Defensoría pide cuentas a Ministerio de Justicia sobre 10 metas de seguridad
Solicitan aclarar proyección de homicidios y recursos sin usar en 2023
La Defensoría de los Habitantes le pidió cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, sobre el cumplimiento de 10 objetivos de seguridad que incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollos 2023-2026.
Dado que la ola de inseguridad y las cifras históricas de homicidio se han convertido en el mayor desafío que enfrenta el país, la Defensoría solicitó a esa cartera un informe con las acciones programadas, un calendario a cumplir y a lista de funcionarios responsables de las 10 metas.
La principal está relacionada con el número de homicidios que esperaba el Poder Ejecutivo en 2023, en comparación con la cifra real. El Plan Nacional de Desarrollo proyectaba una cifra de 545 asesinatos, pero el año pasado cerró con una estadística mucho más mortal: 907 en total.
Por eso, la Defensoría, le demandó al jerarca Gerald Campos, como ministro rector del sector seguridad ciudadana y justicia, explicar qué está haciendo para cumplir con sus responsabilidades, y así revertir la tendencia de las muertes dolosas.
Otro punto en duda es la falta de ejecución de recursos en materia de seguridad ciudadana y justicia que también están bajo la lupa: solamente se ejecutó el 62% del presupuesto disponible para el 2023.
En otras instancias, requirieron datos sobre los retrasos en la construcción de 8 delegaciones policiales.
El Ministerio de Planificación (Mideplan) detectó atrasos en el diseño, adjudicación y construcción de las sedes, dado que la Fuerza Pública modificó criterios sobre cantidad de funcionarios por albergar, a que un contratista abandonó una obra y al aumento en los precios de construcción y consecuente insolvencia financiera.
La Defensoría también busca conocer las acciones que efectuará el Gobierno para actualizar la meta de otorgar permisos de trabajo a personas solicitantes de refugio.
Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRHoy.
La medición del porcentaje de privados de libertad que participan en procesos de reinserción social integral. El año pasado, esa información no se brindó bajo la justificación de cómo se registra.
Tampoco hay claridad sobre las acciones para replantear, dotar de recursos y ejecutar un proyecto para prevenir la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El propio Mideplan detectó falta de avance por deficiencias en el diseño, la falta de recursos y a
la suspensión de convenios para asignar "personal a préstamo" a esa propuesta.
Adicionalmente, están pidiendo cuentas sobre las necesidades económicas que tiene la iniciativa de atención a mujeres víctimas de violencia, dado que no hay suficiente capacidad para atender al menos 600 mujeres víctimas de violencia atendidas, dada la tardanza en la contratación de profesionales.
Otros temas son la instalación de "Puntos Violeta" para mujeres víctimas de violencia, la insuficiente participación de privados de libertad en actividades ocupacionales remuneradas en las regiones Brunca y Huetar Caribe, así como la implementación de programas para reforzar la efectividad policial.
Ayer lunes, la Defensoría de los Habitantes informó que también revisará los resultados de la política de seguridad lanzada por el Gobierno de Rodrigo Chaves, llamada "Costa Rica-Segura Plus 2023-2030".
De entrada, esta entidad manifestaron 11 inquietudes respecto al avance y ejecución de dicho plan.