Declaran ilegal la huelga en la Junta de Protección Social
DECLARAD ILEGAL TAMBIÉN EN EL CNP, EL MIVAH, LA CNE, LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA Y EL BANCO CENTRAL
Huelga inició el pasado 10 de setiembre (CRH)
La Junta de Protección Social (JPS) es la sexta institución pública en la que se declara ilegal la huelga convocada por los sindicatos en contra de la reforma fiscal. Así lo resolvió la jueza del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Siany Barboza.
La tarde de este miércoles 26 de setiembre, la jueza resolvió declarar ilegal el movimiento convocado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT). Además ordenó a los sindicatos sindicato a pagar un millón de colones por las costas personales y procesales.
Según la juez, la huelga incumple 2 requisitos establecidos en el Código de Trabajo para que sea legal. El primero de ellos es que los sindicatos no lograron comprobar que contaban con el apoyo mínimo requerido. Segundo, no constó que el proceso de conciliación con el Gobierno se haya agotado antes de hacer el llamado a las calles.
"El incumplimiento de 2 requisitos previos y/o de forma que imposibilitan continuar con el análisis de los demás requisitos exigidos, en el tanto el solo incumplimiento de uno de ellos produce la ilegalidad del movimiento (…) Por todo lo expuesto, se declara ilegal la huelga promovida por la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) en la Junta de Protección Social", resolvió Barboza.
Con la Junta ya son 6 las instituciones en las que se declara ilegal este movimiento. La lista la completan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Municipalidad de Santa Ana, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Producción (CNE).
Este miércoles el presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, solicitó aplicar oportunamente las reducciones salariales a los funcionarios de la institución que han participado en la huelga. El 12 de setiembre 78 de 518 funcionarios se unieron al movimiento y después solo un funcionario al día se ausentó al trabajo.
Ahora los sindicatos involucrados tienen 3 días para apelar esta sentencia. De ser así, será una autoridad superior la que resuelva definitivamente. Si no es así la sentencia de Barboza quedaría en firme.