formales, porteadores, choferes de Uber y 'piratas'. Esa es la estimación que realiza el Consejo de Transporte Público (CTP) sobre el rompecabezas que existe actualmente en la oferta de servicios de movilización de personas.

Salvo los conocidos taxistas "rojos", los anaranjados del aeruopuerto y los miembros del Servicio Especial Estable de Taxis (Seetaxi, que operan la modalidad de puerta a puerta), el resto operan fuera del margen de la ley.

En todo ese contexto, el CTP tiene su postura: hay una saturación en la cantidad de oferentes de los servicios y urge, cuanto antes, una regulación formalizada en el seno de la Asamblea Legislativa. La mayoría de esos 50 mil choferes están en el Valle Central.

El asunto en el Congreso no tiene mayor avance por más que existan avisos o buenas voluntades, pues el Poder Ejecutivo presentó un cuestionado proyecto de ley que parece no verá luz en ninguna parte.

A eso hay que añadir que los taxistas están alzando –nuevamente- la voz para reclamar por la vigencia de la operación de Uber y un incumplimiento del gobierno.

"Está totalmente saturado (el servicio). Si partimos de los datos que algunas empresas (en referencia a Uber) han indicado a través de medios, que hablan de 22 mil choferes, hay que sumarle alrededor de 12 mil que tenemos en taxis regulados y una cantidad alta de 'piratas' dando su servicio… En nuestras calles puede haber hasta 50 mil personas dando estos servicios", señaló Manuel Vega Villalobos, director del CTP.

El funcionario aseguró que en los últimos meses la preocupación por el vacío legal existente creció, pues comprobaron que muchos taxistas pasan apuros económicos severos y el panorama no es el mejor. Es claro que se necesita una regulación que contemple distintas aristas, entre ellas la oferta y la demanda. Así se tendrá un panorama más claro.

"El servicio de plataformas tecnológicas para transportar personas está al margen de la ley. Las afectaciones económicas que indican los taxistas las hemos conocido. Son ciertas. Eso está sucediendo", acotó Vega.

Taxistas denuncian penurias

Javier Cortés, taxista y miembro de la Alianza C-1 La Fuerza Roja Vive, afirmó que los "conductores a tiempo completo" tienen ganancias de entre 3 y 5 mil colones en espacios laborales de hasta 12 horas.

"Uno de verdad llega a la casa y para pasar a un supermercado nos damos cuenta que no tenemos la plata para comprar arroz o frijoles. Eso es desesperante. El taxista está perdiendo el 80% o 90% de los ingresos. Hay gente con deudas que yo me asusto. Deben la casa, el carro, la casa que alquilan (…) Esto no puede estar pasando", dijo Cortés, quien advirtió al gobierno por su responsabilidad en esto.

Para Vega, la Asamblea Legislativa debe asumir su parte y acelerar el impulso a un proyecto de ley que ponga regulación pronta a la operación de estos sistemas. "Se depende de los diputados en parte, pero la institucionalidad debe abocarse a otras circunstancias: está prohibido brindar servicios transportes de personas que no cumplen con las regulaciones. Diseñado y trabajado con la Policía de Tránsito podríamos hacer un despliegue si es necesario, para reforzar operativos en carretera", dijo.

Incluso, el funcionario mostró preocupación ante la posibilidad de que arriben al país otros servicios similares.

Pero el Poder Ejecutivo se da por satisfecho con su participación en la resolución de la problemática. Según Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, ellos cumplieron con su parte al presentar un proyecto de ley en el plazo fijado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Ahora, pese a que el texto es ampliamente cuestionado, dejan todo en manos de los diputados.

Uber no descarta la posibilidad de ampliar la oferta de sus servicios a áreas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Zonas turísticas, en playas de Guanacaste y Puntarenas, estarían en el punto de mira.

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