Denuncia en Fiscalía a Rodrigo Chaves y Nogui Acosta por millonaria póliza de responsabilidad civil
Un ciudadano presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén por el caso del pago de la millonaria póliza de responsabilidad civil con el cual el Gobierno pretende favorecer – con recursos públicos- al mandatario y todos los miembros de su Gabinete en caso de demandas.
En su denuncia ante el Ministerio Público el ciudadano solicita que se investigue si Chaves y Acosta incurrieron en los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación al deber de probidad, influencia en contra de la hacienda pública, fraude de ley en la función administrativa, y legislación o administración en provecho propio.
El ciudadano que presentó su denuncia lo hizo de manera anónima, pues admitió que teme represalias en su contra.
En la denuncia se solicita, además, que ambos jerarcas se les aplique la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El denunciante expresó lo señalado por la Contraloría General de la República, abogados expertos en materia constitucional y los diputados de la oposición, en el sentido de que la responsabilidad civil y penal de los jerarcas del Gobierno y de los funcionarios públicos es personal y no se puede endosar al propio Estado y a todos los costarricenses con el dinero público.
"Se están desviando dineros públicos para un fin que no tiene sustento jurídico ni tiene un financiamiento aprobado por alguna ley de la República para dicho fin", dijo el ciudadano demandante.
Más de 4 días de silencio
La millonaria póliza por poco más de ¢248,3 millones que el Ministerio de Hacienda pretende contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS) fue revelada el viernes por crhoy.
Desde entonces, la oposición ha cuestionado este gasto, pues coinciden con la CGR de que la póliza debe ser pagada del peculio del presidente Chaves y de sus jerarcas y no con recursos públicos, esto con base en lo que dice la Ley de Administración Financiera de la República y los presupuestos públicos en su artículo 13.
La Contraloría dijo además que ya había pronunciamientos previos de su parte con relación a la obligación de los jerarcas de pagar estas pólizas de su propio peculio. Esos pronunciamientos fueron en mayo de 2022, cuando se le hizo la consulta desde la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y septiembre de 2019, cuando consultó en relación con lo mismo desde la Municipalidad de Cartago.
Según la documentación para la contratación de la póliza, esta será anual e incluirá gastos y costas legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas e incluirá a directores y oficiales retirados.
Incluirá los costos para fianzas, costos para atención de crisis, gastos para relaciones públicas y gastos para proteger la reputación de los asegurados, costos por procesos de extradición, costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles, costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de preinvestigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación, administradores no ejecutivos, entre otros.
Desde el viernes este medio gestionó una consulta con la Presidencia de la República acerca de los cuestionamientos alrededor de esta millonaria póliza, pero todavía no se recibe una respuesta.