Del ICE a la Sala IV: esto proponen los candidatos para reformar el Estado
La discusión sobre cómo transformar el aparato estatal se ha convertido en uno de los ejes centrales de la campaña electoral. Desde la descentralización y la digitalización hasta reformas profundas en el sistema de justicia y la lucha contra la corrupción, los cinco aspirantes a la Presidencia con mayor respaldo presentan visiones distintas sobre el rumbo que debe tomar el Estado costarricense.
A continuación, un repaso por los principales planteamientos en materia de reforma del Estado de cada uno de los candidatos.
Álvaro Ramos, Liberación Nacional
En materia de infraestructura y transporte, propone la creación de un órgano descentralizado rector del transporte público que sustituya al Consejo de Transporte Público (CTP) y al Tribunal Administrativo de Transportes, e incorpore al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en su estructura. Además, busca modernizar el marco legal de la obra pública para agilizar las expropiaciones.
En el ámbito sectorial, plantea reconstruir la institucionalidad agroalimentaria fortaleciendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como ente rector técnico y transformando estratégicamente al Consejo Nacional de Producción (CNP).
En vivienda, propone una ley constitutiva del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) que clarifique su rectoría sobre la planificación urbana y territorial.
En cuanto a la gobernanza de servicios públicos, busca adaptar la estructura del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que sea más flexible y ágil, facilitando alianzas público-privadas, y propone reactivar el Consejo de Seguridad Nacional.
Entre sus propuestas destaca una reorganización administrativa que incluye una reestructuración integral de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Dirección General de Armamento.
Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana
En modernización y digitalización, propone consolidar una entidad ejecutora única para la rectoría de la transformación digital, con autonomía técnica, y promover reformas legislativas para fusionar entidades con duplicidad de competencias.
En el ámbito judicial, plantea eliminar la elección vitalicia de las magistraturas y establecer un sistema que reduzca la injerencia política. También propone una reforma democrática de la DIS para que se enfoque exclusivamente en inteligencia estratégica y no en vigilancia política, con rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa.
En descentralización, impulsa el traslado de competencias a las municipalidades para la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa, eliminando la figura de las juntas de educación en esta tarea.
Entre sus reformas institucionales específicas, propone transformar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en una empresa pública de energías limpias y una reforma estructural del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para convertirlo en una institución moderna, eficiente y descentralizada.
Juan Carlos Hidalgo, Unidad Social Cristiana
Plantea una reforma judicial profunda que incluye la separación del Ministerio Público del Poder Judicial y su unificación con la Procuraduría, bajo la supervisión de la Asamblea Legislativa. También propone crear un "Ejecutivo Judicial" independiente para que los magistrados se dediquen únicamente a labores jurisdiccionales.
En la Contraloría General de la República, busca reequilibrar sus funciones para reducir el énfasis en los controles previos y fortalecer el control posterior, con el objetivo de evitar que los procesos de contratación se entorpezcan.
En vivienda y turismo, propone la fusión del Mivah y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en una sola institución rectora de política pública y urbanismo, así como transformar al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en un ente público no estatal con gobernanza público-privada.
En servicios públicos, plantea una intervención ejecutiva directa en el ICE y el AyA para sanear sus finanzas y mejorar su dirección técnica. En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), propone separar institucionalmente el Seguro de Salud del Seguro de Pensiones.
Laura Fernández, Pueblo Soberano
Propone una nueva Ley de Administración Pública para simplificar trámites, eliminar duplicidades normativas e incorporar la digitalización total de los procesos administrativos.
También plantea una ley que obligue a realizar estudios de reestructuración integral en todas las instituciones del Estado, con el fin de eliminar funciones duplicadas.
En materia judicial y legislativa, propone establecer un plazo máximo de 10 años para las magistraturas y dotar de autonomía a la Sala Constitucional para que no dependa de la Corte Plena. Además, impulsa una reforma profunda al Reglamento de la Asamblea Legislativa para mejorar la deliberación técnica.
En gestión de servicios, propone transformar el AyA mediante una reforma estructural que modernice su gestión administrativa y sus marcos jurídicos. En energía, plantea la apertura del mercado eléctrico para fomentar la competencia y reducir precios.
Ariel Robles, Frente Amplio
En renovación democrática y control político, propone restituir la prohibición absoluta de la reelección presidencial, eliminar las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas y fortalecer la rendición de cuentas legislativa mediante la moción de censura y mecanismos de interpelación directa. También apoya que los diputados pierdan su cargo por violaciones al deber de probidad.
En el sistema de justicia, plantea eliminar el nombramiento político de las magistraturas, descongestionar la Sala Constitucional mediante tribunales especializados de primera instancia, separar las funciones jurisdiccionales y administrativas y crear un "Ejecutivo Judicial" independiente. Asimismo, propone unificar el Ministerio Público y la Procuraduría en una sola institución adscrita a la Asamblea Legislativa.
En transparencia y lucha contra la corrupción, impulsa declarar imprescriptibles los delitos de "gran corrupción", crear un tribunal penal especializado en crímenes de corrupción y financiamiento electoral, hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios y facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones tributarias.
En reestructuración institucional y servicios públicos, propone integrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) al Ministerio de Seguridad Pública como un órgano civil de inteligencia estratégica.
Sugiere eliminar las juntas directivas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para trasladar recursos y personal al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); transformar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en una empresa pública de energías químicas limpias y fortalecer al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
En ética y austeridad, plantea recortar un 25 % el salario del presidente, ministros y viceministros; congelar las remuneraciones de los altos mandos por cuatro años; renunciar a privilegios como las pensiones de expresidentes y prohibir el nepotismo en la Administración Pública.