Delatores encubiertos, compras controladas, grabaciones y viaje: la investigación de DEA contra Macho Coca
La acusación penal por la que se pidió la extradición de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, hacia Estados Unidos, surgió de una investigación sobre una organización de tráfico de drogas (OTD) que era dirigida por él y que fue identificada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La estructura, con sede en Costa Rica, operó aproximadamente entre marzo de 2022 y agosto de 2023, o alrededor de esas fechas, y se habría conformado como una asociación delictiva para importar, fabricar, poseer con la intención de distribuir grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia EE. UU., según el expediente judicial en manos de CR Hoy.
Durante la investigación, las autoridades policiales identificaron a Bell Fernández como el líder de la organización, quien habría conspirado con al menos otras cuatro personas.
Según la acusación, estos habrían participado en la importación, fabricación y posesión de cocaína con intención de distribuirla en territorio estadounidense. Posteriormente, al menos dos de ellos se convirtieron en fuentes confidenciales de la DEA.
Además, participaron en comunicaciones electrónicas, telefónicas y reuniones presenciales junto con Macho Coca.
Estas dos personas, bajo la dirección de la DEA, se hicieron pasar por asociados de una red internacional de tráfico de drogas que supuestamente distribuía toneladas de cocaína en EE. UU. para su posterior redistribución.
En marzo de 2022, o alrededor de esa fecha, miembros de la organización iniciaron conversaciones con una de estas personas, sobre la compra de grandes cargamentos de cocaína que pretendían transportar a través de suelo costarricense para supuestos clientes de ese sujeto en Nueva York y otros lugares.
Durante estas conversaciones iniciales, la mayoría de las cuales fueron grabadas en audio, los miembros de la banda confirmaron que Bell Fernández era el líder y que podían proporcionar cargamentos de varias toneladas de cocaína.
Tras varias semanas de conversaciones con miembros de la estructura narcotraficante, estos presentaron a Macho Coca como el "padre" o líder del grupo.
En los meses siguientes, el agente encubierto habló directamente con Bell Fernández en múltiples ocasiones, tanto en persona como por teléfono, para negociar los términos de una asociación de distribución de cocaína.
Durante esas conversaciones, Bell Fernández confirmó —entre otras cosas— que tenía los medios para sacar toneladas de cocaína fuera de Costa Rica y afirmó que su organización podría coordinar la venta de una muestra de droga al confidente encubierto antes de concretar posibles transacciones de mayor escala.
Tras negociar la compra de esa muestra, en febrero de 2023 o alrededor de esa fecha, y con la aprobación de Macho Coca, un miembro de la organización criminal entregó al confidente una muestra de un kilogramo de cocaína en Costa Rica, a cambio de aproximadamente $6.000 en moneda estadounidense.
Luego de esa transacción, el confidente continuó las conversaciones con Bell Fernández y otros miembros de la organización acerca de la posible asociación para distribuir cocaína a gran escala, que habían estado negociando.
A inicios de agosto de 2023, los informantes se reunieron con Bell Fernández en Costa Rica para continuar las conversaciones sobre un posible negocio de cocaína.
Durante esa reunión, Bell Fernández y los encubiertos discutieron que el primero proporcionaría aproximadamente 700 kilogramos de cocaína, los cuales eventualmente serían transportados hasta la ciudad de Nueva York.
Posteriormente, Bell Fernández accedió a reunirse con sus supuestos compradores en Panamá para recoger el dinero del acuerdo. Todo esto fue ratificado por un agente especial de la DEA, quien rindió una declaración jurada sobre las investigaciones seguidas contra Macho Coca.
Toda esta acusación dio pie a una acusación formal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York denominada EE.UU. vs. "Macho Coca", por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.
Específicamente, se le imputan cargos de conspiración y posesión de cocaína con intención de distribución. Las indagaciones también sirvieron como base para una solicitud de detención provisional con fines de extradición, presentada por la Embajada de los EE. UU. en Costa Rica.
Futuro de la investigación
Tal como reveló CR Hoy en primicia este lunes, el Tribunal Penal de Limón rechazó la extradición de Gilberth Hernán de los Ángeles, considerado uno de los 12 grandes capos del Caribe costarricense.
La resolución, a la cual CR Hoy tuvo acceso, fue dictada este lunes a las 2:52 p.m. por el juez Jorge Arturo Sequeira Rodríguez.
El 5 de noviembre del año anterior, la Fiscalía General informó que, tras coordinaciones con la DEA y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se ordenó la captura del sujeto de 62 años para someterlo al proceso de extradición.
Fue denegada principalmente porque los hechos criminales por los que era requerido —entre marzo de 2022 y agosto de 2023— son anteriores a la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, la cual entró en vigor el 28 de mayo de 2025.
La defensa del supuesto cabecilla alegó que la reforma constitucional al artículo 32 no puede aplicarse retroactivamente a hechos atribuidos antes de su vigencia, ya que ello afectaría derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas.
El juez acogió este criterio e indicó que la modificación del numeral constitucional solo puede aplicarse a hechos posteriores a la fecha de su publicación (28 de mayo de 2025), no a hechos anteriores.
Al denegar la extradición por motivo de nacionalidad y por el principio de irretroactividad de la ley, el Tribunal determinó que Costa Rica debe investigar y juzgar los hechos en el país, conforme a las leyes nacionales.
En consecuencia, se rechazó la solicitud de extradición, se dejó sin efecto la detención cautelar y el impedimento de salida del país asociados a esta causa, se canceló la orden de captura y se ordenó devolver el pasaporte, para que Macho Coca quedara de inmediato a la orden del Ministerio Público para su juzgamiento en Costa Rica.
El empresario ya permanecía recluido en el centro penal La Reforma desde octubre de 2024, cumpliendo prisión preventiva —otra figura de privación de libertad— luego de que se le vinculara al caso PetroCoke como presunto cabecilla de una red dedicada al robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Por esa causa continuará en prisión. Desde hace varios años, las autoridades estadounidenses lo perfilan como uno de los capos más influyentes del Caribe costarricense.
Hace casi dos años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como el primer costarricense incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que implicó el congelamiento de sus cuentas, bienes y operaciones.
Según el Departamento del Tesoro, la designación se realizó debido al "volumen de drogas que mueve y la violencia con la que opera", ya que habría desempeñado un papel clave en la transformación de Costa Rica en un importante centro de tránsito de narcóticos.
En el documento oficial que detalla su inclusión en la lista negra, el Tesoro lo describe como "uno de los mayores traficantes de Costa Rica, trasladando cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa".