Denuncian sobreprecio de hasta $18 en cada GPS por parte del CTP
"Es una danza de millones de dólares", sentenció.
Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC hizo la denuncia.
El diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) denunció un sobreprecio para la compra de 1.700 tecnologías de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) por parte del Consejo de Transporte Público (CTP) para darle seguimiento a vehículos.
El legislador mostró en el Plenario un cuadro donde se especifican contrataciones realizadas sobre el servicio de GPS en algunas instituciones públicas, por ejemplo, el 27 de julio de 2017 se adjudicó a la empresa Geotrack, la cantidad de 12 dispositivos por un precio unitario de $14 para el área de Salud Mora-Palmichal.
7 días antes, el área de Salud de Naranjo, lo hizo para la compañía Satgeo, por un costo de cada GPS de $16, para un total de 11 dispositivos. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se adjudicó a la compañía Orión, 31 dispositivos por $13.96 cada uno y de $12.99 para Geotrack con tal de disponer de 203 unidades para la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega.
Sin embargo, el 1 de noviembre de 2017, se realizó la adjudicación al único proveedor: Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), por un monto de $31.65. En este caso, se trató de 1.700 GPS.
Abarca tomó como referencia los $12.99 otorgados a Geotrack para contrastarlos con lo dispuesto a Radiográfica, dando la diferencia de $18.66. Según denunció, si ese contrato se renueva, al final de los 4 años, se pagará $1.500.000.
"Es una danza de millones de dólares. Aquí es probable que esté resuelta una parte del déficit fiscal y les recuerdo que, el Gobierno Central en su mayoría, traslada esos recursos a instituciones autónomas, es decir, estamos haciendo el hueco más grande", reclamó el socialcristiano.
En los últimos meses, el legislador ha denunciado supuestos casos de sobreprecios en contrataciones públicas, entre ellas las otorgadas a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por los casos de factura electrónica (en ese caso, afirma que se pagaron $5 millones de más), así como el del centro de convenciones para la siembra de árboles (por $739 mil). En este último caso, la institución defendió que se trataba de $435 mil.
Abarca puja con estas denuncias, para que se convoque su proyecto de ley, el cual se tramita en la corriente legislativa mediante el expediente 21.014, "que busca restricciones al uso abusivo del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa".
"El proyecto está asignado a (la Comisión de) Económicos (que él preside) y no tiene dictamen, es decir, estamos en la posibilidad de hacerle mejoras pero señor Presidente (Carlos Alvarado), detenga esta fuga de dinero, es una locura de millones de millones de dólares que se fugan sin control", concluyó.