Departamento de Estado de EEUU señala acoso y autocensura por ataques de Chaves a la prensa
Detalla ataques e insultos de Chaves a la prensa y detractores
El reporte anual sobre Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló directamente los ataques del presidente Rodrigo Chaves y su gobierno a los medios de comunicación como un incremento en el "acoso y autocensura en línea".
El informe fue publicado durante este lunes 22 de abril y recopila en 35 páginas el comportamiento de los derechos humanos en Costa Rica, en una serie de evaluaciones que se realicen a nivel mundial.
En el documento se lee que ese "acoso y autocensura en línea" se produjo a raíz de “las reprimendas públicas de la administración (gubernamental) a periodistas, políticos de oposición y otros críticos".
El informe señala que las cuentas de redes sociales vinculadas al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, usaban la opción "me gusta" en aquellos contenidos en donde se "insultaba a sus oponentes".
El análisis del Departamento de Estado de Estados Unidos refiere también una "concentración de la publicidad pública" por parte de la agencia estatal del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Otro de los elementos señalados se vincula con una "reducción en los fondos de publicidad del sector público dirigido a los medios considerados críticos".
Violencia y acoso
El informe elaborado por Estados Unidos señala "violencia y acoso" debido a un incremento de los ataques verbales e intimidaciones por parte de funcionarios estatales contra periodistas desde el año 2022.
El documento citó el fallo de la Sala Constitucional del 23 de mayo de 2023 en el cual condenó al Estado por los ataques ocurridos en la conferencia de prensa de Chaves y Joselyn Chacón, exministra de Salud ocurrida en enero de ese año.
En aquella oportunidad se convocó a los medios de comunicación para hablar sobre las denuncias por el presunto pago a un trol para supuestamente atacar diputados y periodistas.
Chaves y Chacón llamaron mercenarios, canallas y sicarios políticos a periodistas que eran críticos con la línea de Gobierno.
En el documento se citaron los insultos y el uso de instituciones estatales para "ejercer presión económica" sobre los medios de comunicación.
"Hubo informes de funcionarios gubernamentales que acosaron verbalmente a ciertos medios de comunicación y periodistas específicos, así como el uso de recursos gubernamentales para castigar a ciertos medios por informar críticamente sobre la administración", detalla el informe.
Según indicó el informe, algunos medios de comunicación -entre ellos CRHoy- dejaron de enviar periodistas a la conferencia semanal de Chaves, en el cual citaron "acoso y preocupaciones de seguridad".
Cancillería responde
Por medio de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicaron a CRHoy.com que la mayoría de los informes emitidos por el Departamento de Estado son de carácter unilateral, es decir, no se consultan previamente con los países que se mencionan en ellos.
Precisaron que no conocieron el contenido del informe de previo, sino que fueron alertados por la Embajada de Estados Unidos acerca de su respectiva publicación unas horas antes de que se hiciera público.
“Costa Rica considera que infortunadamente este informe contiene una serie de apreciaciones puntuales que no fueron debidamente verificadas o constadas con la rigurosidad que se esperaría en un tema tan importante, pero de considerarse que requieren alguna respuesta por parte del gobierno de Costa Rica.
“Esta se tramitará por los canales diplomáticos oficiales correspondientes, siempre dentro del espíritu de diálogo y respeto que ha caracterizado las relaciones bilaterales entre los dos países”, indicaron desde Cancillería.
Desde Casa Amarilla instaron que el informe concluye el “compromiso histórico de Costa Rica con los Derechos Humanos”, sus constantes avances y los desafíos que el país aborda con base en la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Señalaron que el país es respetuoso de la soberanía de los Estados y del sistema multilateral de defensa y promoción de los derechos humanos, por lo que se firmaron casi la totalidad de los instrumentos internacionales en esta materia.
Corrupción
El informe de Estado de Estados Unidos señaló posibles preocupaciones sobre la presencia e influencia de organizaciones criminales transnacionales que generaron inquietudes dentro del sistema judicial, seguridad, municipalidades, gobiernos y la esfera pública en general.
Acerca de este capítulo, enumeró la acusación del Ministerio Público contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y 4 miembros de su administración por supuestamente participar en una transferencia de fondos gubernamentales a un banco estatal "para tergiversar la liquidez financiera".
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó una acusación formal contra Solís Rivera por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública por el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
CRHoy.com contactó a Luis Guillermo Solís, expresidente de la República, quien señaló que “como el caso está judicializado y no habrá audiencia preliminar sino, hasta marzo del 2025, prefiero consultarle a mi abogado”.
“En estos momentos me encuentro valorando, junto con mi equipo legal, una respuesta sustantiva que emitiré mañana por mis redes sociales. Sin perjuicio de ello, la mención que se hace del caso Bancrédito es absolutamente omisa, pero además, no indica que el mismo se encuentra en curso, siguiendo el proceso judicial con toda normalidad, y esperando que se realice la audiencia preliminar en el mes de marzo de 2025. Todo ello en atención al debido proceso que por fortuna aún prevalece en nuestro país", agregó el exmandatario.
El informe cita también el allanamiento a un bufete de abogados el 17 de agosto, del cual en su momento fue socio director Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores, y cuyas diligencias formaron parte de las investigaciones por una supuesta estructura paralela para la campaña electoral de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PSD).
El caso en cuestión se tramita con el expediente 22-000116-1218-PE por el supuesto delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Ahí están imputados el presidente Chaves Robles, el canciller André y los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero del Partido Progreso Social Democrático (PSD).
La Fiscalía General de la República decomisó computadoras y estados de cuentas en ese allanamiento.
