La Asamblea Legislativa se encuentra a las puertas de aprobar una ley que sería "ruinosa" para el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) porque afectaría su patrimonio.

Se trata del proyecto de ley de protección y defensa de las personas trabajadoras del banco cuyo artículo 5 establece el pago de una bonificación adicional a los ex empleados y funcionarios del banco, además de las prestaciones legales.

La iniciativa, que fue dictaminada afirmativamente por la Comisión Especial de Cartago, podría recibir primer debate este jueves en el Plenario Legislativo, porque ya se encuentra bastante avanzada en su trámite de mociones.

Marco Hernández, interventor de Bancrédito, hizo la advertencia el 16 de febrero anterior cuando compareció ante los legisladores de la comisión especial que investiga créditos cuestionados otorgados por la banca pública.

"Lo que se dice ahí, como una posibilidad que se les dé algún tipo de indemnización a los empleados. Creo que sería bastante ruinoso para el banco porque ahí sí implicaría un monto muy importante que afectaría el patrimonio del banco", dijo en esa ocasión al contestar una pregunta del legislador Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Según sus estimaciones, el pago de la bonificación a aproximadamente 769 funcionarios de Bancrédito costaría entre ¢2 mil millones y ¢3 mil millones.

"Eso es un monto muy importante para el banco, siendo que es un banco que ahorita no genera una actividad financiera que le sea sostenible, por cuanto no tiene la liquidez para hacerlo. Además que no tendría la suficiente liquidez para hacer un pago de ese tipo. Habría que también programarlo en el tiempo y eso seguramente tendría que asumirlo el mismo Estado", amplió Hernández.

El artículo 5 de la propuesta indica que "los funcionarios y funcionarias que finalizaron o finalicen su relación obrero patronal, según los criterios indicados en el artículo 1 tendrán complementariamente derecho a la bonificación establecida en el artículo 25 inciso b) de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N.° 6955".

Esta última normativa establece que la Administración Pública podrá ofrecer el pago de prestaciones más una bonificación a los servidores que estime conveniente, si están de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector público.

La bonificación podrá ser hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados.

La iniciativa fue propuesta por los congresistas que representan la provincia de Cartago: Paulina Ramírez y Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), Emilia Molina y Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), y Francisco Camacho, del Frente Amplio.

Defiende pago

La diputada Ramírez defendió el pago de la bonificación y alegó que a los trabajadores de Bancrédito no se les despidió porque cometieran una falta o un error, sino por la negligencia con la que se manejó el banco.

"Los empleados han visto afectado su trabajo y sus expectativas de trabajo y pensión. Con este bono, amparado en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, se incentiva a que las personas se integren al sector privado, y no de nuevo al sector público, al tiempo que se les compensa la pérdida de ingreso que muchos de ellos han tenido durante varios meses", argumentó.

La legisladora sostuvo que el costo por el pago de la bonificación no sería de ¢3 mil millones, sino de ¢2.300 millones, casi ¢700 millones menos.

Manifestó que gran parte de los recursos girados por la indemnización regresarán a Bancrédito porque servirán para que los empleados puedan pagar créditos y obligaciones que adquirieron con la institución, y que actualmente no han podido cancelarlos.

"Existen varios proyectos que pretenden decidir qué hacer con los pocos restos que quedaron de Bancrédito, pero para ninguno existe humo blanco. Los empleados y sus familias no pueden seguir esperando a los largos tiempos de discusión entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno", agregó.

El diputado Redondo, por su parte, aseguró que el artículo 5 de la iniciativa tendrá que ser valorado por el Plenario Legislativo porque el congresista Otto Guevara, del Movimiento Libertario, planteó mociones de reiteración.

Añadió que se deberá estudiar si se mantiene o elimina, pero defendió el resto de la iniciativa a la que calificó como "conteste con el mismo banco".

Otros detalles

La iniciativa contempla también los siguientes aspectos:

• Ámbito de aplicación: tienen derecho a la indemnización correspondiente todos los funcionarios que a partir del 1 de enero de 2017 hayan finalizado su relación obrero patronal con Bancrédito y los empleados activos al momento de la aprobación de esta ley y hasta 4 años después, a consecuencia del proceso de reestructuración, fusión, reorganización, transformación o cierre del banco. Se exceptúa a los trabajadores despedidos por procesos disciplinarios.
• La indemnización correspondiente se liquidará en función de la antigüedad laboral acumulada.
• La liquidación se hará efectiva a la fecha de finalización de la relación obrero patronal o si resulta materialmente imposible, a más tardar 90 días naturales después. La administración del banco y las instancias correspondientes podrán hacerlo en un máximo de tres tractos mensuales.
• En caso de producirse retrasos no imputables a los trabajadores en la cancelación, el Estado deberá reconocerles el monto correspondiente a los intereses moratorios.
• El monto acumulado en cada una de las cuentas individuales, capital más intereses del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los empleados de Bancrédito, se devolverá en su totalidad a cada uno de los afiliados que finalizaron o finalicen su relación obrero patronal, independientemente de la fecha de su ingreso a la institución o cualquiera que sea el fondo de pensiones, siempre y cuando lo solicite expresamente el exfuncionario.
• Esta liquidación se llevará a cabo en un plazo de tres meses prorrogable hasta por tres meses más, mediante acuerdo de la Junta Administradora del Fondo.
• Bancrédito, su Junta Directiva y el Gerente General, así como las instituciones y empresas públicas, procurarán reinsertar laboralmente a todas aquellas personas trabajadoras que sean cesadas en empresas o instituciones públicas o privadas.
• A los funcionarios se les mantendrán invariables las condiciones de las operaciones de créditos formalizadas con Bancrédito en cuanto a tasas de interés, plazos y demás condiciones estipuladas en los documentos de constitución, indistintamente de la entidad financiera que adquiera las operaciones de crédito.
• Los pagos de los derechos laborales a los trabajadores, incluidos los intereses moratorios, gozarán de prioridad al momento de liquidar los bienes y activos de Bancrédito.

El proyecto incluye un transitorio único, según el cual a partir de la entrada en vigencia de la ley y hasta por un máximo de cuatro años después, se autoriza al Sistema Bancario Nacional a la contratación directa de ex trabajadores de Bancrédito.

El Consejo de Gobierno decidió el 25 de mayo de 2017 cerrar la operación comercial de Bancrédito por la crisis que arrastraba y el 22 de diciembre de ese mismo año el banco fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

El cierre de la operación comercial de Bancrédito es uno de los cuatro expedientes que investiga una comisión especial de la Asamblea Legislativa.