Cuestionan a Contraloría por no identificar fraudes en contratos de deuda política
Contralora alega que solo revisaban que cumplieran requisitos

La comisión legislativa que investiga el financiamiento a tres campañas del PAC recibió a la contralora Marta Acosta. (Cortesía).
(CRHoy.com) -El diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó este lunes a la Contraloría General de la República (CGR) por no identificar fraudes en el mecanismo de financiamiento estatal que utilizó el Partido Acción Ciudadana (PAC) en las campañas electorales de 2002, 2006 y 2010.
Así lo manifestó en una comparecencia de la contralora general de la República, Marta Acosta, en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los 263 contratos falsos por medio de los cuales la agrupación política estafó al Estado, a pesar de que algunos fueron revisados por la entidad fiscalizadora.
"¿Quién nos asegura a nosotros que cientos de estos contratos no se les pasó a la Contraloría General de la República? Y lo utilizó el PAC para justificar su liquidación, y que luego el Tribunal Supremo de Elecciones les pagara. Ese es el problema que tenemos acá", dijo Viales, presidente del órgano legislativo.
Acosta, en sus declaraciones, explicó que la Contraloría solo revisaba que los contratos cumplieran los requisitos establecidos por el reglamento a los partidos políticos durante las campañas de 2002 y 2006, en el marco de las liquidaciones que presentaban los partidos para el cobro de la deuda política. A partir de 2010, esa labor quedó por completo asignada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
"El hecho de que esté preescrito no quiere decir que el delito no haya ocurrido, que por estos mecanismos se hayan utilizado elementos para extraer recursos públicos. Nos dice Ottón Solís que fueron los mecanismos que utilizaron para extraer ¢400 millones. Nos dice Ottón Solís que ya lo aplicaban. ¿Y por qué lo siguieron aplicando? Porque la Contraloría hacía justamente eso, una revisión, un check-list de todos los requisitos, y si cumplía, pasaba", sostuvo.
Agregó: "Me cuestiono cómo ustedes hacen una revisión tan anticipada de cientos de millones de recursos públicos con contratos donde no se verifica la validez, con contratos donde no se verifican las funciones que se están realizando, los montos que se están pagando y ustedes, sencillamente, los hicieron pasar".
De acuerdo con las explicaciones brindadas por Acosta, antes de 2010 la Contraloría únicamente hacía una revisión contable y técnica, conforme a lo establecido por el reglamento, pero esta labor no consistía en auditorías porque solo apoyaba en su labor al TSE.
"Efectivamente, la Contraloría hacía una revisión técnica y contable, y se revisaba, por ejemplo, que los justificantes que aportaban los proveedores vinieran en original, que tuvieran las firmas y que cumpliera con algunos requisitos de Tributación. Esa era la validez que revisaba la Contraloría, no era una auditoría, no era una investigación como para irse más allá", sostuvo Acosta.
No obstante, manifestó que en algunos casos la Contraloría notó incumplimientos y que, por ello, presentó en 2006 6 denuncias penales contra agrupaciones políticas.
"Pero no era la regla, porque lo que debía hacer la Contraloría era circunscribirse a un reglamento que se había emitido para ese tema (…) Considerábamos que era una labor de apoyo al Tribunal, quien nunca deslindó su responsabilidad de tener a cargo todo lo que es materia electoral, como lo dice la Constitución Política", enfatizó.
Viales insistió en que, a pesar de que todos los contratos eran revisados por la CGR, fueron utilizados para que el PAC estafara al Estado, como lo estableció una sentencia judicial.
La Contralora indicó que no descarta la posibilidad de abrir alguna gestión para recuperar los recursos públicos, pero dejó claro que eso dependerá de que desde el punto de vista administrativo el caso no haya preescrito.
En su exposición, Acosta reiteró que la función asignada a la Contraloría era atípica a un órgano de fiscalización, que el formato parcial de las liquidaciones no permitía oportunidad e integridad y que el control sobre los partidos políticos era parcial y no contribuía con la transparencia y publicidad.