Defensora condena intento de cierre y señala “cálculos políticos”
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, condenó las intenciones iniciales del Poder Ejecutivo-que finalmente no se concretaron- de incluir el cierre de la Defensoría de los Habitantes en el referéndum sobre el plan Jaguar.
Este martes, Cruickshank censuró lo que llamó "un juego de cálculos políticos" con los derechos de los ciudadanos y dijo que no se debe permitir que en el país se busque debilitar a los órganos de control.
"La Defensoría hoy más que nunca tiene el respaldo de la sociedad civil organizada, con quienes hemos hecho sinergias, en aras de proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables. En un Estado abierto, transparente, democrático y que rinda cuentas, la Defensoría y todos los demás órganos de control, son más necesarios que nunca. No se debe permitir el debilitamiento de los órganos de control que posee nuestro Sistema Democrático y mucho menos que los derechos de las personas se conviertan en un juego de cálculos políticos", zanjó la defensora.
La defensora señaló que Costa Rica se ha caracterizado por su férrea defensa de los derechos humanos y por la independencia de su sistema institucional.
"Costa Rica tiene un legado histórico en la defensa de los derechos humanos y así se le reconoce en el mundo, precisamente por disponer de órganos independientes y de larga trayectoria, que permiten que esos pesos y contrapesos sean el soporte fundamental del sistema democrático", añadió.
Añadió que, en el caso de la Defensoría, en abril de este año fue reacreditada como Institución Nacional de Derechos Humanos clase A, luego de ser evaluada por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI).
"No tenemos ninguna versión oficial que nos indique que existía el riesgo de incluir a la Defensoría en este proyecto, sin embargo, sería muy grave proponer el debilitamiento o cierre de un órgano de control de legalidad y defensor de los derechos de miles de personas que acuden año tras año a la institución, porque consideran que el Estado violenta sus derechos, de manera que la institución defensora debe intervenir para que se garanticen sus derechos. La sola posibilidad de plantear una idea de esa naturaleza, constituye una señal incorrecta en el fortalecimiento de nuestra democracia ya que debilitaría los órganos que realizan control sobre las actuaciones de las instituciones y la defensa de la dignidad de todas las personas", dijo la defensora.
¿Qué pretendía el Ejecutivo con la Defensoría?
Este martes en el programa radial Hablando Claro, de Radio Columbia, el abogado constitucionalista, Manrique Jiménez Mesa, aseguró que el gobierno consideró el cierre de la Defensoría de los Habitantes dentro de una propuesta inicial de referéndum.
Finalmente, la iniciativa se descartó y no se incluyó dentro del plan Jaguar.
El abogado explicó que la idea de cerrar esta institución constituía un retroceso en defensa de derechos humanos.
Jiménez Mesa rechazó la propuesta del Gobierno para integrar el grupo que participó en la propuesta final del referéndum, ya que consideró que la reducción de las potestades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.
El grupo que hizo la propuesta estuvo integrado por el exdiputado y excandidato a la Presidencia del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth; el abogado, exdiputado y excontralor general, Álex Solís Fallas; los penalistas y exministros José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro; así como el constitucionalista Fabián Volio y la exsubcontralora Sylvia Solís, quien es asesora de la diputada oficialista Pilar Cisneros.