Diputada propone intervenir comunicaciones para delitos de corrupción
Aplicaría en casos de cohecho, aceptación de dádivas y enriquecimiento ilícito
La reforma permitiría cerrar portillos a la impunidad en casos de corrupción. (Imagen ilustrativa).
Una reforma legal pretende que las autoridades puedan registrar, secuestrar y examinar documentos privados e intervenir las comunicaciones cuando se investiguen delitos de corrupción.
La iniciativa fue presentada por la diputada Patricia Mora, del Frente Amplio, en cumplimiento a las recomendaciones del informe de la comisión legislativa que investigó el caso del cementazo.
Actualmente, la ley solo permite el registro de documentos e intervención de las comunicaciones en los siguientes casos:
- Corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas menores para comercializar sus órganos.
- Homicidio, genocidio y delitos de carácter internacional de dirigir y formar parte de organizaciones dedicadas a traficar esclavos, mujeres, niños, drogas o estupefacientes o cometan actos de secuestro extorsivo o terrorismo.
- Aplica para telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales.
Con la propuesta, se ampliaría a estos otros casos:
- Delitos de corrupción de cohecho impropio, cohecho propio, aceptación de dádivas por un acto cumplido.
- Corrupción de jueces, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.
De acuerdo con el texto, la legislación actual que regula la materia es restrictiva, por lo que se hace necesario cerrar portillos a la impunidad.
"La trama de relaciones político-empresariales recientemente reveladas en nuestro país y que implican tanto a empresarios y al Poder Ejecutivo, como a diputados y dirigentes de varios partidos políticos, e instituciones públicas como el Banco de Costa Rica y al Poder Judicial, que ahora muestran señales de injerencias indebidas y posible comisión de delitos de corrupción, dan prueba de la inminente necesidad de reforzar las herramientas legales en el combate contra la corrupción, incluyendo los llamados delitos de corrupción de funcionarios públicos", se dice en la propuesta.