(CRHoy.com) –Ceder a presiones de grupos es inaceptable para la Asamblea Legislativa y menos retirar proyectos de ley que se encuentran en curso, como lo exigen sindicatos en un pliego de peticiones divulgado este lunes.

Así lo sostienen diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional (PRN), tras las demandas incluidas en el documento que circuló el llamado "Encuentro Social Multisectorial (ESM)".

Aunque suavizan un poco más sus declaraciones, legisladores del bloque independiente Nueva República y del Frente Amplio (FA) reconocen que en todo caso las iniciativas de ley en trámite no se pueden retirar por procedimientos parlamentarios.

Entre las demandas relacionadas con el quehacer legislativo, el ESM pidió lo siguiente:

• Retiro de todos los proyectos de ley que atenten contra las libertades sindicales y sociales.
• Retiro del proyecto de ley marco de empleo público.
• Retiro del proyecto de educación dual.

La primera iniciativa -que busca prohibir las huelgas políticas– será dictaminada este miércoles por la comisión especial que la tramita.

La segunda pretende establecer el salario único a todos los funcionarios públicos y se encuentra en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso mientras que la tercera, para permitir la modalidad de educación dual, es discutida en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

"Es inaceptable"

Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del Congreso, asevera que sería inaceptable que se pretenda desconocer la autoridad de los representantes populares e intentar que los temas del país no se debatan.

"La Asamblea Legislativa en una democracia es el foro natural para discutir los asuntos del país y, particularmente para hacer la legislación que se considere pertinente por parte de la mayoría. Por esa razón, jamás estaría de acuerdo en que, por la violencia de un grupo en la calle, se pretenda desconocer la autoridad de los representantes populares y mucho menos intentar que los asuntos del país no se conozcan. Eso es inaceptable y yo, por supuesto, no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia", declaró.

En una línea similar, se pronuncia el legislador Víctor Morales, jefe de bancada del PAC, quien asegura que no sería posible retirar las iniciativas de la corriente parlamentaria y que el Gobierno los ha tramitado mediante un esquema de diálogo y audiencias.

"Estamos hablando de diálogo, de construcción con participación de todas las partes involucradas. Por ahí va la dinámica. Aquí la palabra no es intransigencia. La palabra aquí es diálogo y trabajo con los sectores involucrados", expresó.

El congresista Erwen Masís, del PUSC, comparte la tesis de mantener una mesa de diálogo en la que se busquen los consensos, pero rechaza las pretensiones de que se retiren proyectos de ley por presiones de grupos.

"Retirarlos no. Retirarlos es una medida de presión que no es aceptada. Eso es como cohibirle a un ciudadano, y a un ciudadano que es diputado, la posibilidad de desarrollar una propuesta. No estoy de acuerdo con esa medida. Sería antidemocrático. Pero sí favorezco el diálogo", opinó.

El socialcristiano añadió: "Imagínese que cada sector que se vea de alguna manera afectado por un proyecto de ley venga a pedir a la Asamblea Legislativa que lo retire. En ese caso, es mejor que devolvamos las credenciales y que el país vaya por la libre. Cada uno de nosotros fue electo a través de un proceso democrático para legislar".

Eduardo Cruickshank, jefe de la fracción del PRN, ve necesario fortalecer el diálogo, pero tampoco acepta presiones para que el Congreso retire proyectos de ley.

"Los proyectos de ley se presentan y tienen un trámite, ya sea que se conviertan en ley por votación de los diputados o que se rechacen por inconvenientes, o que venza el plazo cuatrienial. Pero me parece que no sería un buen precedente para la Asamblea Legislativa aplicar una especie de retiro de proyectos por presiones de ninguna naturaleza", respondió.

Insistió en que es preferible que los proyectos sigan su curso y que sean los legisladores quienes los rechacen en caso de que sean inconvenientes.

"Sentar un precedente de este tipo no sería bueno para la institucionalidad de la Asamblea Legislativa", añadió.

Abrir diálogo

El congresista Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, sostiene que en el caso de las reformas al empleo público no se puede retirar porque, en primer lugar, es iniciativa del Poder Ejecutivo y, en segundo, sería complicado que se envíe al archivo por procedimientos administrativos.

O sea, quitar iniciativas que ya están en la corriente legislativa "sería materialmente imposible".

"Lo que corresponde es establecer las mesas de trabajo con los sectores que quieren contribuir constructivamente en la elaboración de estos proyectos de ley para integrar en la medida de lo posible sus observaciones", declaró.

José María Villalta, diputado del FA, también aboga por abrir un proceso de diálogo sobre los proyectos de ley, pero reconoce que no se pueden retirar porque ya están en trámite.

"Es normal que los distintos sectores pidan que una ley no se apruebe. Aquí todos los días llegan cartas de Uccaep oponiéndose a proyectos de ley (…) En el caso específico de la ley de las huelgas, me parece aventurado y hasta temerario que el Gobierno y Liberación Nacional quieran dictaminar eso con vía rápida en la misma semana que está entrando en vigencia el IVA (Impuesto al Valor Agregado)", manifestó.

En su criterio, la ciudadanía tiene derecho de pedir que no se apruebe o que se archive una iniciativa.

El legislador Dragos Dolanescu, del PRSC, es de la opinión que los proyectos deberían negociarse en una mesa nacional de diálogo.

"Eso no se ha hecho. Evidentemente, hay una afectación con el proyecto de las huelgas y con el del empleo público. Lo que se debería es llamar a los sindicatos y sentarse a negociar con ellos", indicó.

"No nos quejemos que la gente se tire a las calles, si no se ha llegado a un buen finiquito", concluyó.