CTP ordena retiro de permiso a 5 autobuseras del Consorcio Operativo del Este, empresa de donante de campaña de Chaves

El Consejo de Transporte Público (CTP) ordenó el retiro de la concesión a cinco empresas autobuseras que son parte del Consorcio Operativo del Este S.A. (Coesa), propiedad de Orlando Ramírez Biolley.

Ramírez es representante del sector empresarial ante el CTP, designado por el Gobierno, y fue donante en la campaña presidencial del presidente Rodrigo Chaves.

Coesa agrupa a varias sociedades que tienen a su cargo rutas de Zapote, Tres Ríos, San Pedro y Curridabat. Es una de las compañías autobuseras más grandes de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La Junta Directiva del CTP decidió, el 5 de noviembre, el retiro de la concesión de cinco de las empresas que confirman el consorcio. Esta medida se tomó tras constatar aparentes deudas ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y otras entidades como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

No obstante, Coesa se defiende e indica que la decisión se basó en información errónea de la CCSS.

La primera de las empresas es Autotransportes Cesmag, con deudas ante ambas instituciones y cuyo permiso venció el 18 de octubre de este año. En este caso se ordenó la no renovación del mismo y la búsqueda de un nuevo operador.

Autotransportes Zapote también tiene deudas con la CCSS y Fodesaf, según el CTP. Su permiso estaba vigente hasta el 15 de noviembre y el Consejo ordenó no renovarlo.

Otra de las empresas es Autotransportes Raro, con morosidad ante las dos mismas entidades. El acuerdo sobre esta fue abrir el procedimiento para cancelar el permiso.

Autotransportes Públicos La Unión y Transportes del Carmen de Tres Ríos son las otras dos empresas involucradas. El CTP constató deudas de ambas ante la CCSS y Fodesaf, pero además el pago pendiente del canon. En los dos casos la decisión fue cancelar el permiso.

Empresa confirma deuda, pero refuta monto

Coesa considera que la decisión del CTP carece de claridad y presenta inconsistencias técnicas, según respondió la compañía a CR Hoy.

El CTP se basó en aparentes deudas que mantienen estas sociedades con la CCSS y Fodesaf. El sitio web de la CCSS muestra que las cinco sociedades adeudan ₡785 millones, pero la empresa sostiene que el monto es incorrecto y que ha entregado la documentación que demuestra que está al día con las cuotas obrero-patronales.

El Consorcio confirmó que existe una deuda, pero asegura que es de ₡237 millones e indicó que ya se pagó la prima para formalizar el arreglo de pago.

Según la autobusera, este monto surge porque la CCSS pretende trasladarle una supuesta "responsabilidad solidaria" por facturas médicas cuyo origen desconoce, lo que generó una "confusión" que condujo a la decisión del CTP.

"La diferencia radica en que la CCSS está incluyendo gastos médicos sin indicar a qué persona, fecha, empresa o atención corresponden. Nuestros propios estados de cuenta muestran un rubro muy distinto (cerca de ₡237 millones), sobre el cual incluso ya se pagó la prima para formalizar el arreglo de pago", indicó el Consorcio.

CR Hoy consultó a la Caja la situación de morosidad de las cinco sociedades involucradas y de qué se trata la supuesta confusión, pero se está a la espera de respuesta.

Proceso judicializado

Las gestiones de retiro de los permisos deben seguir aún algunos pasos. La empresa tuvo un plazo para presentar descargos y defenderse.

Coesa inició un proceso judicial que acogió el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual otorgó una medida cautelar provisionalísima mientras se estudia a fondo el asunto. Esto significa que se suspende la ejecución del acuerdo del CTP.

El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, confirmó la existencia de esta medida cautelar, pero mencionó que desconoce si el CTP ya fue formalmente notificado.

"Lo que hemos pedido —y lo que motivó el proceso judicial— es simple: que la CCSS explique de dónde provienen esos montos. Sin esa información, ningún responsable financiero puede validar ni pagar sumas que no tienen respaldo técnico ni documental.", indicó Coesa.

A lo interno del CTP también se deben cumplir ciertas fases, como determinar el proceso administrativo a aplicar, valorar la afectación al servicio público y emitir recomendaciones finales. En el entretanto, la empresa mantiene los permisos y puede seguir operando.

"Va a depender de la condición de cada una de las empresas. Si es un permiso, se procede con un procedimiento sumario que, como su nombre indica, tiene plazos reducidos, en relación con el procedimiento administrativo ordinario, que es el aplicable a los concesionarios", explicó Ávila.

El procedimiento sumario tiene como periodo de trámite un mes, mientras que el ordinario es de dos meses. Sin embargo, estos plazos suelen ampliarse si existen impugnaciones.

También es posible que la empresa salde sus deudas durante este tiempo, lo cual se valora como parte de las pruebas a ser evacuadas en el proceso administrativo.

El viceministro comentó que el retiro de la concesión por deudas es algo relativamente común y se aplica tanto a concesionarios de ruta regular, como de taxi y permisionarios de servicios especiales.