Diputados aprobaron suspensión a anualidades de funcionarios públicos
Permitirá un ahorro de ¢44 mil millones por año, estima Poder Ejecutivo
(CRHoy.com) Este jueves en la tarde los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades de los funcionarios públicos en 2021 y 2022, a raíz de la débil situación fiscal desencadenada por la pandemia del COVID-19.
Este jueves a las 4:10 pm 32 diputados aprobaron el proyecto de ley 21.917, luego que desde el lunes la oposición del diputado del Frente Amplio, José María Villalta impidiera que se aprobara de una manera más ágil, como lo intentaron la mayoría de fracciones legislativas desde inicios de semana. Otros 8 votaron en contra de la iniciativa.
Durante todas las sesiones del Plenario Legislativo de esta semana Villalta monopolizó el uso de la palabra para defender 24 mociones de reiteración y de revisión para el proyecto de ley. Esto consumió gran parte del debate legislativo hasta este jueves que se logró aprobar el texto (ver nota abajo).
El proyecto de ley aprobado elimina el pago de anualidades a los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y órganos desconcentrados, así como a los poderes Legislativo y Judicial, sus órganos auxiliares y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Dichas instituciones no podrán presupuestar ningún monto para el pago de anualidades en el 2021 ni para el 2022.
El Poder Ejecutivo estima que este ahorro sería de ¢44 mil millones , los cuales se inyectarían al Fondo Nacional de Emergencias para atender la crisis por la pandemia.
En un inicio la idea del gobierno era eliminar el pago de dicho incentivo en el 2020, sin embargo, como dicha propuesta no se aprobó antes del 1 de junio cuando se aplicó el pago del plus, el Ejecutivo optó por pedir que se cancele el pago de los próximos dos años.
La medida se aplicará también en las entidades autónomas, las empresas públicas del Estado y las municipalidades, las cuales deberán reintegrar de forma íntegra al Ministerio de Hacienda, el dinero que hayan presupuestado para pagar ese rubro.
Hacienda solo podrá utilizar ese dinero para financiar gastos que, de momento, se tengan previsto sufragar con deuda interna.
El texto probado establece que, pese a que el beneficio no se pagará durante el 2021 y 2022, la evaluación del desempeño de los empleados públicos se mantendrá durante ambos años.
El segundo y último debate del proyecto quedó previsto para próximo martes 6 de octubre.
Debate acalorado y comparaciones molestas
El diputado José María Villalta del Frente Amplio (CRH).
La discusión del proyecto de ley para eliminar el pago de anualidades de los funcionarios públicos -por los próximos dos años- estuvo marcada por extremos, hubo desde risas incomodas y enojo de los diputados.
Durante cada una de sus intervenciones para oponerse al proyecto el frenteamplista Villalta criticó a los partidos y diputados que apoyaron el proyecto.
En algún momento, en medio de la molestia por no poder avanzar en la discusión, el diputado logró sacarle una que otra carcajada al resto de diputados menos a los de Acción Ciudadana (PAC). Villalta dijo que el partido oficialista es "un hijo" del hoy opositor, Liberación Nacional y los acusó de ser una agrupación política sin ideología política.
Luego Villalta la emprendió contra los legisladores de la Unidad Social Cristiana, a quienes cuestionó de no profesar una ideología socialcristiana.
El martes la discusión se acaloró cuando el liberacionista y expresidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides fustigó a Villalta por su obstrucción y fuera respaldado en su reclamo por otros legisladores.
En defensa de Villalta salieron diputados de Integración Nacional y la subjefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, quien acusó a Benavides de tener "aires de dictador" por haberse manifestado en contra de la demora generada por Villalta para aprobar el proyecto.
Las mociones de Villalta para modificar el proyecto buscaban reintegrar a los trabajadores, posteriormente, el pago de ese plus.
También buscaban excluir de la medida a los funcionarios públicos de las clases no profesionales y que se excluyera de la medida a los funcionarios con salarios menores a ¢840 mil.
Villalta también intentó excluir a los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud y a los diferentes cuerpos policiales.