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Desempolvan causa penal por millonaria y fallida refinería con China

Fiscala Navas reactiva expediente abierto, con poco avance, desde 2012

Por Pablo Rojas | 16 de Feb. 2018 | 12:04 am

Poco a poco, la gestión de Emilia Navas como fiscala general a.i. del Ministerio Público sacude el polvo existente en la investigación por posibles irregularidades en torno al fallido proyecto de la refinería china.

El caso, conocido como Soresco, fue abierto desde 2012. Pero, durante la gestión de Jorge Chavarría como fiscal general (2010-2017), el expediente no tuvo mayor avance al punto que a principios de 2017 (es decir, 5 años después) se mantenía en la etapa de análisis y recolección de pruebas.

Como muchos otros expedientes, agobiados por el polvo y la posible inacción,  la fiscala Navas ordenó revisar el expediente y aceleró la reactivación.

¿Qué se investiga? Posibles delitos de peculado, influencia en contra de la hacienda pública, prevaricato e incumplimiento de deberes. De momento, ninguna persona figura como imputada.

La fiscalía pretende aclarar la existencia de supuestas irregularidades en cuanto al contrato de ampliación y modernización de la refinadora de Moín, por cuanto aparentemente se han violentado condiciones establecidas en el Acuerdo de Empresa Conjunta (AEC), firmado por Corporación Nacional China de Petróleo Internacional (CNPCI, por sus siglas en inglés) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) desde 2009, "mediante el cual se creó la empresa Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco) S.A. (empresa destinada a impulsar el proyecto)”.

Ambas partes invirtieron $50 millones cada una en la conformación del capital social de Soresco.

Dentro de dicho acuerdo se estableció la realización de un estudio de factibilidad, con la finalidad de que éste determinara la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, a mediados e 2013, la Contraloría General de la República (CGR) frenó el avance del proyecto precisamente por irregularidades en la realización de dicho estudio.

La reactivación

Este 14 de febrero, el Ministerio Público confirmó que “actualmente se recolectan y analizan más pruebas, como parte de la reactivación del caso impulsado por la fiscala Navas”.

CRHoy.com supo extraoficialmente que se estarían contactando como testigos a exfuncionarios de Recope y Soresco, quienes conocieron de cerca la obra.

Este fallido proyecto, como lo reconoció la refinadora estatal en un proceso contencioso durante 2017, nació en la administración de Óscar Arias (2006-2010); se quiso ejecutar con Laura Chinchilla (2010-2014), quien siempre lo defendió a pesar de las críticas y se mantuvo en la primera mitad del gobierno de Luis Guillermo Solís, quien en principio lo retomó con el afán de darle continuidad.

De hecho Solís y sus jerarcas de Recope y del Ministerio de Ambiente y Eenergía (Minae) viajaron a China en varias ocasiones para renegociar el curso de la obra.

El 14 de abril de 2016, Recope y el gobierno anunciaron el interés de romper el vínculo con CNPCI y salir de la AEC. Eso motivó a la contraparte china a plantear un arbitraje internacional que deberá dirimirse en la Cámara Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés).

Sin futuro

Entre ese año y 2016, con cambio de gobierno incluido, ambas partes trataron infructuosamente de hallar una solución para continuar con la obra. Hubo reuniones, encuentros, acercamientos, pero nada…

El 2 de julio del 2013 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía allanaron Recope y Soresco, como parte de las pesquisas. Sin embargo, posterior a eso se conoció poco sobre el caso.

Más allá del futuro de la investigación penal, todo apunta a que el fallecido proyecto s resuelva mediante un arbitraje.

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