Diputado de gobierno irá a juicio la otra semana por ofrecer embajadas a Sofía Guillén
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia iniciará el próximo martes, a las 8:00 a.m., el juicio contra el diputado Alexander Barrantes Chacón, sospechoso del delito de penalidad del corruptor, por aparentemente haber hecho ofrecimientos indebidos a la diputada Sofía Guillén.
El debate estará a cargo de magistrados de la Sala de Casación Penal, al tratarse de un miembro de los Supremos Poderes, que debe ser juzgado mediante un procedimiento especial. Se realizará en jornadas de mañana y tarde, entre el 13 y el 16 de enero, en el edificio de la Corte.
El legislador oficialista, una de las fichas del mandatario Rodrigo Chaves en el Congreso, es señalado por un encuentro con la diputada del Frente Amplio, a quien le habría ofrecido cargos en la función pública a cambio de su apoyo para aprobar los eurobonos en 2022.
Los hechos se remontan al 9 de noviembre de 2022, cuando Barrantes solicitó a la legisladora un espacio para conversar sobre el proyecto de ley que pretendía autorizar al Ministerio de Hacienda a contraer deuda por varios miles de millones de dólares.
Durante la conversación, Barrantes le habría ofrecido puestos en el actual Gobierno o en embajadas —vacantes en ese momento— a cambio del respaldo del FA para avalar la emisión de deuda externa.
El fiscal general, Carlo Díaz, presentó la acusación formal hace un año, tras recibir la denuncia y concluir la investigación correspondiente. La pieza acusatoria fue revisada por los magistrados, quienes determinaron que cumplía con los requisitos para iniciar un proceso penal.
El Congreso debía decidir si levantaba la inmunidad que ampara a los miembros de los Supremos Poderes; sin embargo, el chavista renunció expresamente a ese derecho, por lo que el trámite avanzó con rapidez en Cuesta de Moras.
Luego de que Barrantes anunciara su renuncia a la inmunidad o fuero de improcedibilidad —que lo protege de procesos penales por su condición—, el Directorio Legislativo comunicó a la Corte el cierre del trámite. Desde entonces, el expediente permaneció en la Sala III.
La Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal establecen cómo debe tramitarse una investigación penal contra un miembro de los Supremos Poderes; en este caso, un diputado del Poder Legislativo.
A diferencia del proceso ordinario, no correspondió al Ministerio Público recibir la declaración del imputado, sino que esta fue tomada por un magistrado.
Tal como reveló CR Hoy, la Procuraduría General de la República, entidad que actúa como abogada del Estado, exigirá una indemnización de ₡10 millones en el juicio. La institución presentó una querella —o acusación particular— y una acción civil resarcitoria adjuntas a la acusación elevada por la Fiscalía General contra el legislador.
Cargos y embajadas: el escándalo
Era el último trimestre del 2022 y la discusión sobre la eventual aprobación de los Eurobonos estaba enfrascada. El gobierno y su entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta y la fracción oficialista a la cabeza, trataban de conseguir el apoyo para aprobar una autorización que permitiera al país endeudarse en el extranjero por $5.000 millones.
Reuniones y diálogos iban, de jerarcas a Cuesta de Moras y de diputados opositores a Casa Presidencial en Zapote. También en pasillos legislativos, se daban las negociaciones.
Barrantes Chacón contactó a la frenteamplista Guillén, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos que analizaba el proyecto de ley y una de las voces opositoras que más exigía controles al Poder Ejecutivo, para dar la aprobación.
Del encuentro no se supo mucho, hasta que cerca de cerrar la sesión del Plenario, la parlamentaria del Frente Amplio se levantó, pidió la palabra y públicamente denunció que Barrantes le ofreció puestos en el gobierno y embajadas para su partido, a cambio de los votos para los Eurobonos.
"Debo pedir la palabra por el orden para hacer una aclaración que creo que es necesaria que usted (Rodrigo Arias Sánchez) conozca, como presidente de este Congreso, y también el resto de fracciones y presentes.
Al inicio de esta sesión, el diputado Alexander Barrantes Chacón de Progreso Social Democrático, en ese sillón de ahí (señala), me ha ofrecido cargos, me ha ofrecido embajadas, a cambio de aprobar eurobonos.
Yo tengo el deber ético de decir que eso me ha dejado en shock, pero además me ha ofendido. La gente no me ha elegido para callarme esas cosas, así que lo voy a dejar constando aquí, en el Plenario", recalcó Guillén durante su breve intervención.
Al menos en su primera reacción- Barrantes Chacón nunca desmintió a Guillén Pérez, aunque luego intervino para defenderse, al señalar que había sido malinterpretado, pero a su vez, reconoció que estaba "negociando".
"Esas manifestaciones de la diputada Guillén Pérez me han ofendido enormemente. Sí, estamos en un proceso de negociación, y sí, es cierto que yo me acerqué a pedirle apoyo", indicó el legislador.
Agregó que él consideraba "interesantes" varias iniciativas de su fracción como las de "Hacienda Digital", la implementación de escáneres en puertos, así como la lucha contra la evasión y elusión fiscal, por lo que se acercó con el objetivo de buscar puntos de encuentro.
Al cabo de la sesión, el diputado investigado y la jefa de su fracción, Pilar Cisneros Gallo, negaron que hubiesen hecho un ofrecimiento como el denunciado. Incluso, la líder de la bancada oficialista destacó que su compañero no podía hacer tales propuestas porque él no es el canciller.
Al día siguiente, el mandatario Rodrigo Chaves Robles, calificó los señalamientos de"dimes y diretes", al tiempo que descartó que hubiese girado una instrucción a su congresista para hacer un ofrecimiento de ese tipo. Pese a esto, Guillén mantuvo su posición.
"Yo no soy tonta, verdad, la palabra embajada no hay forma de malinterpretarla".
Agregó que ella no buscaba ningún show con la denuncia, que más bien le parece incómoda, pero que lo hace público porque hay una responsabilidad ética de ellos de decirle a la población lo que ocurre en el Congreso.
Pocos días después de ventilarse el caso, el 16 de noviembre de 2022, la diputada Guillén interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General, contra Barrantes. El 22 de ese mes, se confirmó la apertura de una investigación y de recopilación de información para valorar lo expuesto por la frenteamplista.
Guillén fue citada por el fiscal general, Carlo Díaz, para dar una declaración de los hechos, el 29 de noviembre de 2023. Ese mismo día, el Parlamento autorizó a Hacienda la emisión de títulos valores de deuda en el mercado internacional (eurobonos).
Tras meses de investigación, el Ministerio Público acusó formalmente al congresista. La pieza acusatoria estuvo bajo revisión de los magistrados, quienes ratificaron que el proceso penal cumplía con los requisitos para ir a juicio, que ahora está por celebrarse.