Diputados enviarán reforma a la UEI a la Sala IV y a la Fiscalía
Congresista independiente valora presentar denuncia ante el Ministerio Público
Un grupo de diputados de la República analiza el decreto firmado por el presidente Rodrigo Chaves, que le da potestades investigativas y para organizar allanamientos a la Unidad Especial de Intervención, policía que ahora está bajo el mando del mandatario Chaves.
La intención de los congresistas de diferentes fracciones es enviarlo a consulta de la Sala Constitucional.
La Unidad Especial de Intervención (UEI) es un grupo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia, que tiene entre sus funciones dar protección al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros. También brinda apoyo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fuerza Pública solo en caso de que se requiera en diferentes operaciones policiales.
Sin embargo, en el reglamento publicado en La Gaceta el pasado 21 de noviembre, Chaves le amplía potestades a esta policía y la pone bajo su rango de mando, lo que quiere decir que el grupo de operaciones que la integra debe acatar las indicaciones del Presidente.
Este decreto, que elimina el estatuto que estaba vigente desde el 27 de julio del 2005, es cuestionado porque le confiere a la UEI facultades para investigar y planificar allanamientos. A su vez, da potestades a Chaves y a Fernández que antes no tenían, como la promoción de los cargos policiales a lo interno de la UEI, los cuales otorgaba únicamente el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) toda vez que cumplieran con los requisitos de ley que están establecidos.
En las últimas horas, los diputados de las fracciones de oposición manifestaron su preocupación, porque consideran que el Decreto "es ilegal y violenta la normativa penal".
Lo que ahora están analizando los congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) es presentar una acción en contra del Decreto ante la Sala IV. La decisión se tomará en próximos días.
Otra de las opciones que se están valorando es presentar una denuncia ante el Ministerio Público y, a partir de febrero cuando los diputados retoman el control de su agenda en las Sesiones Ordinarias, impulsar un proyecto de ley presentado por el PLP para sacar a la UEI de la Presidencia y trasladarla al MSP (ver notas abajo).
PLN: "Una policía política era algo inimaginable"
El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo Sandí, aseguró que existe "una gran preocupación" por los alcances del Decreto.
Dijo que la bancada, como primera medida inmediata, impulsaría presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
"Estamos muy preocupados, hay que revisarlo a mayor profundidad. En principio, una policía política era algo inimaginable para nosotros los costarricenses. De manera inmediata vamos a valorar la posibilidad de consultarle a la Sala Constitucional", dijo Izquierdo Sandí.
PLP: "Lo hacen para amedrentar, Chaves aprendió bien de Bukele"
El diputado del PLP, Gilberto Campos Cruz, recordó que el artículo 7 de la Ley General de Policía señala que es materia de reserva de ley la creación de competencias policiales.
"Estamos realizando un análisis pormenorizado de las competencias que se le otorgan a la UEI en este Decreto. Hasta el momento, efectivamente encontramos serias dudas respecto a su legalidad. Además, estaríamos haciendo un análisis de constitucionalidad respecto si es procedente la acción ante la Sala", dijo Campos.
"Creemos que hay una concentración de potestades en la UEI. Esto preocupa mucho. Lo hacen para amedrentar, el hecho que puedan allanar sin un debido proceso evidencia querer una concentración de poder es muy preocupante y lo hacen para amedrentar. "Aprendió muy bien el presidente Chaves sobre lo que hace Bukele- presidente de El Salvador-. Quieren oprimir a la oposición", dijo la subjefa del PLP.
PUSC: "No es válido a nivel jurídico, se están extralimitando"
El diputado socialcristiano, Carlos Felipe García Molina, dijo que la consulta ante la Sala IV es "válida y oportuna", desde su punto de vista, pero acotó que apoyar su presentación deberá ser discutido en el seno de la bancada.
"Evidentemente, como es costumbre de este gobierno del ordenamiento jurídico, creen que mediante decretos pueden establecer competencias por encima de la ley o la Constitución. Este decreto no es válido. Me parece que se el Gobierno se está extralimitando. La consulta es válida y oportuna, como cualquier otro decreto del que se crea que violenta el ordenamiento jurídico", dijo García.
Gloria Navas llevará decreto a la Fiscalía
La diputada independiente, Gloria Navas Montero, dijo que está dispuesta a apoyar una consulta ante la Sala Constitucional, pero añadió además que ella llevará el caso ante el Ministerio Público.
Navas dijo que decreto firmado por Chaves y Fernández es "delictivo" y que evidencia un abuso de poder.
"Por supuesto hay que interponer la acción de inconstitucionalidad, pero hay que formalizar una denuncia ante el Ministerio Público, porque hay un antecedente que es el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD)- en la pasada Administración-. En este caso concreto el decreto es delictivo y violenta la normativa penal. Estoy dispuesta formalizar esa denuncia y abrir el proceso penal. Lo que pasa en el país es muy serio. Hay que detener este abuso de poder y estos golpes al orden constitucional", dijo Navas.
En febrero plan para sacar UEI de Presidencia será prioridad
Otra de las opciones que están valorando los diputados para contrarrestar los alcances del decreto de Chaves y Fernández, es un proyecto de ley que busca sacar a la UEI de la Presidencia y trasladarla al MSP.
Este plan fue presentado en octubre anterior por el diputado Gilberto Campos Cruz del PLP y se tramita bajo el expediente 24.631, el cual puede ver en este enlace. 24631
A finales de octubre 28 diputados aprobaron una moción de dispensa de trámite al proyecto de ley. Con una dispensa de trámite se evita que los proyectos tengan que pasar por una comisión legislativa para su trámite ordinario, y más bien, se discuten de inmediato en el plenario.
Sin embargo, a pesar de la dispensa, el plan no podrá discutirse hasta a partir del 1 de febrero, cuando inicia el período de Sesiones Ordinarias y los diputados controlan su agenda. Desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 31 de enero el Poder Ejecutivo controla la agenda de los congresistas en las Sesiones Extraordinarias.
En el plan se menciona que el traslado de la UEI de la Presidencia al MSP es necesario porque este cuerpo policial especializado bajo la Presidencia "ha generado una serie de inconvenientes en materia de coordinación" con otros cuerpos policiales, así como una duplicidad de costos y coordinación estratégica, afectando su eficiencia operativa.
Por otra parte, los congresistas aseguran que esta policía "requiere de un mando técnico especializado en seguridad y no de una autoridad política".
Los diputados consideran también que bajo una dirección política de esta policía se pueden generar "tensiones y conflictos" entre los objetivos de seguridad y las prioridades políticas del Ejecutivo.
En la actual Administración de Rodrigo Chaves Robles la UEI ha estado envuelta en constantes cuestionamientos. A inicios de año, por ejemplo, se cuestionó que desde la Presidencia de la República se ordenó que este cuerpo policial le diera protección a la presidenta suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, para asistir a una comisión legislativa en donde tenía que dar cuentas por presuntas irregularidades en su gestión
Recientemente, también se cuestionó que los efectivos de la UEI utilizaron para su entrenamiento una finca de la familia del empresario Allan Pacheco Dent, a quien la Fiscalía investiga por presuntos permisos ilegales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar árboles en el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo (Talamanca), a fin de desarrollar un proyecto urbanístico en esta parte de la costa sur de Limón.
