Diferencias emergen a lo interno de los taxistas en medio de reclamos por Uber

(CRHoy.com). De pie frente a los carros que conducen, 2 taxistas de larga data discuten sobre la efectividad de las reiteradas manifestaciones contra la ausencia de regulación de las plataformas tecnológicas que fomentan el transporte privado de pasajeros (como el caso de Uber).

Discuten porque no saben qué hacer: si quedarse en el movimiento o regresar a las calles para trabajar y cumplir con la cuota diaria que les exige el dueño del vehículo y de la concesión.

No es un dilema sencillo. O se protesta durante varias horas, o se pierde tiempo crucial para recolectar la cuota que deben pagar al propietario (en el caso de ellos 10 mil colones diarios) y ver si queda algo más para sus bolsillos.

Ambos conductores, quienes prefieren no revelar sus nombres, confiesan que su patrón tiene más vehículos y sostienen que participan en los movimientos –como el desarrollado este martes en Sabana Oeste- porque él se los pide.

Esta discusión evidencia perfectamente lo que pasa a lo interno del movimiento de los taxistas. Existen 2 posturas a lo interno con visiones muy distintas: la de los choferes que le manejan al dueño de la concesión y la del concesionario (propietario del vehículo y de la placa de transporte público).

Los primeros son los que se sienten más afectados con la baja en los ingresos en virtud de la operación de Uber vigente desde hace 4 años. Incluso, al referirse a una eventual solicitud de indemnización, son claros en que "eso no les tocará a ellos y serán recursos que le corresponderán únicamente a los propietarios".

"Pase lo que pase, yo estoy dispuesto a trabajar en lo que sea. Aunque sea 'volar machete", dice uno de ellos.

También, hay otros taxistas que son cautelosos al ser consultados sobre los constantes llamados a manifestaciones y dudan de la efectividad de estas medidas.

"Yo vine porque mi patrón (el concesionario) me lo pidió", apuntó uno de los taxistas que observaba la concentración en las cercanías del estadio nacional.

Edgar Rodolfo Ortega Vargas, taxista de Pérez Zeledón, se desplazó este martes a San José para participar en el movimiento. Dice que lo hizo para respaldar el llamado de los líderes gremiales.

"Esto es un destrozo. Para mí están desbaratando el transporte público. En Pérez Zeledón y en otras partes del país están funcionando otras aplicaciones. Yo soy chofer, no soy dueño. Está muy difícil, por el hecho de que hay demasiado pirata. Con el proyecto que quieren aprobar, es para que el transporte privado quede a la libre", detalló el conductor.

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¿Cuál es el reclamo?

Rubén Vargas, líder de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), insistió en que la lucha es válida debido a que el proyecto de ley presentado por la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos pretende "liberalizar" el transporte público.

"Ellos lo que quieren es liberalizar el transporte. Quieren destruir el transporte de este país. Entonces, queremos que el pueblo escuche que si eso pasa, los dañados primero seremos los taxistas y después siguen ellos, con los precios a la libre del transporte de autobuses y del transporte privado, que es lo que pretenden estos señores", apuntó el dirigente.

¿Por qué la indemnización? Vargas sostiene que el taxista tiene un contrato de concesión con el Estado y se debe procurar mantener un nicho de trabajo para los transportistas.

"Si el Estado ha descuidado esto y el transporte ilegal ha crecido a la libre, es culpa del Estado lo que nos está pasando. De acuerdo a la Ley General de la Administración Pública, el Estado está en la obligación de hacerle frente a lo que venga", detalló el líder gremial.

La postura de los taxistas es clara: no respaldan los alcances planteados en el proyecto 21.687 y, si el texto se aprueba tal y como está, exigirán la inclusión de un transitorio que les garantice una indemnización de 20 millones de colones –para cada taxista- por los perjuicios presuntamente sufridos con la operación de Uber (vigente desde el 21 de agosto de 2015).

Como lo informaron en días previos, para los taxistas la propuesta que se tejería en la corriente legislativa debe contar –sí o sí- con los siguientes puntos: no a catalogar las plataformas como un servicio privado, no a dejar por la libre la cantidad de choferes que operarían mediante estos sistemas y no a dejar la fijación tarifaria a merced de las aplicaciones.

En el país existen unos 12 mil taxistas formales. Los cuales, se traducen en fuente de sustento para entre 30 mil y 45 mil familias. Así lo señaló Manuel Vega, director del CTP, a principios de agosto.

Desde que Uber comenzó operaciones en el país (el 21 de agosto de 2015) la situación del sector cambió de taxistas  radicalmente. Hoy, la compañía de capital estadounidense dice contar con 22 mil conductores y una cantidad de usuarios cercana a los 783 mil. Es decir, casi el doble de los taxistas que operan bajo concesión estatal.