Diputados avalan plan para que bancos congelen fondos por sospechas de lavado
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron un texto sustitutivo al proyecto de ley que permitiría a las entidades financieras congelar, por hasta 72 horas, los recursos de clientes cuando detecten movimientos con indicios de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El bloqueo de los fondos se matendría durante las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
La iniciativa reforma la Ley sobre Estupefacientes y la Ley Reguladora del Mercado de Valores, con el objetivo de actualizar la legislación costarricense conforme a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Uno de los principales cambios es que el proyecto incorpora por primera vez en la legislación la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y amplía esta categoría a altos funcionarios de los poderes del Estado, alcaldes, diputados, magistrados, dirigentes de partidos políticos, funcionarios extranjeros y representantes de organismos internacionales.
Además, establece que estos ciudadanos mantendrán la condición de PEP durante el ejercicio del cargo y hasta ocho años después de dejarlo, mientras que los expresidentes o exjefes de Estado conservarán esa condición de forma permanente.
Controles por sospechas de lavado
La propuesta también obliga a las entidades financieras y demás sujetos supervisados a aplicar controles reforzados a las PEP, sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como a socios y ciudadanos estrechamente vinculadas.
Entre las medidas se incluyen la verificación del origen de los fondos, el monitoreo permanente de las operaciones y, cuando corresponda, el reporte de transacciones sospechosas al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Incluye a los activos virtuales como las criptomonedas dentro del marco legal para combatir las actividades delictivas.
Asimismo, ordena a las instituciones públicas remitir a la Contraloría General de la República (CGR) la información de los ciudadanos catalogadas como PEP, con el fin de mantener un registro oficial actualizado de acceso restringido para las autoridades competentes.
José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, recalcó que mientras no se controlen las ganancias del crimen organizado la violencia y los grupos criminales no van a ceder.
Considera que combatir la legitimación de capitales y cortar el flujo del dinero del narco esta la estrategia idónea a seguir.
Nueva base de datos
El proyecto también crea una base de datos centralizada en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) con información de los clientes de las entidades supervisadas para fortalecer la política de "Conozca a su Cliente".
Además, faculta al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para establecer un canon que financie la operación y el mantenimiento de esta plataforma.
Abril Gordienko, diputada del PUSC, mantiene reservas sobre la creación de una base centralizada, pero respaldó la generalidad del proyecto.
Entre otros cambios, el texto tipifica el delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con penas de cinco a quince años de prisión
Tras el dictamen, la iniciativa pasa al Plenario Legislativo para su discusión y eventual votación en primer debate.
