Desinterés de Presidencia en impuesto a importación de cemento “contagia” al Congreso

(CRHoy.com).- El desinterés de Casa Presidencial por poner a tributar a los importadores de cemento contagió a las actuales bancadas legislativas.

Por ahora no se vislumbra ninguna disposición para aprobar o impulsar la creación de un impuesto de un 5% al ingreso de la materia prima para la construcción.

Ni Casa Presidencial ni las bancadas legislativas tienen en su radar la propuesta de Ley de impuesto sobre la venta y autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado, que se tramita bajo el expediente N.º 19.732 y cuyo plazo para someterlo a votación vencerá el 6 de octubre de este año.

En el caso de la Presidencia, ni siquiera accedieron a contestar la consulta de este diario digital, hecha el 15 de julio al Ministerio de la Presidencia, sobre si el gobierno del presidente Carlos Alvarado tiene algún interés en promover el proyecto de ley durante el periodo de sesiones extraordinarias que abarcará todo el mes de agosto.

A pesar de que una de las tareas primordiales del Ministerio de la Presidencia es ser el canal de contacto entre la sede del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la Oficina de Comunicación de la cartera rechazó la consulta de CRHoy.com y pidió que la pregunta se dirigiera al Ministerio de Hacienda "por tratarse de un tema de impuestos".

Ante el silencio de Casa Presidencial, se procedió a enviar la consulta a Hacienda, sin que hasta el cierre de este reporte se hubiera obtenido una respuesta.

Desde que Carlos Alvarado tomó el mando del Gobierno, el 8 de mayo del 2018, el expediente no ha sido convocado ni una sola vez durante los dos periodos de sesiones extraordinarias que han transcurrido, ni en el de agosto del año pasado, ni en el que abarcó desde el 1.º de diciembre del 2018 hasta el 30 de abril del 2019,  confirmó la Oficina de Comunicación del Ministerio de la Presidencia.

Durante las sesiones extraordinarias—que transcurren durante seis meses al año—, Casa Presidencial controla la agenda de proyectos de ley que discuten los diputados.

Y, en los terrenos de estos, en Cuesta de Moras, tampoco se encontró abono para el proyecto N.º 19.732. La mayoría de bancadas mostraron total o parcial desinterés en la iniciativa que, hasta ahora, ha estado ausente en el debate.

El tema, coincidieron varios de los líderes de bancada consultados por este medio (fue imposible contactar a los voceros del bloque independiente Nueva República y del Partido Republicano Social Cristiano), se tocó superficialmente hace varias semanas durante una de las reuniones periódicas entre la Presidencia del Directorio Legislativo, sin que cosechara el apoyo suficiente para que se reactivara su debate.

"Lo vimos en la reunión entre las jefaturas de fracción y no se le ha priorizado para que entre al Plenario, entonces, yo no lo he llevado todavía a la reunión con la fracción para que fijemos alguna posición al respecto, de manera que no hemos decidido qué vamos a hacer con ese expediente. Yo no vi que existiera como una gran voluntad de priorizar el conocimiento del tema", declaró Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional.

Algo parecido declaró Nielsen Pérez, subjefa de fracción del partido en el Gobierno, Acción Ciudadana (PAC): "No hemos mostrado interés en ese proyecto, ni hemos mostrado interés en moverlo", dijo.

María Inés Solís, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que el proyecto no se ha visto en la fracción hasta ahora y aunque dijo que en el futuro contemplarán analizarlo no ofreció ninguna fecha.

Wálter Muñoz, jefe de fracción del Partido Integración Nacional (PIN), fue directo al contestar que su grupo de diputados no está de acuerdo en la creación de más impuestos, por lo que no está entre sus planes aprobar uno para la importación de cemento.

Silvia Hernández y José María Villalta, jefes de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA), respectivamente, fueron los únicos que mostraron interés por el proyecto, e incluso adelantaron que sus grupos los votarían a favor si el Plenario lo sometiera a debate.

"En principio estamos de acuerdo con el proyecto y estarían en total anuencia de renovarle el plazo cuatrienal de discusión. No hay un acuerdo de fracción como tal, pero de forma general hay un consenso a favor del proyecto, máxime que este busca nivelar la cancha en el mercado local de cemento y cobrar el 5% a la importación", consideró Hernández.

La diputada dijo que incluso su fracción aportaría la mayoría de sus votos para extender cuatro años más el plazo de discusión al proyecto, moción que presentó su diputado, Luis Fernando Chacón, en conjunto con el diputado del PAC, Mario Castillo.

Villalta, por su parte, dijo que el FA siempre ha apoyado el proyecto de ley N.º 19.732, que se presentó para su discusión desde el 2015 con la firma de 12 diputados. El proponente de la iniciativa fue el diputado Marco Vinicio Redondo, del PAC.

Y entonces sucedió el cementazo

Sin embargo, un mes después de que la iniciativa ingresó a la corriente legislativa, el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños—quien hoy está detenido mientras se le investiga por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito—, presionó a la Presidencia de la República para que frenara su avance en el Congreso pues estaba en desacuerdo con el cobro de un 5% de impuestos sobre la materia prima.

El apremio de Bolaños ocurrió el 2 y el 4 de noviembre del 2015, cuando se reunió con el entonces viceministro de la Presidencia encargado de asuntos legislativos, Luis Paulino Mora, para pedirle al gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) que no convocara el expediente N.º 19.732 a sesiones extraordinarias, como finalmente ocurrió.

Bolaños inició con la importación de cemento chino a principios del 2015 bajo la marca Sinocem, todo financiado con dos créditos por un total de $30 millones que le otorgó el Banco de Costa Rica (BCR) en circunstancias que aún son objeto de investigación.

Solo la Auditoría Interna del Banco detectó 19 irregularidades graves en el otorgamiento de los préstamos para el hoy imputado por el Ministerio Público.

En las citas de Bolaños con Mora, en Casa Presidencial, estuvo presente Víctor Hugo Morales Zapata, quien era en ese momento diputado del PAC, e hizo múltiples solicitudes a autoridades de Gobierno en nombre de Bolaños, según determinó una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa en su informe de mayoría.

En febrero de este año, la Procuraduría General de la República denunció penalmente a Morales Zapata por tráfico de influencias, por las presuntas gestiones que hizo en favor de los intereses de Juan Carlos Bolaños, como el freno de cualquier avance del proyecto de ley para gravar la importación de cemento que se vende en el país.

Desde entonces, el proyecto de ley no sale del bache en el que cayó. Incluso, la idea de crear el impuesto a la importación de cemento se satanizó. Recientemente el diputado Óscar Cascante (PUSC, Puntarenas) presentó un nuevo proyecto de ley para que en su provincia se cobre un 5% a la venta del cemento en bolsa y a granel que se produce en la planta de Cementos Fortaleza, en Esparza. Actualmente ese tributo se cobra solo en San José, Cartago y Guanacaste.

Empero, el parlamentario aceptó que no quiso incluir en el texto el cobro del impuesto a la importación del cemento por ser un asunto "polémico" que podría contaminar su iniciativa al punto de arriesgarla a entrabar su trámite por falta de apoyo político.

Desinterés por tributo no calza con aumento en importaciones

 

La desidia del Gobierno por impulsar un impuesto a la importación de cemento contrasta con el gigantesco aumento que experimentaron las importaciones de ese producto desde Asia, principalmente desde China, en el 2015.

El incremento coincidió con la decisión del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de emitir un nuevo reglamento para la importación de cementos hidráulicos con el objetivo de flexibilizar las reglas para la importación.

Antes del cambio, existía una norma que prohibía la venta en el país de cemento con más de 45 días de empacado. Ese plazo imposibilitaba la entrada a Costa Rica de cemento chino, pues el tiempo que se consume en su transporte es superior al de la prohibición que regía.

Sin embargo, a principios de marzo del 2015 el MEIC, bajo el mando del entonces ministro, Welmer Ramos, hoy diputado por Heredia en la bancada del PAC, varió las reglas del juego y eliminó el impedimento de comercializar en el territorio nacional cementos con más de mes y medio de fabricados.

Precisamente, el importador Juan Carlos Bolaños hizo gestiones ante el gobierno de Luis Guillermo Solís para que el MEIC variara las condiciones para que se le permitiera traer el cemento desde Asia.

Así lo intentó el 13 de febrero del 2015, cuando se reunió con Melvin Jiménez, quien ocupaba en ese momento el Ministerio de la Presidencia. El día 16 de ese mismo mes, Bolaños se reunió en Zapote con el abogado Marvin Carvajal, quien era entonces el director jurídico de Casa Presidencial.

Unos días antes, el 28 de enero de ese mismo año, Otto Guevara, legislador del Movimiento Libertario en el periodo 2014-2018, y amigo personal de Juan Carlos Bolaños, consultó a Welmer Ramos por la fecha aproximada en que su cartera pondría en vigencia el nuevo reglamento. Posteriormente el político negó que se tratara de una gestión para favorecer al importador.

Las presiones, sin embargo, parecían calzar milimétricamente con la decisión del importador Bolaños de enviar un primer cargamento de 7.000 toneladas de cemento desde China a Costa Rica. 

La compra se había despachado por barco dos meses antes de que el gobierno de Luis Guillermo Solís cambiara el Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos.

Tanto Luis Guillermo Solís, como Welmer Ramos y su sucesora en el MEIC, Geannina Dinarte, hoy jefa de asesores de la fracción del PAC, negaron en su momento que la variación en el reglamento tuviera su origen en presiones de Juan Carlos Bolaños.

En marzo del 2018, Dinarte contestó una consulta que le realizó el Parlamento sobre el expediente N.º 19.732 argumentando que el MEIC no lo consideraba "apropiado" porque la cartera había hecho "ingentes esfuerzos por dinamizar este mercado (el del cemento), eliminar barreras no arancelarias y propiciar una mayor competencia entre los agentes económicos".

"Además, dependiendo del país de origen de las importaciones (de cemento), están ya sujetas a regímenes arancelarios, algunos incluso dentro del marco de los tratados de libre comercio", concluyó.