(CRHoy.com) -La entrega de bonos "Proteger" que hizo el gobierno de Carlos Alvarado durante la pandemia del Covid-19 estuvo rodeada de irregularidades y deficiencias.

Así lo concluye un informe preliminar que será conocido y votado este jueves por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, tras una larga investigación hecha por un grupo de diputados sobre el otorgamiento de ese subsidio.

El documento, del cual CRHoy.com tiene una copia, señala a la exministra de Trabajo, Geannina Dinarte, hoy titular del Ministerio de la Presidencia, y al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, como responsables de la mala asignación de los recursos destinados a los bonos, así como por "omisión y  desidia" en la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR).

"Los informes demuestran que se dieron supuestas filtraciones, errores de pago y del monto del beneficio; personas que calificaban para recibirlo y no lo recibieron, y otras que dejaron de recibirlo sin justificación, así como aquellas que no aplicaban para recibirlo y aun así lo obtuvieron", indica el documento.

También aseguran que hubo "negligencia institucional y lentitud conveniente" del Poder Ejecutivo al que le reclaman haber restringido el acceso a la información relacionada con el proceso.

Según la investigación, las deficiencias en el manejo de la información de los beneficiarios del subsidio, creado para ayudar a las familias que perdieron sus ingresos a causa de la pandemia, desencadenó una incorrecta asignación y distribución de los recursos.

Los diputados también respaldan los hallazgos de la CGR que determinó que el Gobierno entregó de forma errónea entre ¢11 mil millones y ¢15 mil millones en bonos "Proteger".

"Informes de la Contraloría General de la República dan cuenta de la entrega de bonos a pensionados, privados de libertad y hasta personas fallecidas; además, se hicieron depósitos por montos superiores, específicamente en el caso de las personas que tenían jornada reducida y aun así recibieron el bono completo (¢125.000)", subraya el documento.

Los legisladores sostienen que el manejo de los fondos públicos asignados a los bonos fue inadecuado e incluso lamentan que muchas personas no hayan recibido el subsidio por la ineficiencia de la Administración, a pesar de que sí cumplían con los requisitos.

"Entre los factores asociados a la inadecuada distribución de los fondos, se encuentran variables importantes en el diseño de priorización y factores de inclusión social, disminuyendo las posibilidades de obtener el bono", advierten.

Datos sensibles

Los diputados, además, cuestionan al Ministerio de Trabajo por delegar en una empresa privada, Continum Datacenter, la creación de una plataforma para manejar los bonos "Proteger".

"Las políticas públicas del Estado se pueden orientar mediante el uso correcto de datos, pero para que esto suceda es primordial que la información esté en manos del Estado, no en manos de terceros como sucedió con el Bono Proteger. Si bien es cierto el decreto ejecutivo establecía que una empresa particular tendría a su cargo los datos mientras se distribuían los recursos asignados para este beneficio, la información personal de los ciudadanos estuvo en manos de terceros por 10 meses aproximadamente, y la distribución de los recursos duró menos de ese tiempo. Es decir, los datos estuvieron expuestos más tiempo del estipulado", advierte el informe preliminar.

El grupo investigador concluyó que en este caso se accedió a información que contenía datos sensibles de los costarricenses.

"Los datos solicitados en el bono Proteger eran muy específicos y por eso se cuestiona que estuvieran en manos de una empresa privada con absoluto dominio de claves, bitácoras, roles, privilegios de administración de la información y sin supervisión del Estado, como era lo correspondiente y lo estipulado en el decreto ejecutivo", destacan.

Los diputados insisten en que, según el criterio de la CGR, el abandono de la base de datos del bono "Proteger" es un claro impedimento para asegurar que la información suministrada por los costarricenses -que estuvo en manos de una empresa privada- fuera eliminada por la misma, con el objetivo de que no se pueda utilizar para otros fines.

"Queda evidenciado el desinterés de la Administración en ser diligentes en su actuar y respaldar y cuidar la información personal de miles de costarricenses", se reitera en el documento.

Recomendaciones

El informe preliminar contiene las siguientes recomendaciones:

• Al Plenario Legislativo: aprobar el informe y ordenar el traslado de una copia del mismo y del expediente legislativo 22.380 al Ministerio Público, Procuraduría de la Ética y CGR. Además, promover las reformas de la legislación para proteger los datos personales y el uso y manejo adecuado de estos en las plataformas tecnológicas.
• Al Ministerio Público: investigar la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios públicos involucrados en el proceso de entrega de bonos "Proteger" tanto en el IMAS como en el Ministerio de Trabajo y establecer eventuales responsabilidades. También investigar a Dinarte y Bermúdez por el presunto delito de incumplimiento de deberes y facilitación culposa de substracciones establecidos por ley.
• A la Procuraduría de la Ética: determinar si las actuaciones atribuibles a Dinarte y Bermúdez constituyen faltas a la ética, al deber de probidad y al debido cumplimiento de deberes.
• A la Contraloría General de la República: determinar si las actuaciones atribuibles a Dinarte y Bermúdez constituyen delitos en perjuicio de la Hacienda Pública.
• Al Ministerio de Trabajo: establecer los mecanismos necesarios en tecnología para que los datos de los costarricenses no sean manejados por terceros y adecuar sus sistemas informáticos.

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso tiene previsto discutir y votar el informe este jueves y enviarlo a conocimiento del Plenario Legislativo.