Texto sustitutivo a propuesta gubernamental

Defensoría advierte riesgos con proyecto que pretende salvar a Japdeva

Pablo Rojas [email protected] Agosto 27, 2019  11:28 am

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  • Posible inconstitucionalidad con exclusión en procesos de contratación administrativa
  • Gobierno procura reducir planilla institucional de 1.186 a 400 para redirigir rumbo

(CRHoy.com). El texto sustitutivo al proyecto de ley que pretende reestructurar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no convence a la Defensoría de los Habitantes.

En un oficio con fecha del 14 de agosto, remitido a la Comisión de Gobierno y Administración, la defensora Catalina Crespo Sancho enumera una serie de inquietudes con el plan que procura “salvar” a la institución tras las arremetidas sufridas con la llegada de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de APM Terminals.

Para la Defensoría de los Habitantes es claro que la situación actual de la entidad no solo obedece a un asunto de competencia por la incursión de la compañía holandesa. También, es producto de la incapacidad acumulada ante la necesidad de conseguir más orden y eficiencia.

De igual manera, según el análisis, Japdeva sufre debilidades serias en materia de contabilidad separada de costos de la función portuaria y la gestión de desarrollo que le compete.

Asimismo, existe una recarga de los costos asociados con la planilla institucional, la inexistencia de planificación y evaluación de impacto en relación con la gestión de desarrollo de la provincia. Igualmente, hay problemas serios para lograr que los estados financieros auditados recibieran un dictamen positivo.

Para Crespo, uno de los aspectos que más preocupa tiene que ver con algunas propuestas imprecisas que hasta podrían rayar en lo inconstitucional. Por ejemplo, se menciona la posibilidad de excluir a la entidad de los procesos de contratación administrativa, “no sólo porque podría resultar inconstitucional, sino porque abre portillos sumamente graves para problemas de corrupción y tráfico de influencias”.

“Llama la atención de la Defensoría que las competencias asignadas a Japdeva que están exceptuadas de los procedimientos ordinarios de concurso previstas en el marco normativo general de la contratación administrativa, podrían ser muy amplias e indefinidas dado que el inciso a) permitiría a la institución realizar cualquier forma de asociación empresarial dentro o fuera del país sin apego a los procedimientos de la contratación y el inciso b) también permitiría a la entidad vender cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias; contratación que también se haría fuera del marco de las normas y principios de la contratación administrativa”, citó la funcionaria en el oficio, quien recalcó que los regímenes de excepción en materia de contratación administrativa deben estar justificados en circunstancias muy calificadas.

Más dudas

El plan del gobierno es que la institución reduzca su planilla mediante distintas opciones (como un plan de movilidad, propuestas de prejubilación o la bonificación por cese laboral). Actualmente, la junta tiene 1.186 funcionarios y la idea es que pase a contar con 400.

Tras los cambios en el esquema portuario del país, Japdeva pretende redireccionarse hacia nuevos negocios que le permitan alcanzar la sostenibilidad.

“Preocupa a la Defensoría de Habitantes que tanto el proyecto de ley original, como el texto sustitutivo en análisis, no hayan sido acompañados al menos de estimaciones sobre cuánto podría ser el costo asociado con las indemnizaciones, estímulos o incentivos ni la fuente de los recursos requeridos para ello. Situación análoga ocurre con los gastos asociados a la prejubilación planteada en la propuesta.

“A esa carencia de proyecciones, se une el hecho de que la propuesta de ley no otorga ninguna certeza en cuanto a la disponibilidad de los recursos requeridos, pues la única disposición que el texto en análisis contempla en materia de recursos para Japdeva, es la autorización del traslado de recursos superavitarios desde instituciones públicas a Japdeva, en calidad de préstamo con condiciones de pago sumamente blandas, pero ello no es garantía efectiva de que Japdeva recibirá los recursos que se requieran”, puntualizó Crespo.

Por otra parte, la Defensoría cree que el Estado debe asumir el compromiso y la responsabilidad –a través del proyecto de ley- en capacitar a los extrabajadores de la junta que se acojan al pago del incentivo por salir de la institución con “ideas productivas o de emprendimiento que le ayuden a estas personas a crear sus empresas y reactivar la economía en la provincia de Limón”.



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