Diputada del PUSC, fabricista e independiente se unen al oficialismo y blindan a Marta Esquivel por caso Barrenador
Comisión aprobó informe del chavismo sobre investigación por irregularidades en la CCSS
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo; la legisladora Olga Morera, del Partido Nueva República, y el diputado independiente Luis Diego Vargas se alinearon con el oficialismo para eximir de responsabilidad a la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, por las decisiones cuestionadas durante su gestión, entre ellas el denominado caso Barrenador.
Este martes, Carballo, Morera y Vargas dieron sus votos para aprobar el informe sobre la investigación de presuntas irregularidades en la CCSS, elaborado por el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós.
Según denunciaron diputados de oposición, el informe minimiza responsabilidades y relega las advertencias sobre la crisis que atraviesa la institución.
Además, señalaron que el documento libera de responsabilidad tanto a Esquivel como a la actual jerarca de la CCSS, Mónica Taylor, por la situación relacionada con el caso Barrenador, las listas de espera y la suspensión del portafolio de inversiones.
En las conclusiones del informe no se menciona a Esquivel, imputada por el Ministerio Público en el caso Barrenador, y se sostiene que los hechos cuestionados responden a situaciones que se han venido arrastrando durante años.
"En relación con el denominado caso Barrenador, el análisis técnico, documental y comparativo efectuado permite concluir que la controversia pública generada sobre supuestos sobreprecios en la adjudicación del procedimiento de contratación no tuvo su origen principal en la comprobación técnica consolidada de un daño patrimonial institucional, sino en inconsistencias en la generación, interpretación, validación y custodia de los estudios financieros utilizados por la Gerencia Financiera, particularmente por la Unidad de Contabilidad de Costos de la CCSS", señala el informe.
"Es un informe complaciente", dicen PLN y FA
La comisión legislativa que investigó la gestión y las presuntas irregularidades en la CCSS cerró su trabajo este martes en medio de un tenso clima político, marcado por acusaciones de complacencia y una mayoría alineada con el oficialismo, lo que, según la oposición, perfila la aprobación de un informe que minimiza responsabilidades y relega las advertencias sobre la crisis de la institución.
Tras un año y cuatro meses de audiencias, análisis documentales y comparecencias, los diputados aprobaron el informe presentado por el oficialista Daniel Vargas.
En contraste, la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, presentó un informe de minoría que, según ha señalado, fue construido en conjunto con otros despachos y plantea advertencias claras sobre gobernanza, decisiones administrativas y riesgos financieros. No obstante, la falta de apoyos suficientes lo dejó fuera del debate central que llegará al Plenario Legislativo.
El informe del despacho de Álvarez contó con el respaldo de la también liberacionista Paulina Ramírez y de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
Durante el proceso, la comisión analizó temas sensibles como el caso Barrenador, vinculado a la administración de 158 Ebáis por cooperativas privadas y a un presunto sobreprecio bajo investigación del Ministerio Público. También se revisaron el fallido sistema ERP, las listas de espera, la escasez de médicos especialistas y el portafolio de inversiones de la institución.
Tras la última audiencia, en la que compareció Marta Esquivel, Álvarez sostuvo que la responsabilidad política por las decisiones cuestionadas recae principalmente en la exjerarca hasta 2024 y que, a partir de enero de 2025, esa carga corresponde a Mónica Taylor.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, calificó el informe de Vargas como "complaciente con el Gobierno", al señalar que defiende a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva pese a la evidencia acumulada sobre el deterioro de la CCSS. La legisladora advirtió que el colapso de las listas de espera tiene consecuencias directas y letales: "La gente se está muriendo en el camino", afirmó.
Ramírez también cuestionó el manejo de la deuda del Estado con la CCSS, especialmente en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y alertó de que su impacto podría traducirse en pensiones más bajas. A su juicio, el informe oficialista reduce los hallazgos a "casos aislados" y omite recomendaciones correctivas reales.
Por su parte, María Marta Carballo, del PUSC, rechazó las críticas y defendió el documento como objetivo y técnicamente sustentado, al tiempo que acusó a Ramírez de politizar la discusión. Carballo recordó que los problemas de la CCSS no son exclusivos del actual Gobierno, sino que se arrastran desde administraciones anteriores, incluidas las del Partido Liberación Nacional y del Partido Acción Ciudadana.
Incluso citó apartes del informe para sostener que sí se señalan fallas del Ejecutivo, como el crecimiento de la deuda estatal y la paralización de proyectos hospitalarios estratégicos en Puntarenas y Cartago, pese a criterios técnicos en contra.
El informe aprobado pasará ahora a discusión en el Plenario Legislativo.