Diputada propone ampliar redes de cuido infantil
Menores de 18 años con discapacidad tendrían acceso a servicios
La diputada Catalina Montero (izquierda) impulsa la iniciativa. (CRH).
(CRHoy.com)- La diputada Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó un proyecto de ley que busca ampliar el rango de protección de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi).
El propósito de la iniciativa es que las personas menores de 18 años con discapacidad en situación de dependencia que presenten condición de vulnerabilidad social tengan acceso a los servicios.
Actualmente, la Ley de Creación de la Redcudi establece el servicio de cuido prioritariamente para niños menores de 7 años. Según la disponibilidad de recursos, se podría elevar el rango de edad hasta los 12 años.
No obstante, en el caso de las familias con menores de edad con discapacidad se hace de particular importancia que el servicio se extienda hasta los 18 años.
Según la legisladora, la medida fomentaría la inserción laboral de las mujeres porque, actualmente, cuando la madre encuentra trabajo es excluida del beneficio por razones de ingresos económicos.
"Aproximadamente, el 18% de la población costarricense presenta alguna condición de discapacidad. Por lo general, el cuidado de estas personas recae en madres, abuelas y hermanas, a quienes, si se les pudiese ofrecer alguna alternativa de cuidados y apoyos para las personas con discapacidad que tienen a su cargo, podrían aprovechar oportunidades de capacitación laboral, formación profesional y empleo" explicó Montero.
Dijo que de esta manera no solo se lograría mejorar las condiciones socioeconómicas familiares, aportar al proceso productivo y la reactivación económica del país, sino aumentar cifras en el empleo y cumplir con la obligación del Estado de facilitar que estas familias escapen del fenómeno conocido como trampa de la pobreza.
La diputada también propuso crear un sistema de ventanilla única de información actualizada para mejorar la oferta con la demanda, con el fin de facilitarle a las familias el acceso a los servicios, incluidas las familias dispuestas a pagar o valorar alternativas total o parcialmente subsidiadas.
Además, introduce una nueva regla que prohibiría excluir del sistema a personas menores de edad por motivo de mejoras transitorias en la situación económica de sus familias o si todavía persisten situaciones de vulnerabilidad documentadas.