Cuatro fracciones buscan proteger datos sensibles de usuarios
Foto: CRH, con fines ilustrativos.
(CRHoy.com) Cuatro fracciones impulsan un proyecto de ley para proteger los datos sensibles de los usuarios bancarios del país, tras la polémica en que está envuelto al Banco Central de Costa Rica (BCCR) por la solicitud a las entidades financieras de información personal de sus clientes.
El proyecto es respaldado por las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Nueva República (PNR) y Partido Liberal Progresista (PLP).
La iniciativa que se presentó con el expediente 23.980 busca proteger la información privada, de manera que las instituciones públicas o privadas del sector financiero no podrán entregar datos sensibles sin tener el aval de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
"Toda información que sea entregada deberá ser anonimizada, sin excepción, salvo que dicha solicitud provenga de una orden judicial o que exista una ley habilitante para tales efectos", indica el texto.
Además, queda prohibido para el Banco Central, así como para sus jerarcas y funcionarios, solicitar de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero, información personal de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional, de forma tal que no sea posible asociar o vincular los datos del usuario con la respectiva cuenta.
"Hemos presentado un proyecto de ley para proteger los datos sensibles de los costarricenses y evitar que esta información sin consentimiento sea utilizada por terceros para fines propios. En Costa Rica existen muchos portillos que deben cerrarse para proteger la información privada", detalló el diputado del PUSC Alejandro Pacheco.
"Este proyecto de ley busca proteger la privacidad de los ciudadanos, prevenir delitos cibernéticos, disminuir el riesgo que las personas sean identificadas, fortalecer la confianza en las instituciones y contribuir al bienestar y la seguridad en la era digital", agregó el también socialcristiano Felipe García.
De aprobarse la propuesta el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 60 días naturales para reglamentar la Ley a partir de su entrada en vigencia.
