DEA seguía pista de vinculados al Cártel de Sinaloa desde noviembre
La acusación formal (indictment) presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Wisconsin, contra cuatro sospechosos detenidos en Costa Rica por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa detalla cómo la Administración para el Control de Drogas (DEA) les seguía la pista de este grupo criminal desde noviembre de 2025, investigación que derivó en la solicitud de su extradición.
Se trata del mexicano José Kenji Takashima Montoya y de los costarricenses Leonel Carvajal Duarte, Ariel Antonio Castillo García y David Alberto Rodríguez Ramírez, quienes fueron capturados en diciembre del año pasado con un cargamento de 400 kilogramos de cocaína.
La acusación sostiene que, entre aproximadamente noviembre de 2025 y el 9 de diciembre de ese mismo año, en Costa Rica, México y otros lugares, los cuatro conspiraron de forma consciente e intencional entre sí y con otras personas para distribuir cocaína.
Según la acusación, actuaron con la intención, el conocimiento y motivos razonables para creer que la droga sería importada ilegalmente a EE. UU. Además del cargo de conspiración, también se les atribuye la distribución de estupefacientes, por lo que enfrentan dos cargos federales ante la justicia estadounidense.
En el caso específico de Carvajal y Rodríguez, la acusación también les atribuye la portación de armas de fuego para custodiar el cargamento de droga. Portaban al menos una pistola semiautomática marca Beretta y otra marca Taurus, ambas calibre .40.
El documento también contempla el decomiso de los bienes de los sospechosos. En caso de ser condenados, deberán entregar cualquier propiedad que constituya o derive, directa o indirectamente, de las ganancias obtenidas como resultado de los delitos investigados.
Asimismo, deberán entregar cualquier bien utilizado, o que se pretendiera utilizar, para cometer o facilitar la comisión de esos delitos, incluida una suma de dinero equivalente al monto de las ganancias obtenidas.
La acusación está firmada por Brad Schimel, fiscal de amplia trayectoria en Wisconsin, quien además ha ejercido como juez. Esa autoridad solicitó la extradición de los cuatro sospechosos por medio de la Embajada estadounidense, petición que ya es tramitada por la Fiscalía ante las autoridades judiciales costarricenses.
Los cuatro fueron capturados por la Fiscalía contra el Narcotráfico y oficiales de la PCD, en coordinación con la DEA, en las cercanías del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, cuando transportaban 400 kilogramos de cocaína ocultos en un doble forro de un vehículo.
En los otros automotores, las autoridades localizaron equipo especializado para operar pistas clandestinas de aterrizaje, entre ellos lámparas de señalización para vuelos nocturnos, radios de comunicación, combustible y llantas para avionetas.
Según la investigación, el destino final de la droga era Norteamérica. Los cuatro imputados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva en Costa Rica. Sin embargo, tras presentarse la solicitud de extradición, también quedaron sujetos a una detención provisional con fines de entrega.
El proceso permanece activo ante el Tribunal Penal de San José, que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos legales para autorizar la extradición a Estados Unidos.
Las pesquisas judiciales indican que la organización enviaba la droga en avionetas hacia México. La estructura criminal operaba desde la zona sur de Costa Rica, donde recibía cargamentos procedentes de Colombia para luego trasladarlos hasta Guanacaste y despacharlos por vía aérea.
De acuerdo con la investigación, el grupo funcionaba como una sofisticada estructura de apoyo logístico para narcoavionetas.
