Denuncian a exregidor de Desamparados por pedir favores sexuales a cambio de ayuda municipal
Denuncian a exregidor de Desamparados por pedir favores sexuales a cambio de ayuda municipal
Una vecina de Desamparados, identificada como Maureen Guzmán Mora, presentó una demanda contra la Municipalidad de Desamparados por un presunto caso de hostigamiento sexual atribuido al exregidor Mario Alberto Alvarado Jiménez, del partido Nueva República.
El proceso se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo y ya cuenta con fecha de juicio: el 4 de mayo de 2027 a las 9:00 a. m., luego de que se superaran las etapas preliminares del expediente.
De acuerdo con el abogado de la demandante, Randall Sibaja, los hechos se remontan a finales de 2020, cuando la familia de Guzmán enfrentaba una situación crítica debido a la crecida del río Damas, que provocó daños importantes en su propiedad ubicada en Fátima de Desamparados.
En medio de esta emergencia, la mujer buscó apoyo en la municipalidad. Según la versión del abogado, el entonces alcalde de Desamparados y actual diputado, Gilbert Jiménez, designó al regidor Mario Alberto Alvarado para atender el caso, realizar inspecciones y recomendar acciones.
Sin embargo, según la denuncia, lo que inició como una gestión institucional derivó en una serie de conductas inapropiadas por parte del funcionario.
Señalamientos de insinuaciones y condicionamientos
De acuerdo con Sibaja, el exregidor empezó a hacerle insinuaciones constantes a la vecina, sugiriendo encuentros personales bajo el argumento de que eso facilitaría o motivaría su intervención en el caso del río.
"Lo que se plantea es que él solicitaba favores de carácter personal a cambio de agilizar o mejorar la gestión municipal, cuando en realidad esa era su obligación como funcionario público", indicó.
El abogado señaló que es importante contextualizar que el esposo de la víctima es exagente judicial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que, al momento de los hechos, se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica compleja. Según indicó, el regidor aprovechó esa situación médica para ejercer presión psicológica sobre la víctima.
"El regidor aprovechó la circunstancia médica que atravesaba el esposo de doña Maureen para intervenir en su psiquis, indicándole que, efectivamente, su esposo no podía cumplirle, en alusión a que no podía hacerlo sexualmente, precisamente por la condición postoperatoria y física en la que se encontraba en ese momento".
Según la versión de la afectada, los acercamientos incluyeron mensajes, comentarios sobre su apariencia física, invitaciones insistentes a encuentros privados y conductas que ella calificó como invasivas, como la obtención de fotografías desde sus redes sociales.
Este medio tuvo acceso a capturas de pantalla de las conversaciones entre el exregidor y la denunciante.
Denuncia, presiones y proceso administrativo
Guzmán presentó formalmente la denuncia ante la Municipalidad de Desamparados el 22 de junio de 2021, tras lo que describió como una seguidilla de situaciones incómodas.
"Cuando yo había puesto la denuncia, me llamó una señora que presta la casa para las reuniones de Nueva República. Ella me dijo que tenía que quitar la denuncia porque decía que él es un hombre santo y su esposa es una profeta muy querida. Después de eso, me empezaron a llamar desde teléfonos privados para decirme que él era un santo y que yo actuaba como el diablo para dañar a ese hombre. Yo no reconocí la voz; a veces me llamaba un hombre y otras veces una mujer. Eran llamadas constantes", dijo Maureen Guzmán a CR Hoy.
Además, señaló que inicialmente percibió falta de avance en el trámite interno de la denuncia, hasta que otras instituciones intervinieron.
De acuerdo con su relato, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Defensoría de los Habitantes solicitaron explicaciones sobre el caso, lo que impulsó el proceso administrativo dentro de la municipalidad.
Finalmente, el Concejo Municipal llevó a cabo un procedimiento en el que determinó que los hechos denunciados sí ocurrieron, imponiendo al exregidor una sanción de suspensión por 15 días sin goce de dietas.
Demanda por responsabilidad institucional
Tras esa resolución, la afectada decidió acudir a la vía judicial mediante un proceso contencioso administrativo de conocimiento, en el que solicita una indemnización cercana a los ¢30 millones por daño moral.
Según explicó su abogado, la demanda se dirige contra la municipalidad bajo el principio de responsabilidad objetiva del Estado, al considerar que el exregidor actuó en ejercicio de su cargo.
"No se trata únicamente de una indemnización económica. Lo que se busca es que se establezca un precedente claro de que los funcionarios públicos no pueden utilizar su posición para obtener beneficios personales", señaló Sibaja.
El abogado agregó que el proceso ya superó fases como la presentación de la demanda, la audiencia preliminar y la evacuación de prueba, por lo que ahora se encuentra en la etapa final previa al juicio.
A la espera del juicio
Será en mayo de 2027 cuando el Tribunal Contencioso Administrativo conozca el caso en audiencia, donde se recibirán testimonios, se analizarán las pruebas y se determinará si existe responsabilidad por los hechos denunciados.
Mientras tanto, la demandante asegura que busca justicia más allá del ámbito económico, tras un proceso que, según afirma, tuvo un impacto significativo en su bienestar emocional y familiar.
CR Hoy contactó al exregidor; sin embargo, al identificarnos como parte de este medio, indicó: "Estoy muy ocupado y no puedo atender".
Al consultarle sobre una reacción a la denuncia, respondió: "No, gracias. Chao".
También se solicitó una declaración a la municipalidad del cantón. Señalaron que al tratarse de un caso que se encuentra en proceso judicial, la Municipalidad no emitirá declaraciones al respecto, en apego al debido proceso y en respeto a las instancias correspondientes
"En su condición de jerarca, la señora alcaldesa reitera que la Municipalidad de Desamparados se encuentra en contra de todo tipo de violencia y hostigamiento, y que las actuaciones institucionales deben desarrollarse dentro del marco legal correspondiente", aseveraron.