Dictan 11 días más de prisión contra exjuez e investigados en caso Madre Patria
El exjuez Luis Venegas, los empresarios españoles Fernando Gómez y Unai León, los abogados Jonathan Chaves y Danilo Laiza, así como otros 13 sospechosos de integrar una organización dedicada al fraude registral y al lavado de dinero, deberán permanecer en prisión preventiva durante 11 días más mientras se define su situación.
Esta semana, los 18 imputados del caso Madre Patria fueron recapturados luego de que un Tribunal ordenara revocar la libertad que previamente les había concedido un juzgado, al declarar con lugar una apelación de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales.
Sin embargo, a los sospechosos únicamente les restaban cinco días de prisión preventiva por cumplir, ya que el resto del plazo se había descontado mientras permanecieron bajo medidas cautelares menos restrictivas.
Dos fuentes cercanas al caso confirmaron que el Tribunal dictó una prisión preventiva instrumental, una medida extraordinaria para mantenerlos privados de libertad mientras los abogados defensores se pronuncian sobre la solicitud de una nueva prórroga de prisión preventiva planteada por la Fiscalía.
La audiencia está fijada para la próxima semana. Originalmente, a los sospechosos se les impuso un año de prisión preventiva en julio de 2024, medida que posteriormente fue prorrogada.
Tras una serie de resoluciones judiciales, el 20 de febrero de 2026 un Juzgado Penal les otorgó la libertad y sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares, como la obligación de firmar periódicamente y el impedimento de salida del país.
El Ministerio Público apeló de inmediato esa decisión. El Tribunal declaró con lugar el recurso, anuló la resolución que les concedía la libertad y ordenó su captura inmediata para que regresaran a la cárcel y cumplieran el remanente de cinco días correspondiente a la prórroga anterior. Esto permitió a la Fiscalía solicitar una nueva prórroga extraordinaria de la medida cautelar.
Caso Madre Patria
Según la investigación, la organización identificaba propiedades de alto valor ubicadas en zonas como Guanacaste, Escazú y Orotina, principalmente pertenecientes a extranjeros o a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, quienes, por lo general, no se encontraban en el país o no ejercían posesión activa sobre los inmuebles.
Para ello realizaban consultas constantes en los sistemas informáticos del Registro Nacional con el fin de conocer el estado de las fincas. Además, presuntamente contaban con la colaboración de un funcionario de Migración, quien verificaba las fechas en que los propietarios extranjeros permanecían fuera de Costa Rica.
Posteriormente, reclutaban abogados y notarios públicos de confianza. De acuerdo con la investigación, estos profesionales abusaban de la fe pública para elaborar escrituras falsas, con o sin base matriz, e incorporarlas a sus protocolos notariales.
En esos documentos hacían comparecer falsamente a los legítimos propietarios para simular compraventas o el otorgamiento de poderes especiales a favor de miembros de la organización que actuaban como testaferros o "frenteadores".
Luego presentaban esos testimonios falsos ante el Registro Nacional para inducir a error a los registradores e inscribir las propiedades a nombre de sociedades controladas por la organización. En algunos casos utilizaban la figura del nombramiento de liquidador en sociedades disueltas o inactivas para apoderarse de sus bienes.
Una vez inscritos los inmuebles a su nombre, solicitaban créditos hipotecarios por montos elevados utilizando las propiedades como garantía o las vendían rápidamente a terceros para obtener dinero en efectivo.
Con el fin de ocultar el origen ilícito de las ganancias, adquirían bienes de lujo, especialmente vehículos de alta gama de marcas como Porsche, Maserati, BMW y Mercedes-Benz, los cuales eran inscritos a nombre de terceros o de sociedades.
Mediante negocios fachada, presuntamente mezclaban el dinero ilícito con los ingresos de empresas de transporte público, cuyas operaciones facilitaban el blanqueo de capitales debido al constante manejo de efectivo.
Otra modalidad consistía en el uso de criptoactivos. Para ello recurrían a especialistas que colocaban los fondos en billeteras virtuales, mediante plataformas como Bit2Me, con el propósito de adquirir criptomonedas, como bitcoin, y posteriormente convertirlas nuevamente en activos de apariencia lícita.
La investigación también señala que otra pieza clave del esquema era la corrupción. Presuntamente realizaban pagos indebidos y entregaban dádivas a funcionarios públicos de distintas instituciones, entre ellas la Judicatura, la Policía de Tránsito y el Consejo de Transporte Público (CTP), con el objetivo de garantizar la impunidad y la continuidad de sus operaciones.
Inicialmente, la investigación identificó a un grupo principal de al menos 14 personas. Sin embargo, con el avance del expediente, las intervenciones telefónicas y la acumulación de causas penales permitieron determinar que la organización criminal era mucho más amplia y compleja, al estar integrada por más de 50 personas investigadas, con funciones específicas que incluían puestos de dirección, mandos medios, notarios, testaferros y colaboradores.