Desorden en proyectos del AyA compromete servicio de agua
El desorden en la estimación de plazos y costos de proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Gran Área Metropolitana (GAM) compromete el servicio de agua en esta región del país.
La Defensoría de los Habitantes llegó a esa conclusión luego de revisar 103 inversiones en infraestructura ejecutadas por el AyA. El análisis incluyó la verificación de correspondencia de fechas de inicio y fin de proyectos entre matrices del Instituto junto con sistemas de la Contraloría General de la República (CGR).
La investigación encontró diferencias de años en un mismo proyecto. Por ejemplo, solo el 5% de obras muestra una fecha de finalización que corresponde con la ejecución. Otros 64 proyectos registraron fechas distintas de finalización en los documentos analizados. Algunos otros ni siquiera aparecen con un día de cierre.
Entre los documentos también hay incongruencias en el arranque de las obras. Por ejemplo, 43 inversiones tienen fechas de inicio diferentes y solo 26 son coincidentes.
En los casos más graves las inconsistencias llegan a sumar años. Un caso es el proyecto de agua potable en Higuito de Desamparados, donde la diferencia de la fecha de finalización es ocho años y 10 meses.
Los problemas también se observan en la comparación de costos. Los valores reportados para un mismo proyecto varían de forma abrupta sin una justificación técnica, según el estudio.
De los 103 proyectos, solo 65 registran algún monto en el listado de inversiones 2014-2023 del AyA. De ellos, apenas 8 mantienen el mismo monto al compararlos con otros documentos. Algunos proyectos incluso carecen de cifras estimadas.
Las diferencias se cuentan por millones de colones. Un ejemplo es la ampliación de la producción de agua potable en el acueducto de Puriscal, en el portafolio 2019-2025 se estimó en ₡5,2 millones, pero años después aparece con cifras de ₡26 millones y hasta ₡37 millones.
Señala falla estructural
El informe indica que las inconsistencias detectadas apuntan a una falla estructural en el ciclo de vida de los proyectos del AyA que compromete la prestación del servicio.
Para la Defensoría, estas inconsistencias sugieren varios problemas como ausencia de trazabilidad financiera, riesgo
de sobrecostos y debilidades de control interno.
Otro problema es que, sin registros consistentes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tiene limitaciones para validar las inversiones y evitar trasladar a los usuarios costos no comprobados.
En respuesta a la Defensoría, el AyA admitió que algunos "casos aislados" han experimentado demoras.
El informe reconoce que, en ocasiones, las diferencias de fechas pueden deberse a actualizaciones válidas de los proyectos. Sin embargo, la Defensoría refutó el argumento del AyA, pues consideró que el análisis evidencia que las inconsistencias se comportan como una regla de gestión más que una circunstancia excepcional.
El Instituto justificó que los atrasos corresponden a factores como la adquisición de terrenos, dificultades en las
licitaciones públicas o capacidad limitada de maquinaria disponible.
CR Hoy consultó al Instituto por las razones de estas inconsistencias, pero se está a la espera de respuesta.